Cali
Polémica "flota" en las piscinas
Redacción de El País
Más seguridad.
La Ley 1209, sancionada por el presidente Álvaro Uribe, exige que todas las
piscinas del país cuenten con un salvavidas en caso de alguna emergencia.
Archivo / El País
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Responsables de las albercas dicen
que no hay dinero para las medidas de seguridad.
Las nuevas medidas de seguridad que deben implementar todas las piscinas del
territorio nacional, luego de ser sancionada la Ley 1209 de julio 31 del 2008, tiene ‘ahogado’ el presupuesto de los responsables de las
albercas públicas y privadas de Cali.
Y aunque los establecimientos recreativos tienen plazo hasta julio del próximo
año para instalar las alarmas, los encerramientos, las bombas de succión y las
escaleras de entrada y de salida, hasta el momento ninguno de estos sitios ha
puesto en marcha estas normas, pues aseguran que no cuentan con el dinero
suficiente para comprar estos implementos.
El País hizo un recorrido por los principales lugares de recreación acuática y
verificó que el cumplimiento de esta ley aún está en veremos. Según los datos
de la Secretaría de Salud, el 30% de las piscinas deben hacer modificaciones
severas al sistema de seguridad y a la calidad del agua.
Los encargados de la Corporación para la Recreación Popular y el Deporte,
entidad que tiene a su cargo la administración de 53 piscinas de la ciudad,
informaron que se han cumplido algunas exigencias como la instalación de
teléfonos de emergencia, la disposición de un salvavidas y un botiquín las 24
horas del día y la compra de flotadores circulares con cuerda y gancho.
“Por ahora hemos comprado lo que está al alcance del presupuesto, pero estamos
preocupados porque las alarmas son muy caras. Cada una cuesta $1.300.000 y una
piscina necesita cuatro alarmas, o sea que estamos hablando de $5.200.000 por
alberca”, aseguró Joaquín Oramas, director de
mantenimiento de la Corporación.
Asimismo, el funcionario recordó que el encerramiento de cada piscina tiene un
costo cercano a los $12.000.000. “Nosotros sabemos que esto se debe
implementar, pero sobre todo en las piscinas privadas, porque las nuestras se
cierran a las 5:00 p.m., entonces no hay tanto peligro”.
Sin embargo, el secretario de Deporte, Diego Cardona, afirma que estas medidas
son necesarias. “La Ley se debe cumplir. Nosotros estamos dispuestos a dialogar
con la Corporación para ayudarles con un presupuesto, aunque ellos deben
destinar recursos para acogerse a la nueva norma”.
Pero las quejas por el alto costo que tiene esta nueva ley que regirá las
piscinas no termina allí. Los administradores de las
unidades residenciales de Cali denuncian que el precio de las alarmas está
fuera de su alcance.
“No estamos de acuerdo a la instalación de alarmas y encerramientos, pues eso
implicaría un aumento en la administración que pagan los usuarios y la crisis
económica no está para eso. Por eso pedimos que se estudie bien la necesidad de
comprar estos instrumentos”, señaló Ruth Rodríguez, administradora de cuatro
conjuntos en el norte de la ciudad.
De acuerdo al último censo realizado por la
Secretaría de Salud, en la ciudad existen 588 piscinas, el 63% ubicadas en
unidades residenciales.
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Pero el secretario de Salud de Cali, Alejandro Varela, dice que no se
aceptarán excusas, pues “todas las medidas que pide la Ley son necesarias e
importantes”.
Tanto así, que según sus estadísticas, con el cumplimiento de norma se espera
recudir en un 90% los accidentes en las piscinas de la capital del Valle.
“Nosotros hemos comprobado que las mayoría de los percances que suceden en
estos sitios se podrían prevenir, por eso nadie puede estar en contra de esta
norma, pues está en juego el bienestar de los niños”, sentenció Varela.
Aunque hay otros administradores que insisten en que la seguridad de los
menores no está a cargo de unas alarmas.
“Hay cosas que no se necesitan, porque los accidentes suceden por falta de
atención. La responsabilidad de los niños la tienen los padres”, indicó Ernesto
Gómez, administrador de una unidad residencial en el oriente de Cali.
Por el momento, el área de Salud Ambiental de la Secretaría sigue haciendo
visitas para verificar la higiene de todas las piscinas de Cali, de las cuales
hasta noviembre de este año sólo el 40% cumplía con las normas de calidad del
agua. Sin embargo, a partir del 31 de julio del 2008 se impondrán sanciones a
quienes no se acojan a la Ley.
“El no acatamiento de las norma será sancionado con multas entre 50 y 1.500
salarios mínimos legales y cierre entre 5 y 15 días de la piscina. Pero si el
incumplimiento es recurrente se cerrará definitivamente y se acudirá a castigos
penales”, recordó el Secretario de Salud.