El Editorial
Actuar contra la muerte
Enero 16 de 2009
Saludable el
debate entre las autoridades y Cisalva sobre las diferencias en las
estadísticas sobre muertes violentas en Cali. Ojalá se encausara hacia
encontrar las causas de esa violencia que acaba vidas y destruye la convivencia
entre los caleños.
Que
los homicidios hayan disminuido, así sea en un 4%, es bueno, incluso al
compararse con Bogotá y Medellín, que registraron aumentos graves. Pero que
sean 1.651 homicidios, como dice Cisalva, o 1.570, como afirman el Alcalde y el
Comandante de la Policía Metropolitana, parece irrelevante frente al enorme
número de muertos que debe ser registrado en las terribles estadísticas. Y
denota una tendencia trágica de nuestra sociedad a aceptar como natural la
existencia de atentados contra la vida.
Por
ello, lo que requiere Cali es un análisis profundo del fenómeno que a diario
arrebata la vida de seres humanos en sus calles. Y un acuerdo para enfrentar
una realidad inaceptable para cualquier sociedad que se precie de civilizada.
Dentro del análisis no puede dejarse de lado la influencia que tienen el
narcotráfico y el sicariato asociado a los ajustes de cuentas entre los grupos
que explotan ese negocio. Como no puede desconocerse la aterradora conducta de
asesinar por causas como una deuda no pagada. Sin embargo, los datos publicados
dan a entender que el problema tiene otras causas mucho más complejas y
requiere otras soluciones.
Ellas
empiezan por aceptar que el consumo de alcohol volvió a convertirse en
generador de riñas, en motivo de discordia y en aliado de la muerte. Eso es lo
que está revelando el incremento presentado en los fines de semana,
especialmente los domingos al amanecer. Lo que indica que la sociedad no
entiende el peligro del consumo de licores, droga tanto o más peligrosa que las
ilícitas cuando se abusa de ella. Y que abandonó los mecanismos de control a
las conductas influidas por esa práctica, mientras el Estado cumple de manera
precaria su papel en la protección de la vida.
En
consecuencia, la tolerancia y el relajamiento con tales conductas ha llevado a
que medidas en defensa de la convivencia, como la Ley Zanahoria, sean relegadas
por la presión de quienes exigen su levantamiento, acusándolas de ser un
atentado contra la libre empresa y la generación de empleo. Y que en el
lenguaje oficial se hable de haber “salvado” vidas cuando se reducen los
homicidios, como si matar al prójimo fuera algo normal o no pudiera evitarse, por
lo menos en las escalas que presenta Cali.
Además,
que el año pasado hubieran muerto 127 motociclistas en accidentes causados por
la fatal mezcla de alcohol, impericia, falta de autoridad y desconocimiento de
la ley que pretende defender a los conductores muestra hasta dónde ha llegado
el desprecio por la vida en nuestra ciudad.
Por
eso, para las autoridades, y en especial para el Alcalde, ya no es el tiempo
para discutir sobre el tamaño de las cifras sobre muerte. Es el tiempo de
actuar con medidas represivas y educación sobre la convivencia. Y, sobre todo,
de hacerles tomar conciencia a los caleños de que 1.570 homicidios por año son
una estadística inaceptable para cualquier sociedad libre, democrática y
cristiana.