La semana pasada, tras nueve meses de ejercer en calidad de encargado como
Superintendente Nacional de Salud, Mario Mejía Cardona fue nombrado en
propiedad por el presidente Álvaro Uribe Vélez.
Su nombramiento se produjo en medio del ruido generado en las últimas
semanas por la destitución de cinco funcionarios de Cambio Radical que hacían
parte del Ejecutivo.
Ese partido político consideraba que la Supersalud era parte de su cuota
burocrática, por lo cual se esperaba que el reemplazo de José Renán Trujillo
García (anterior Supersalud) se mantuviera para esta colectividad.
Mejía, quien es administrador público de la Esap, contador público de la
Javeriana y tiene 30 años de experiencia, asegura que durante el 2009 enfocará
su gestión a fortalecer la atención a los usuarios, a vigilar las apuestas
permanentes, a agilizar el flujo de los recursos dentro del sector y a
constatar que los procesos de focalización estén beneficiando realmente a los
más necesitados.
¿Tuvo que ver su nombramiento con la crisis que hay entre Gobierno y Cambio
Radical? He estado al margen de ese tema. La idea del Gobierno era garantizar
que a este cargo llegara un técnico para que desarrollara labores técnicas. Ese
es mi caso. He estado trabajando todo el tiempo, incluso cuando alcanzó a estar
nombrado Édgar Castellanos. La salida de Trujillo estuvo rodeada de rumores de
corrupción.
¿Hay alguna investigación en la Súper sobre ese tema? No. Entre otras cosas
porque no tenemos la competencia para hacerlo.
Este año aseguradoras (EPS) prestadores (IPS) y entes territoriales se
quejaron de los problemas que persisten con el flujo de recursos. ¿Qué acciones
desarrolla la Súper al respecto? Aquí se combinan dos problemas: el primero tiene
que ver con el desorden en las bases de datos de afiliados, con la forma en que
se elaboran cuentas y con las glosas; estos factores administrativos, que
entorpecen el flujo, tendrán que ser corregidos; valga decir que en eso estamos
avanzando; el otro problema es el relacionado con la cantidad de recursos. Es
urgente, a la luz de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, hacer un
debate serio en torno a ese tema: hay que definir qué derechos se quiere
garantizar a los colombianos en materia de salud y con cuánto dinero se cuenta
para hacerlo.
¿Y frente a la integración vertical? La norma no prohíbe a las aseguradoras
construir infraestructura; en lo que es clara es en que no puede ni exceder
determinado monto ni destinar recursos de atención en salud para hacerlo. Hemos
recibido quejas puntuales sobre algunas EPS, pero en las visitas de inspección
encontramos que no están violando lo estipulado por la ley. No quiero decir con
eso que el tema esté resuelto, en primer lugar porque solo hemos hecho algunas
visitas; estamos sobre el tema y vamos a seguir vigilando cada caso.
¿Cómo va la vigilancia del sistema de apuestas y loterías? Es un propósito
de gobierno incrementar el control en este aspecto. El chance y las apuestas en
línea es una meta que tenemos que cumplir a corto plazo.
Los usuarios no ven en esta entidad un canal para proteger sus derechos
Mejorar eso es una de nuestras prioridades. Esta área (atención al usuario),
que nos permite ser visibles frente al ciudadano, es muy pequeña: tenemos 30 funcionarios
para 43 millones de colombianos. Estamos haciendo convenios con Personerías,
Contraloría y Procuraduría que están operando, para recepción de quejas