La salud de los caleños
Mayo 09 de 2009
Garantizar la
atención oportuna y con calidad de las miles de personas que acuden a las cinco
Empresas Sociales del Estados, ESE, en Cali, debe ser la prioridad de las
autoridades sanitarias de la ciudad. Pero, más allá de las acusaciones sobre
politiquería que se han escuchado los últimos días, es evidente que la realidad
no corresponde a ese propósito.
Por
ello, lo que se requiere es que, en lugar de sentirse perseguidos, los
funcionarios responsables del sector lo sometan a la profunda reestructuración
que se ha anunciado. No porque la actual Administración sea la única señalada
por las deficiencias que desde hace años han padecido los usuarios, sino porque
se trata de uno de los derechos fundamentales que le asiste a cada ciudadano,
máxime cuando se trata de personas de escasos recursos económicos.
En
ese sentido, hay que decir que si bien son válidas las explicaciones del
Secretario de Salud Municipal en cuanto a que las ESE que más demandan recursos
son las ubicadas en las zonas más deprimidas, es innegable que en el pasado
estas entidades han sido utilizadas como botín político y que eso ha dado pie
para que el desgreño administrativo y la corrupción hagan nido en ellas.
O
cómo se explica que hace algunos años se denunció que cuando había cambio de
Administración los médicos de la red pública eran obligados a afiliarse a otra
cooperativa de trabajo y a aceptar descuentos de nómina distintos a los
contemplados por la ley; que la Contraloría de Cali tenga dudas sobre la
transparencia en la compra de insumos que hacen las ESE y que los beneficiarios
del Sisbén aseguren que en algunos hospitales les
niegan la atención de especialistas, pero que si pagan en efectivo sí aparecen
profesionales dispuestos a atenderlos.
Anomalías
como éstas no pueden seguir prosperando. Pero sólo serán subsanadas si el
manejo de la salud de los caleños supera los vicios clientelistas
revelados por El País en un informe publicado el pasado domingo. Y si el
Municipio le da la prioridad que el sector merece. Lo que, al parecer, no
ocurrió el año anterior, cuando se dejaron de recibir varios miles de millones
de la Nación, debido a que no se actualizó la base de datos del Sisbén.
Una
falencia que no se puede repetir en el futuro, sin importar si realizar la
encuesta es función de Planeación Municipal o de la Secretaría de Salud. La
gravedad de esa omisión salta a la vista cuando se sabe que, por esa razón,
sólo 70.000 caleños reciben un subsidio que debería cubrir a 500.000. Y que, en
lugar de que a cada ESE se le entreguen al año hasta $109.000 por la atención
de un paciente, hoy, en la mayoría de los casos, sólo se les otorgue hasta
$32.000.
Ello
demuestra que hay mucho por explicar y corregir, antes de decirles a los
habitantes de Petecuy, Chiminangos y Porvenir que sus
centros de atención fueron cerrados. Pero eso exige el diseño de una verdadera
política de salud pública para Cali y la voluntad política para hacerla
cumplir. Son compromisos que los caleños demandan de una administración a la
cabeza de la cual está un médico, quien entre sus cargos anteriores suma la
dirección del Hospital Universitario del Valle.