Grandes obstáculos le restan en
el camino a reforma del sistema de salud en Estados Unidos
Una
copia de 1.990 páginas del proyecto de la ley de la reforma sanitaria cruza las
escaleras del Capitolio en Washington.
Con
todo y lo histórica que fue la aprobación en la Cámara del ambicioso proyecto
de ley, nadie espera que sea aprobada en lo que resta de este año y es incierto
su futuro en el que viene.
El
asunto es que, irónicamente, lo que separa a los demócratas de cumplir su
anhelado sueño -un sistema que se acerque al cubrimiento universal de la salud-
yace en el propio partido pues, pese a controlar ambas Cámaras en el Congreso,
no hay consenso entre sus miembros en puntos cruciales de la ley.
El
turno ahora es para el Senado, donde se espera que esta semana se inicie el
trámite en la plenaria.
Sin
embargo, dadas sus leyes de procedimiento, el camino no parece nada
despejado. Para comenzar, los demócratas necesitan 60 votos para iniciar
siquiera el debate y evitar un bloqueo de la minoría republicana que amenaza
con utilizar la práctica del "filibusteo":
hablar indefinidamente y de cualquier cosa para evitar que una ley avance.
Y a
pesar de el partido cuenta con esos 60 demócratas en la Cámara Alta, hay por lo
menos uno, Ben Nelson, que aún se opone a que la
medida sea considerada mientras siga sin conocerse el texto completo de la ley,
de la cual sólo se han revelado algunos detalles.
Diferencias
de fondo
Superado
ese escollo, comenzaría el debate sobre las diferencias de fondo, que son
varias. La más grande es la llamada "opción pública". Es decir, que
el Estado se convierta en proveedor de servicios de salud y pase a competir con
las aseguradoras.
En
este momento, la "opción", no está en la ley, pero el líder de los
demócratas, Harry Reid, ha
prometido incluir alguna figura semejante en la plenaria. Si lo hace, no
obstante, corre el riesgo de alinear a algunos demócratas de corte conservador
que, como todos los republicanos, se oponen a esta medida pues sienten que
lesiona la competencia leal.
Reid, tratando de buscar el
punto medio, ha dicho que en su esquema serían cada uno de los estados del país
los que decidirían unilateralmente si desean adoptar la "opción
pública". Pese a ello, persiste el escepticismo. Y si no logran
resolver el impasse, la ley podría morir, pues los demócratas liberales en la
Cámara han prometido votar en contra -cuando llegue la hora de la ratificación
definitiva- si se excluye esta opción.
Suponiendo
que avance en el Senado -dicen que ese solo trámite agotará este año
legislativo- vendrá el proceso de conciliación con la Cámara, cuyo proyecto de
ley es bien diferente en varios puntos. El más problemático es el del
costo.
La
implementación de la ley, como está concebida en la Cámara Baja, costaría 1.200
millones de dólares en 10 años y ofrecería cubrimiento para el 98 por ciento de
la población. La del Senado costaría 829.000 millones de dólares y beneficiaría
al 94 por ciento de la gente.
Impuestos
a los más ricos para financiarla
Otra
diferencia grande, aparte de la de "opción pública", está en la
procedencia de esos fondos. La Cámara quiere imponer impuestos a los más ricos
para financiarla, mientras que el Senado hace énfasis en recortes a programas
estatales ya existentes como el Medicaid y el
Medicare.
Adicionalmente,
ahora ha surgido el tema del aborto como un gran divisor. A última hora, la
versión de la Cámara prohibió el uso de fondos públicos derivados de la ley
para financiarlo, pese a que la práctica es legal en E.U.
Eso
se hizo para complacer a un grupo de casi 40 representantes demócratas de
tendencia conservadora, que amenazaron con bloquear el proyecto sino se hacía
explícita la prohibición.
Sin
embargo, eso dejó indignados a los de tendencia liberal, que esperan que la
medida se elimine en el proceso de conciliación. De lo contrario, serán ellos
los que se opongan cuando llegue la votación final.
Eso,
sólo para mostrar lo difícil que será el proceso de conciliación y lo incierto
del desenlace: ha sido tan pulseado el proceso de negociación en ambas Cámaras
para lograr mover la ley que cualquier modificación que se haga en la
conciliación podría romper ese delicado balance y destruir el respaldo donde
antes existía.
Lo
grave es que si la ley queda para el año entrante -y todo indica que así será-
las apuestas crecerán pues el 2010 es año electoral y eso altera los cálculos
políticos.
Los
demócratas y el presidente Barack Obama, en cualquier
caso, son quienes más pierden mientras el tema no se resuelva pues le han
invertido casi un año y todavía no tienen nada de mostrar. De allí la
tesis de que quizá lo mejor sea eliminar todo lo controvertido y aprobar una
ley que, aunque imperfecta, modificaría el sistema de salud estadounidense de
manera considerable y les daría ya no un sonado triunfo, pero al menos un
empate.
SERGIO
GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON