Suiza dejaría de ser paraíso de
los que buscan la posibilidad de suicidarse de manera asistida
Decenas
de personas viajan al año a Suiza para suicidarse de manera asistida. Hay
controversia.
Tras
la polémica por algunos casos, principalmente en el Reino Unido, ha decidido
cambiar las leyes y estudia dos posibles reformas para poner al día una
legislación del siglo XX (de los años 30).
La
legislación actual así lo permite, y por eso Dignitas y Exit,
dos asociaciones de la Confederación Helvética, aprovecharon ese espacio legal
para ofrecer a europeos de todo el continente la posibilidad de asistirles en
el suicidio y facilitarles los medicamentos necesarios. La mayoría de los
extranjeros que se han acogido a esa posibilidad son, hasta ahora, británicos,
pero también hay alemanes, franceses, italianos y españoles.
Pero,
ahora, el Gobierno quiere acabar con el "turismo de la
muerte".
Una
primera idea de reforma sería reglamentar el suicidio asistido de forma más
estricta que actualmente, con sanciones penales graves para los colaboradores
de organizaciones que no respeten la ley. Al suicida se le exigiría, además,
una declaración "libre de su voluntad de morir", de forma
"profundamente pensada" para evitar "decisiones impulsivas y
precipitadas".
Además,
se exigirían dos opiniones médicas, principalmente para constatar que el sujeto
sufre una enfermedad incurable y que su muerte es cercana. Esas dos opiniones
deberían estar separadas en el tiempo para evitar el "turismo
actual", por el que los extranjeros apenas pasan unos días en Suiza.
Aquellos
que sufran enfermedades crónicas, físicas o psíquicas serían excluidos por
entender que un buen sistema de cuidados paliativos les permitiría vivir de una
forma digna. Además, quien haga de "acompañante" -el papel que hasta
ahora realizan esas organizaciones- deberá demostrar que no lo hace con ánimo
de lucro.
La
otra opción de reforma sería, simple y llanamente, prohibir toda asistencia al
suicidio y declarar ilegales a estas asociaciones. Aunque como la ley no podría
tener carácter retroactivo, los suicidios a los que han asistido en los últimos
años no serían perseguidos judicialmente.
'Es
el desmantelamiento del sistema'
Jérôme Sobel,
presidente de Exit, clamaba contra la reforma en el
diario francófono suizo La Tribune de Geneve. Según Sobel, "esto
no es una reglamentación, es el desmantelamiento del sistema. Este proyecto es
la autopista para el encarnizamiento terapéutico. Personas tetraplégicas,
que no están condenadas a una muerte rápida, ya no podrán elegir si quieren
poner fin a su debilitación progresiva".
Exit cuenta con 70.000 miembros
y ya ha anunciado que recogerá las 50.000 firmas que pide la legislación suiza para
que el caso sea consultado en referéndum. Dignitas también ha decidido ir por
ese camino si la reforma continúa.
Los
partidos políticos están divididos. La izquierda rechaza la prohibición y apoya
una reforma. Los liberales no quieren cambio alguno. Las jerarquías religiosas
tampoco se ponen de acuerdo. La Federación de Iglesias Protestantes de Suiza no
rechaza la asistencia al suicidio, aunque pide reglas muy estrictas. La Iglesia
Católica se opone radicalmente al suicidio, pide que se prohíba por ley la
asistencia a los suicidas y aboga por los cuidados paliativos.
La
legislación actual prohíbe la eutanasia activa directa, autoriza que se
suministren medicamentos que eviten dolores extremos aunque conduzcan a la
muerte. Permite también que el paciente renuncie a tratamientos médicos para
alargar su vida, como la respiración artificial y permite la ayuda al suicidio.
En
Europa, sólo Bélgica, Luxemburgo y Holanda consideran legales la eutanasia,
pero siempre en casos de graves enfermedades incurables.
IDAFE
MARTÍN PÉREZ
PARA EL TIEMPO
BRUSELAS