En busca de una política
de seguridad
Redacción de El País
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Las medidas tomadas esta semana por el Alcalde de Cali para frenar la ola
de inseguridad son analizadas por varios expertos y autoridades en el tema. La
conclusión es que la ciudad requiere una política de largo aliento.
Cali lleva mucho tiempo en la mira del crimen organizado, la subversión y otras
entidades delincuenciales. Por algo, sus índices de violencia, si bien han disminuido
con respecto a otros años más difíciles como el 2004, cuando la tasa de
homicidios llegó a los 94 por cada 100.000 habitantes, siguen preocupando a las
autoridades y a la comunidad en general.
Por tal razón, la semana que termina hoy, una épocas propicia para la reflexión
y mirar lo que hay por corregir, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció una serie de medidas que buscan, según dijo
el propio mandatario, “reducir a la mínima expresión los homicidios y en
general todo los delitos que afectan a los caleños”.
Entre las medidas que se aplicarán está el ajuste a la Ley Seca, la creación de
un grupo especial que patrullará los sectores más peligrosos del Municipio,
recompensas para quienes entreguen armas ilegales, se aumentarán las exigencias
para entregar nuevos salvoconductos y se pidió la reforma al Código del Menor
pues, según el Mandatario, “en el 80% de los crímenes participan menores de
edad”.
Para entender mejor la efectividad de las medidas tomadas, conocer cómo
afectarán a los ciudadanos y saber qué le quedó faltando al plan del Alcalde,
El País habló con algunas autoridades en el tema de la seguridad ciudadana.
Eliana Salamanca, secretaria de Gobierno
“Desde la administración municipal buscamos reducir el homicidio, que nosotros
mismos informamos, se disparó en el primer trimestre del 2009”, explica la
secretaria de gobierno.
La funcionaria reconoce que las medidas anunciadas son de choque, pero aclara
que se les hará un seguimiento preciso para saber si funcionan.
“Nuestra política a largo plazo es reducir los índices de violencia en general
y promover una mejoría en la convivencia de los caleños. El homicidio es el
tema que más nos preocupa, y es la principal orientación del Alcalde, pero
también buscamos reducir el ‘fleteo’ y otro tipo de hurtos que se dan en la
ciudad”, señala Salamanca.
La Secretaria agrega que en esta lucha por restarle
espacio a los delincuentes en Cali, van a buscar un mayor compromiso del
Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Defensa y del Interior y
Justicia, así como de otros mandatarios de capitales del país que padecen un
problema similar. “Por eso Jorge Iván ha convocado una cumbre con los alcaldes
de otras ciudades en busca de hacerle un frente común a los delincuentes”,
aclara la secretaria de Gobierno.
“Otra de nuestras preocupaciones es la participación de menores en los delitos
de alto impacto. Hay que revisar el Código del Menor”, concluye Salamanca.
General Gustavo Ricaurte, comandante de la Policía Metropolitana
“Las medidas son importantes, pero necesitamos más apoyo de los ciudadanos
denunciando los delitos, mire que hace más de 15 días que ofrecimos $20
millones por información que nos ayude a resolver el caso de Juan Pablo Becerra
y este es el día que no hemos recibido una sola llamada”, reflexiona el
General.
Y agrega que, más allá de lo anunciado por el Alcalde, “nosotros desarrollamos
otras actividades de tipo preventivo del delito a través de la Red de
Cooperantes, de la Red de Apoyo, de las escuelas de Seguridad Ciudadana, de las
Juntas de Acción Comunal, con la Policía Comunitaria, la de Infancia y
Adolescencia, Medio Ambiente, de la Unidad de Antisecuestro
que opera con un alto profesionalismo y con una Policía Judicial renovada,
profesional tecnificada”.
“La Policía de Cali es una institución disciplinada, jerarquizada y dedicada al
servicio de la comunidad, compuesta por 5.500 hombres y mujeres, que entregamos
todos los días nuestra voluntad de servicio, nuestro amor por la ciudad y la
entereza de carácter con el fin de contrarrestar cualquier manifestación del
delito. Detrás de esos 5.500 hombres hay hogares bien formados, hay hijos, hay
unas familias que trabajan por Cali”, concluyó el oficial.
Milton Castrillón, presidente del Consejo
“Me parece que las propuestas del Alcalde son muy débiles, nosotros no podemos
creer que bajando la ley zanahoria o quitándole las armas a las personas es
suficiente. Esas propuestas son buenas, pero no dan resultados. Tenemos que ser
más fuertes, generar mayor autoridad y a los delicuentes
y terroristas perseguirlos con más hombres. Lo único que genera autoridad es
utilizar a la Policía y al Ejército y redoblar los esfuerzos con más personal”,
dice Castrillón.
“En Cali no existen medidas de seguridad, ningún modelo o programa de largo
aliento. Esas medidas se toman cuando hay muertos o atracos y no podemos creer
que se pueden combatir con medidas transitorias. Si la
ley seca y la entrega de armas no han sido eficientes, hay que ser más fuerte.
Al Alcalde le falta autoridad e invertir más en la policía. No son suficientes
$18 mil millones, debe recortar gastos para aumentar el presupuesto”, opina el
edil.
Castrillón propone que el Ejército “utilice
instalaciones que están vacías en el momento, donde podría poner carpas grandes
para que sus hombres apoyen a la Policía en la ciudad. De lo contrario no pasa
nada. Si nosotros no creamos un pie de fuerza con Ejército y Policía los
delincuentes van a hacer de las suyas”, explica el cabildante.
Andrés Santamaría, defensor Regional del Pueblo
“Las medidas tomadas por el Alcalde ayudan, pero el cambio de la ‘ley
zanahoria’ no va a ser suficiente, como tampoco el de reformar el Código del
Menor. Sin duda alguna, no hay una política de prevención del delito para las
zonas más violentas de Cali, dirigida a los jóvenes que infringen la ley. Por
otra parte, Cali necesita un aumento de pie de fuerza”, dice Santamaría
respecto.
Y añade que “Cali no tiene una política de seguridad. Desafortunadamente, las
medidas salen a flote cuando hay coyunturas que lo exigen. Hay una
responsabilidad de las Autoridades locales a la hora de implementar el Código,
por ejemplo, el Centro de Rehabilitación de Valle del Lili
no funciona como debe ser, los cupos no son suficientes y esa es una de las razones
de fondo, por la que la responsabilidad del problema con los muchachos no es
del Código, sino de las autoridades que no saben interpretarlo”.
“No hay una política integral de seguridad unificada entre Fuerza Pública y
gobierno local. Y no hay políticas de largo plazo. Para el tema de seguridad se
necesita habilidad y rapidez y creo que se ha tratado con cierto nivel de
tardanza en la ciudad. Cali no puede seguir con medidas de paso, hay que crear
una política de seguridad, porque su inexistencia es una de las debilidades del
gobierno municipal”, concluye el Defensor Regional del Pueblo.
Elmer Montaña, director de la Comisión de
Reparación y Reconcialición
“Las medidas siguen siendo tibias. La situación de la ciudad exige bajar el
horario hasta las doce de la noche y los domingos, por ser los mas críticos, hasta las diez de la noche. Prohibir la venta
y consumo de bebidas alcohólicas en las tiendas, fuentes de soda y panaderías
de barrio, en los estancos y rapitiendas”, opina
Montaña.
“La policía debe intensificar el trabajo de inteligencia y recuperar la
confianza ciudadana gravemente lesionada por los casos de corrupción detectados
en los grupos que tienen a su cargo la lucha contra el crimen organizado”,
sugiere.
“Es imperativo desarmar a los civiles. Podría comenzarse sometiendo,
obligatoriamente, todas las armas de fuego a una revisión a través del sistema
IBIS, sistema de identificación balistica. Resulta
absurdo que anteriores gobiernos hubiesen suspendido el empadronamiento de las
armas de fuego con argumentos poco claros”, explica el funcionario.
Y agrega que “si no conocemos las causas del delito, no sabremos que medidas
son las adecuadas para contrarrestarlo”.
María Isabel Gutiérrez, directora de Cisalva
“Me parecen muy importantes las medidas tomadas, aunque no son la única causa
del incremento de los homicidios en Cali desde julio del año pasado, como lo
hemos venido registrando”, explica Gutiérrez.
La analista considera que es importante disminuir el horario del expendio de
licor pues según un estudio de la entidad que dirige, “en los períodos en que
ha sido incrementada esta medida se han reducido los homicidios hasta en un
17%”.
“Lo importante acá es que se haga un monitoreo para tener información que le
permita al Alcalde evaluar si sus decisiones están dando los resultados
esperados”, señala la investigadora.
“El Alcalde tiene las herramientas a través del Observatorio Social para
desarrollar un plan de seguridad de largo plazo, que no sea algo reactivo ante
las dificultades”, agregó Gutiérrez.
Para la directora de Cisalva en la misión de reducir
el crimen y los delitos de alto impacto, no se pude dejar sola a la
administración municipal, “tenemos que superar las reticencias y trabajar
juntos”.
Carlos Rojas, director del Programa de Cultura Ciudadana
“Las medidas de choque tomadas son necesarias pero la situación requiere otras,
más de cultura ciudadana, como reinstalar en los barrios las alarmas
comunitarias, recuperar el programa ‘Vecinos y Amigos’, etc”,
dice Rojas.
Y agrega que “el Alcalde ha propuesto estudiar una reforma al Código del Menor,
para que los casos graves puedan ser judicializados
de manera ejemplar. El Código de Infancia contempla medidas de atención
integral, pero en el tema fiscal no tiene las suficientes herramientas para
poder procesar los casos”.
“Hay que analizar más detenidamente el tema de la reforma al Código de
infancia, pero también hay que adelantar acciones de carácter educativo,
preventivo y mejorar las relaciones entre el Icbf y
el Centro de Rehabilitación de Valle del Lili”.