Cecilia María Vélez, ministra de Educación Nacional.
Un proyecto de ley que pretende
reorganizar el sistema de educación superior y que pasa las actividades de
fomento a la educación universitaria de manos del Instituto Colombiano de
Fomento a la Educación Superior (Icfes), al Ministerio de Educación
tiene molestos a los representantes de las universidades públicas.
La razón es que, al hacer el cambio, los 38 mil millones que estas
instituciones destinaban al año para el Icfes, correspondientes al dos por
ciento de su presupuesto anual, deberán ser entregados al Ministerio, de una
forma que califican de "inconstitucional".
"La decisión no puede ser unilateral", señala Beatriz Sánchez,
Vicerrectora General de la Universidad Nacional, al insistir en que lo que
exigen los representantes de las instituciones públicas es "el
cumplimiento constitucional de nuestro derecho de autonomía para decidir
cómo utilizar el 100 por ciento y no el 98 por ciento de nuestros
recursos".
Sin embargo, el Viceministro de Educación Superior, Gabriel Burgos, indicó que
ese dos por ciento del presupuesto, realmente "nunca ha sido manejado por
las universidades".
Para la Nacional, por ejemplo, ese porcentaje representa una suma cercana a los
12 mil millones de pesos con lo que "podríamos reforzar la presencia en
las fronteras donde no hay más oferta educativa -señala Sánchez-. Esos recursos
son un monto muy importante".
Y aunque en la construcción de la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio
público de educación superior, las universidades estuvieron de acuerdo con que
ese dos por ciento del presupuesto que hoy es objeto de discusión fuera
manejado por el Icfes, hoy el asunto es diferente. "En el momento en
que esto cambia, son las universidades las que tienen que definir qué
pasa con ese porcentaje", indica la vicerrectora de la Nacional.
Y lo que quieren es tener control sobre esos recursos. "Es pertinente y
justo que el porcentaje se dirija a las universidades públicas", señaló a
Unimedios Silvio Sánchez, rector de la Universidad de Nariño.
Pero, en realidad, desde el 2003, con la creación del Viceministerio de
Educación Superior, ha sido el Ministerio el encargado de darle uso a esos
recursos. "Se usa para apoyar a las universidades pequeñas y
regionales", dice Burgos, y aclara que su cartera ejecuta un total de
190 mil millones de pesos al año, de los cuales el 60 por ciento va para las
universidades públicas.
En el Congreso la discusión sobre el destino de ese dos por ciento ya ha pasado
varios debates. De ser definitivamente aprobado su paso a manos del Ministerio,
a las instituciones les queda el recurso de la demanda.
Redacción Vida de Hoy