El Editorial
Actuar contra la muerte
Enero 16 de 2009

Saludable el debate entre las autoridades y Cisalva sobre las diferencias en las estadísticas sobre muertes violentas en Cali. Ojalá se encausara hacia encontrar las causas de esa violencia que acaba vidas y destruye la convivencia entre los caleños.

Que los homicidios hayan disminuido, así sea en un 4%, es bueno, incluso al compararse con Bogotá y Medellín, que registraron aumentos graves. Pero que sean 1.651 homicidios, como dice Cisalva, o 1.570, como afirman el Alcalde y el Comandante de la Policía Metropolitana, parece irrelevante frente al enorme número de muertos que debe ser registrado en las terribles estadísticas. Y denota una tendencia trágica de nuestra sociedad a aceptar como natural la existencia de atentados contra la vida.

Por ello, lo que requiere Cali es un análisis profundo del fenómeno que a diario arrebata la vida de seres humanos en sus calles. Y un acuerdo para enfrentar una realidad inaceptable para cualquier sociedad que se precie de civilizada. Dentro del análisis no puede dejarse de lado la influencia que tienen el narcotráfico y el sicariato asociado a los ajustes de cuentas entre los grupos que explotan ese negocio. Como no puede desconocerse la aterradora conducta de asesinar por causas como una deuda no pagada. Sin embargo, los datos publicados dan a entender que el problema tiene otras causas mucho más complejas y requiere otras soluciones.

Ellas empiezan por aceptar que el consumo de alcohol volvió a convertirse en generador de riñas, en motivo de discordia y en aliado de la muerte. Eso es lo que está revelando el incremento presentado en los fines de semana, especialmente los domingos al amanecer. Lo que indica que la sociedad no entiende el peligro del consumo de licores, droga tanto o más peligrosa que las ilícitas cuando se abusa de ella. Y que abandonó los mecanismos de control a las conductas influidas por esa práctica, mientras el Estado cumple de manera precaria su papel en la protección de la vida.

En consecuencia, la tolerancia y el relajamiento con tales conductas ha llevado a que medidas en defensa de la convivencia, como la Ley Zanahoria, sean relegadas por la presión de quienes exigen su levantamiento, acusándolas de ser un atentado contra la libre empresa y la generación de empleo. Y que en el lenguaje oficial se hable de haber “salvado” vidas cuando se reducen los homicidios, como si matar al prójimo fuera algo normal o no pudiera evitarse, por lo menos en las escalas que presenta Cali.

Además, que el año pasado hubieran muerto 127 motociclistas en accidentes causados por la fatal mezcla de alcohol, impericia, falta de autoridad y desconocimiento de la ley que pretende defender a los conductores muestra hasta dónde ha llegado el desprecio por la vida en nuestra ciudad.

Por eso, para las autoridades, y en especial para el Alcalde, ya no es el tiempo para discutir sobre el tamaño de las cifras sobre muerte. Es el tiempo de actuar con medidas represivas y educación sobre la convivencia. Y, sobre todo, de hacerles tomar conciencia a los caleños de que 1.570 homicidios por año son una estadística inaceptable para cualquier sociedad libre, democrática y cristiana.