La salud de los caleños
Mayo 09 de 2009

Garantizar la atención oportuna y con calidad de las miles de personas que acuden a las cinco Empresas Sociales del Estados, ESE, en Cali, debe ser la prioridad de las autoridades sanitarias de la ciudad. Pero, más allá de las acusaciones sobre politiquería que se han escuchado los últimos días, es evidente que la realidad no corresponde a ese propósito.

Por ello, lo que se requiere es que, en lugar de sentirse perseguidos, los funcionarios responsables del sector lo sometan a la profunda reestructuración que se ha anunciado. No porque la actual Administración sea la única señalada por las deficiencias que desde hace años han padecido los usuarios, sino porque se trata de uno de los derechos fundamentales que le asiste a cada ciudadano, máxime cuando se trata de personas de escasos recursos económicos.

En ese sentido, hay que decir que si bien son válidas las explicaciones del Secretario de Salud Municipal en cuanto a que las ESE que más demandan recursos son las ubicadas en las zonas más deprimidas, es innegable que en el pasado estas entidades han sido utilizadas como botín político y que eso ha dado pie para que el desgreño administrativo y la corrupción hagan nido en ellas.

O cómo se explica que hace algunos años se denunció que cuando había cambio de Administración los médicos de la red pública eran obligados a afiliarse a otra cooperativa de trabajo y a aceptar descuentos de nómina distintos a los contemplados por la ley; que la Contraloría de Cali tenga dudas sobre la transparencia en la compra de insumos que hacen las ESE y que los beneficiarios del Sisbén aseguren que en algunos hospitales les niegan la atención de especialistas, pero que si pagan en efectivo sí aparecen profesionales dispuestos a atenderlos.

Anomalías como éstas no pueden seguir prosperando. Pero sólo serán subsanadas si el manejo de la salud de los caleños supera los vicios clientelistas revelados por El País en un informe publicado el pasado domingo. Y si el Municipio le da la prioridad que el sector merece. Lo que, al parecer, no ocurrió el año anterior, cuando se dejaron de recibir varios miles de millones de la Nación, debido a que no se actualizó la base de datos del Sisbén.

Una falencia que no se puede repetir en el futuro, sin importar si realizar la encuesta es función de Planeación Municipal o de la Secretaría de Salud. La gravedad de esa omisión salta a la vista cuando se sabe que, por esa razón, sólo 70.000 caleños reciben un subsidio que debería cubrir a 500.000. Y que, en lugar de que a cada ESE se le entreguen al año hasta $109.000 por la atención de un paciente, hoy, en la mayoría de los casos, sólo se les otorgue hasta $32.000.

Ello demuestra que hay mucho por explicar y corregir, antes de decirles a los habitantes de Petecuy, Chiminangos y Porvenir que sus centros de atención fueron cerrados. Pero eso exige el diseño de una verdadera política de salud pública para Cali y la voluntad política para hacerla cumplir. Son compromisos que los caleños demandan de una administración a la cabeza de la cual está un médico, quien entre sus cargos anteriores suma la dirección del Hospital Universitario del Valle.