Cali
Polémica "flota" en las piscinas

Redacción de El País

Más seguridad. La Ley 1209, sancionada por el presidente Álvaro Uribe, exige que todas las piscinas del país cuenten con un salvavidas en caso de alguna emergencia.
Archivo / El País

Responsables de las albercas dicen que no hay dinero para las medidas de seguridad.

Las nuevas medidas de seguridad que deben implementar todas las piscinas del territorio nacional, luego de ser sancionada la Ley 1209 de julio 31 del 2008, tiene ‘ahogado’ el presupuesto de los responsables de las albercas públicas y privadas de Cali.

Y aunque los establecimientos recreativos tienen plazo hasta julio del próximo año para instalar las alarmas, los encerramientos, las bombas de succión y las escaleras de entrada y de salida, hasta el momento ninguno de estos sitios ha puesto en marcha estas normas, pues aseguran que no cuentan con el dinero suficiente para comprar estos implementos.

El País hizo un recorrido por los principales lugares de recreación acuática y verificó que el cumplimiento de esta ley aún está en veremos. Según los datos de la Secretaría de Salud, el 30% de las piscinas deben hacer modificaciones severas al sistema de seguridad y a la calidad del agua.

Los encargados de la Corporación para la Recreación Popular y el Deporte, entidad que tiene a su cargo la administración de 53 piscinas de la ciudad, informaron que se han cumplido algunas exigencias como la instalación de teléfonos de emergencia, la disposición de un salvavidas y un botiquín las 24 horas del día y la compra de flotadores circulares con cuerda y gancho.

“Por ahora hemos comprado lo que está al alcance del presupuesto, pero estamos preocupados porque las alarmas son muy caras. Cada una cuesta $1.300.000 y una piscina necesita cuatro alarmas, o sea que estamos hablando de $5.200.000 por alberca”, aseguró Joaquín Oramas, director de mantenimiento de la Corporación.

Asimismo, el funcionario recordó que el encerramiento de cada piscina tiene un costo cercano a los $12.000.000. “Nosotros sabemos que esto se debe implementar, pero sobre todo en las piscinas privadas, porque las nuestras se cierran a las 5:00 p.m., entonces no hay tanto peligro”.

Sin embargo, el secretario de Deporte, Diego Cardona, afirma que estas medidas son necesarias. “La Ley se debe cumplir. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con la Corporación para ayudarles con un presupuesto, aunque ellos deben destinar recursos para acogerse a la nueva norma”.

Pero las quejas por el alto costo que tiene esta nueva ley que regirá las piscinas no termina allí. Los administradores de las unidades residenciales de Cali denuncian que el precio de las alarmas está fuera de su alcance.

“No estamos de acuerdo a la instalación de alarmas y encerramientos, pues eso implicaría un aumento en la administración que pagan los usuarios y la crisis económica no está para eso. Por eso pedimos que se estudie bien la necesidad de comprar estos instrumentos”, señaló Ruth Rodríguez, administradora de cuatro conjuntos en el norte de la ciudad.

De acuerdo al último censo realizado por la Secretaría de Salud, en la ciudad existen 588 piscinas, el 63% ubicadas en unidades residenciales.

Pero el secretario de Salud de Cali, Alejandro Varela, dice que no se aceptarán excusas, pues “todas las medidas que pide la Ley son necesarias e importantes”.

Tanto así, que según sus estadísticas, con el cumplimiento de norma se espera recudir en un 90% los accidentes en las piscinas de la capital del Valle.

“Nosotros hemos comprobado que las mayoría de los percances que suceden en estos sitios se podrían prevenir, por eso nadie puede estar en contra de esta norma, pues está en juego el bienestar de los niños”, sentenció Varela.

Aunque hay otros administradores que insisten en que la seguridad de los menores no está a cargo de unas alarmas.

“Hay cosas que no se necesitan, porque los accidentes suceden por falta de atención. La responsabilidad de los niños la tienen los padres”, indicó Ernesto Gómez, administrador de una unidad residencial en el oriente de Cali.

Por el momento, el área de Salud Ambiental de la Secretaría sigue haciendo visitas para verificar la higiene de todas las piscinas de Cali, de las cuales hasta noviembre de este año sólo el 40% cumplía con las normas de calidad del agua. Sin embargo, a partir del 31 de julio del 2008 se impondrán sanciones a quienes no se acojan a la Ley.

“El no acatamiento de las norma será sancionado con multas entre 50 y 1.500 salarios mínimos legales y cierre entre 5 y 15 días de la piscina. Pero si el incumplimiento es recurrente se cerrará definitivamente y se acudirá a castigos penales”, recordó el Secretario de Salud.