Concluido el trámite de la
ley estatutaria de Salud en el Congreso, aún por revisar por la Corte y pasar a
sanción presidencial, los colombianos no sabemos si desaparecen las EPS y si la
Ley frenará el abuso de multinacionales en el sobrecosto
de las medicinas. El tiempo nos dirá si Alejandro Gaviria logró lo imposible:
abolir la nefasta ley 100 y convertir la salud en un derecho, y no en un
negocio.
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Pero hay un tema que también
le concierne al ministro Gaviria y es la salud en la Costa Pacífica. Desde el
año pasado, el Barco-Hospital San Raffaelle está
anclado en el puerto de Buenaventura, “carcomido por la sal”, mientras las
comunidades costeras de Chocó, Valle y mueren por falta de atención médica.
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La Asociación Italiana para
la Solidaridad de los Pueblos, Aispo (en Colombia,
Fundación Monte Tabor) adquirió, adecuó y puso en operación el San Raffaele con un plan de atención en salud para algunos
municipios del Pacífico. Donó $4.600 millones para la compra, adecuación y
funcionamiento del barco, durante dos años. Ecopetrol,
Epsa y otras empresas también han hecho aportes.
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La misión médica, integrada
por personal médico colombiano, atendió por primera vez en 2009 pacientes de Guapi, Timbiquí y López de Micay. En tres años de operación se han prestado 22 mil
servicios en salud en 16 municipios. Se priorizan menores de edad, embarazadas,
planificación familiar, atención a adultos jóvenes, citologías, odontología,
patologías de adulto mayor, morbilidad y se realizan cirugías de niveles I y
II.
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Al cumplir el segundo año de
operación, Luigi María Verze, de la Fundación San Raffaelle y de Aispo, con sede en
Milán (Italia), envió una carta al presidente Santos para informarle que
finalizaba el proceso de cooperación y solicitaba al Estado colombiano seguir
apoyando el proyecto. Ignoro si la Casa de Nariño respondió. Lo que sí existe
es el peloteo en el Ministerio de Salud a los directivos de la Fundación.
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El problema es la falta de
contratación por parte de las EPS en la región Pacífica, argumentando que la
Fundación es privada y que los servicios de nivel II no son prioridad. La
respuesta es que los usuarios se dirijan a los hospitales de nivel II en
Tumaco, Popayán y Quibdó. El desplazamiento es casi
imposible, mientras el Barco Hospital con su lancha extramural llega a los
sitios más recónditos.
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Caprecom les adeuda $100 millones desde hace dos años y los
hospitales de Guapi y Timbiquí,
$42 millones. El barco lleva un año sin prestar servicios, y corre el peligro
de que se suspenda definitivamente, pues tiene un déficit muy alto. Ana Lucía
López, directora Ejecutiva de la Fundación ha acudido a todas las instancias:
Casa de Nariño, Supersalud, Ministerio de Salud,
donde la atienden técnicos que sin poder de decisión.
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Para rematar, vean la denuncia
de la doctora López: “La mayoría de las poblaciones de los ríos Naya y Yurumangui llevan 10 años
sin ver un médico. Cuando verificamos la población en el Fosyga,
el 90% están afiliados a Caprecom o Asmet, estas personas lo ignoran, pero la EPS cobra por
cada una”. Hago un llamado al gobernador Ubeimar, a
la empresa privada y al cuerpo médico, para que lancen un salvavidas al Rafaelle y a la región más vulnerable y abandonada del país.