Colombia
Se disparan quejas por maltrato infantil
Agosto 11 de 2009
Los psicólogos insisten en que los
menores de edad que son maltratados por sus padres repiten el modelo y son
incapaces de resolver sus conflictos.
17.000 casos por
abuso sexual contra de niños han sido denunciados en 2009.
Redacción de El
País y agencias
La directora del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf,
Elvira Forero Hernández, denunció que durante el
primer semestre del año se presentaron 17.000 denuncias en todo el país por
abuso sexual a menores de edad, según los registros de Medicina Legal.
Sin
embargo, las estadísticas del Icbf registran 3.600
casos por el mismo delito cometidos en el país.
La
funcionaria, no obstante, indicó, esta problemática sigue presentando un subregistro muy alto.
“El
mensaje para los alcaldes es construir ciudades y municipios seguros para los
niños. Hay un compromiso y una labor legal de las alcaldías con su función
policiva de trabajar de manera coordinada con la Policía de Infancia y
Adolescencia para detener y judicializar a las
personas que están cometiendo estos delitos, así como cerrar los sitios e
iniciar una la labor de extinción de dominio de estos lugares”, dijo la
Directora del Icbf.
Entre
tanto, en el Valle del Cauca las denuncias por maltrato infantil siguen
creciendo de manera alarmante. Según un consolidado del Icbf,
entre enero y marzo de este año, se han presentado 2.354 quejas por maltrato y
falta de atención a los menores de edad.
La
gran mayoría, con un total de 506, obedecen a maltrato físico y 127 a maltrato sicológico. Asimismo, 493 quejas por negligencia, 238 por
falta de responsabilidad y 177 por abuso sexual.
Esta
cifra es un 36% mayor a la presentada en el mismo trimestre del 2008, en donde
hubo 1.723 quejas.
La
gran mayoría de esas denuncias se concentran en la capital del departamento, en
donde entre enero y marzo de este año se han presentado 1.497 quejas por
maltrato a los niños y niñas. De estas quejas, 326 obedecen a negligencia, 293
a maltrato físico, 103 abuso sexual, 134 a falta de responsabilidad y 66 a
maltrato psicológico.
“El principal factor de riesgo para el maltrato en
los hogares es que el progenitor haya sufrido una experiencia similar en su
niñez”. Soledad Larraín y Carolina Bascuñán, psicólogas de Unicef.
Más del 80% de los padres de América
Latina consideran el maltrato infantil como una práctica normal de educación y
socialización, según la Unicef y la Cepal.
Consultas aumentan
en Cali
Según
la Secretaría de Salud, el año pasado se realizaron 72 consultas a entidades públicas y privadas por lesiones externas causada
por el maltrato. 135 de esas lesiones fueron causadas por el abuso sexual.
Sin
embargo, el secretario de Salud, Alejandro Varela, insiste en que el problema
es mucho mayor de lo que plantean las cifras. “Tendemos a subvalorar este problema
y la gente no lo ve como una anormalidad. Por eso, trabajamos para que gente
denuncie, busque ayuda y trabaje al interior de su hogar para que las
situaciones de maltrato no ocurran. Las autoridades estamos para ayudar a los
padres sin que sientan miedo. Lo que queremos es buscar soluciones”, dijo.
Otro
síntoma preocupante de esta problemática es que las denuncias a la Línea de
Atención Infantil y Juvenil 106 Corpolatin, confinanciada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social, también crecieron.
Entre
enero y julio de este año la línea recibió 452 llamadas de niños y adolescentes
por violencia y abuso, 217 son por violencia física. La psicóloga de la línea
Andrea Martínez dijo que padres e hijos entran en conflicto porque no hay común
acuerdo en las normas. “A veces los padres usan este sistema de agresión porque
no tienen otro esquema de sanciones. Y casi siempre tienden a humillar o
degradar a los hijos”, dice.
A la
vez dejó claro que un niño golpeado es, a futuro, un adulto sin autoestima, que
acumula rencores y es incapaz de canalizar su rabia de manera constructiva y de
resolver conflictos sin acudir a los golpes.
Sobre
la Ley
· La Ley 1336,
recientemente sancionada por el Presidente de la República, autoriza el cierre
de los sitios que promuevan la explotación sexual e, incluso, que se produzca
la extinción de dominio y la judicialización de las
personas que están detrás de estos delitos.
· Las penas por pornografía son de 20 años y por explotación sexual comercial es de 14 años en prisión.