La Ley 30 de 1992 definió de qué manera se construye el presupuesto de las
universidades públicas del país. El legislador de entonces, con una clara
intención que se trasluce en las motivaciones y que se confirma en múltiples
sentencias de las altas cortes, trató de defender ese presupuesto y determinó
que el aporte de la Nación debía ajustarse anualmente usando el IPC como
indicador. La interpretación de los gobiernos desde la expedición de la Ley ha
sido que el incremento se hace “sólo” con el IPC sin ninguna preocupación por
el mantenimiento del valor real de la oferta educativa.
A primera vista pareciera que el IPC y el valor real son la misma cosa, pero
no es así. Desde 1993 se han venido dictando leyes y decretos diversos que
modifican el costo de la Universidad muy por encima del IPC. Se decidió que la
calidad de la educación dependía (según Perogrullo) de la calidad de los
profesores, y se expidieron decretos que estimulaban la contratación de
docentes con posgrados –especialmente doctorado–, la
investigación y la creación artística y cultural. El estímulo es un aumento
salarial de acuerdo con productividad, muy por encima del IPC. Se generaron
gastos adicionales para las universidades, como aportes patronales a la
seguridad social.
Además de eso, los costos de la educación en Colombia y el mundo aumentaron
por cambios en el proceso educativo mismo. Los doctorados apenas nacientes en
1993 son hoy importantes y diversos. Nuevas tecnologías han exigido equipos de
cómputo, redes y licencias; las bibliotecas han crecido sustancialmente; se
construyeron nuevas aulas tecnológicas, laboratorios y talleres. La enseñanza
de idiomas se volvió parte de los currículos, así como muchas otras actividades
conducentes a una formación ciudadana e integral. La cobertura pública de
pregrado se duplicó, la de posgrado se multiplicó
varias veces y la investigación creció en forma exponencial.
A pesar de eso, por más de 16 años las universidades mantienen su
presupuesto congelado de forma que (para la Universidad Nacional, por ejemplo)
en el año 2010 el aporte de la Nación para funcionamiento solo cubrirá gastos
de personal y en los próximos años ni siquiera eso.
Los rectores del Sistema Universitario Estatal, a finales del año pasado, le
planteamos esta situación al Señor Presidente. Él reconoció los hechos básicos
y manifestó su acuerdo con la necesidad de un aumento de la base presupuestal
para compensar el deterioro constante y sugirió que se hiciera en el
presupuesto del 2010. Un estudio cuidadoso de los gerentes y vicerrectores
financieros de las siete universidades públicas más grandes se presentó sin que
fuera objetado. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto actualmente en
discusión no apareció la esperada compensación.
En múltiples foros, muchos de ellos citados por el propio Ministerio de
Educación Nacional, expertos nacionales e internacionales han argumentado sobre
la importancia de afianzar a las universidades líderes y fortalecer su
capacidad de investigación. Eso no solo contribuye a aumentar el potencial
nacional de competitividad en un mundo global, sino que es definitivo para
compensar inequidades y mejorar la movilidad social de jóvenes con pocos
recursos económicos.
El Ministerio de Educación Nacional viene esgrimiendo, desde hace un tiempo,
el argumento de que el hecho de que haya universidades públicas más costosas
que otras es una inequidad. Está buscando el ahogado aguas arriba. Por supuesto
que hay que mejorar los presupuestos de las universidades débiles, pero no
igualando por lo bajo. El problema de equidad no está entre las universidades
públicas grandes y las pequeñas. Está en el hecho de que si no se ofrece
educación pública de máxima calidad se perpetúa la ausencia de una importante
parte de la población en las posiciones de liderazgo social y estas serán
detentadas siempre por una minoría privilegiada.
Hace 30 o 40 años la educación básica y media pública, por una política
restrictiva, perdió su capacidad de competir por los mejores maestros y la de
invertir en infraestructura moderna y adecuada para sus retos; los presupuestos
de la nación se ajustaron para garantizar apenas su mantenimiento básico. Hoy
se ven los resultados cuando en las listas de mejores colegios prácticamente no
aparecen aquellos que eran un orgullo y los malos indicadores constituyen
predicciones sombrías para el éxito académico y laboral de buena parte de los
estudiantes del sistema público.
De perpetuarse la situación que describo, dentro de 30 años alguien estará
preguntando qué se hicieron las maravillosas universidades públicas de
principios del siglo 21.
* Rector de la.
Universidad Nacional .
MOISÉS WASSERMAN *