Niños o pólvora
Publicado el 07 de Diciembre de 2008
Todos los años se repite la misma historia. A partir del
primer día de diciembre comenzamos a contabilizar ciudadanos quemados y muertos
por el uso indebido de la pólvora, nos asombramos por la cantidad de niños,
niñas y adultos quemados, mutilados y muertos; algunos pedimos la prohibición
total; otros, el control por parte de los alcaldes, y a la gran mayoría les
interesa muy poco el tema, como es el caso del Congreso de la República, que ha
tenido la oportunidad de regularla solo para espectáculos pirotécnicos y no lo
ha hecho; una actitud mezquina, donde prevalece el cálculo político de los
votos de los productores y comercializadores antes que la vida y la integridad
de los ciudadanos.
En el Congreso, en este año, cursaron dos proyectos de
ley contrarios que buscaban regular el tema de la pólvora; uno de Gina Parody,
que buscaba prohibir la venta a cualquier persona en todo el país y regular su
producción, distribución y comercialización solo para espectáculos
pirotécnicos; el otro, de Venus Albeiro Silva, que permitía su venta a
cualquier persona mayor de edad y regulaba la producción, distribución y venta
final de los productos. A pesar de los esfuerzos de algunos buenos congresistas
que apoyaban la prohibición, esta corporación terminó no haciendo nada para
evitar el desastre que se repite todos los diciembres.
Frente a esta inacción del Congreso, solo quedan los
alcaldes, quienes, con base en la ley 670 de 2001 y el decreto reglamentario
4481 de 2006, pueden prohibir la pólvora en sus jurisdicciones. Pero también
estoy seguro de que más del 90 por ciento no van a tomar esta medida y van a
tener que contabilizar y atender a los lesionados y muertos por su
irresponsabilidad. Los muertos y quemados, más que un problema de salud
pública, son un problema de seguridad ciudadana y los alcaldes, no prohibiendo
la pólvora, están incumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales
de garantizarles la vida e integridad de sus ciudadanos.
Seguramente, este diciembre, como los anteriores, los
medios de comunicación trasmitirán todos los días la 'contabilidad siniestra'
de lesionados y muertos por el uso indebido de la pólvora. Ante este drama, se
podría avanzar con realismo y voluntad política prohibiendo el uso de la
pólvora por parte de los ciudadanos comunes y corrientes para el próximo
diciembre, con once meses de anticipación. Es decir, que en todo el territorio
nacional solo se autorizarían espectáculos pirotécnicos realizados por
expertos. Con esto, los productores de pólvora tendrían casi un año para que,
con el apoyo del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y
municipales, puedan profesionalizarse o cambiar de actividad productiva.
Frente a esta propuesta, estoy seguro, algunos alegarán
el derecho al trabajo y otros, el derecho al desarrollo personal y cultural
"porque los colombianos celebramos con pólvora desde hace muchos años y es
tradición desde los chinos". Sin embargo, hay que recordar que por encima
de esos derechos están los derechos fundamentales a la vida e integridad de los
niños y las niñas, sin los cuales no se pueden ejercer los demás derechos o se
pueden ejercer de manera limitada cuando se pierden la vista, las manos o
cualquier parte del cuerpo. Ojalá avancemos por este camino.
Hoy, solo nos queda trasladarles la responsabilidad a los
padres de familia, como la ha hecho el ICBF, medida que es loable, pero por
experiencia se corre un gran riesgo, y es que los padres terminen ocultando a
sus hijos quemados para que las autoridades no se los quiten, y un niño o niña
lesionado sin el tratamiento indicado puede terminar en peores condiciones de
salud.
Podrían los gobernadores y el propio Presidente, con base
en la Constitución, prohibir la pólvora, por cuanto, para garantizar la
seguridad de los ciudadanos, las órdenes del Presidente y de los gobernadores
prevalecen sobre las de los alcaldes (artículo 296). Ojalá alguien tenga la
voluntad política de acabar con esta barbarie.
Hugo Acero Velázquez