Hace
trámite, en el Senado de la República, un proyecto de ley de cuidados
paliativos que busca brindarles atención integral a las personas afectadas por
enfermedades que técnicamente no tienen cura. De ese grupo de colombianos hacen
parte pacientes con cáncer y otros males crónicos y degenerativos, como la
esclerosis múltiple, las parálisis cerebrales y otras discapacidades severas.
Nadie pone en duda que el país necesita una legislación que proteja, asista y
oriente a estos enfermos y sus familias, que hoy se enfrentan a este drama en
sus hogares y en la más absoluta soledad.
Preocupa, sin embargo, que, por la vía legislativa, quieran remendarse los
vacíos profundos que tiene el sistema de salud en estas materias. En el último
año, por el Congreso han pasado, de manera independiente, iniciativas
encaminadas a favorecer el tratamiento de diferentes enfermedades. En diciembre
pasado fue aprobada la famosa Ley Ceballos (objetada
luego por la Presidencia de la República), que promovía la atención integral de
los pacientes con cáncer; también hizo tránsito otro proyecto relacionado con
esta afección, pero en niños; y desde fines de año pasado se cuenta con una ley
que considera el enanismo como una discapacidad.
Las enfermedades huérfanas y el tratamiento de la drogadicción (en el marco
de la iniciativa que propone penalizar la dosis mínima) también han tenido
proyectos. Valga decir que desde el 2005 los portadores de VIH y enfermos de
sida han conquistado, por esta vía, beneficios en su atención.
Aunque estas aspiraciones son legítimas, cabe preguntar el porqué de esta
mecánica en un país que, se supone, cuenta con un sistema de salud construido
sobre el precepto de la integralidad en la atención
de las personas. El artículo 162 de la Ley 100, norma de normas del sector, es
claro al respecto: "Se garantiza la protección integral y el fomento de la
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las
patologías". Valdría la pena que, antes de impulsar iniciativas de salud
al detal, los legisladores revisaran qué está pasando con el cumplimiento de
las normas y qué papel están jugando las autoridades de salud, los órganos de
control, las aseguradoras y demás actores del sistema.
Da la impresión de que a causa de esta dinámica se genera, desde el plano
legislativo, más inequidad en la medida en que otorga privilegios a quienes
padecen determinadas patologías sobre los demás, en contravía de los postulados
de la ley y de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, que promulga
igualdad en la atención para todos los pacientes en armonía con los recursos y
con las posibilidades del sistema.
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