En estado de coma
A
finales de noviembre, y durante la más reciente cumbre de gobernadores, el
Presidente de la República sorprendió a su auditorio con el anuncio de que el
Ejecutivo se encontraba a punto de declarar la Emergencia Social, prevista en
el artículo 215 de la Constitución Política. Según el Mandatario, el deterioro
de las finanzas del sector de la salud había empezado a golpear las cuentas de
los departamentos, con lo cual era necesario subir los tributos que pagan los
consumidores de cerveza, vino y cigarrillos.
Sin
embargo, transcurridas más de tres semanas desde la noticia original, no se ha
producido la anunciada cascada de normas. Eso no quiere decir que la idea haya
sido desechada, pues tanto la Casa de Nariño como el Ministerio de Hacienda han
reiterado que la Emergencia está en camino. Hay que recordar que dicho
mecanismo permite la expedición de decretos con fuerza de ley, si bien su
utilización debe ser examinada por la Corte Constitucional en los meses
siguientes de su promulgación.
Para
quienes saben de estos temas, el lapso transcurrido entre la declaración
presidencial y la oficialización de las decisiones tiene una explicación. Todo
indica que los técnicos que llevan trabajando largas jornadas han encontrado un
panorama mucho más preocupante del que se creía inicialmente. Tanto los
desequilibrios inherentes al régimen que está en vigencia, como una creciente
corrupción, han llevado a que el sector de la salud se encuentre, por más
irónico que suene, en cuidados intensivos, aunque no falta quien afirme que ya
se halla en estado de coma. De tal manera, el problema principal no es de
recursos, pues de nada sirve una transfusión temporal si la hemorragia sigue y
el paciente continúa desangrándose.
Esa
analogía sirve para describir la situación de un sistema que tiene su origen en
la Ley 100 de 1993, cuyo ponente más destacado fue el entonces senador Álvaro
Uribe Vélez. En ese momento se crearon dos regímenes condicionados a la
capacidad de pago de las personas. Uno fue el contributivo, en el cual los
ciudadanos pagan una suma mensual para garantizar la prestación de unos
servicios determinados previamente. El otro fue el subsidiado, destinado a la
población de menores recursos y soportado financieramente tanto por los
usuarios del primer grupo como por el Estado. Para cada uno se definió un plan
obligatorio en salud (POS), orientado a definir las coberturas, como es normal
en el mundo de los seguros. Por otra parte, se aceptó que los no afiliados a
ninguno de los dos esquemas descritos serían atendidos por la red pública de
hospitales.
La
nueva estructura permitió un aumento notable en la cobertura. En cifras
gruesas, si hace 15 años uno de cada cinco colombianos tenía acceso a los
servicios de salud, esa proporción hoy en día asciende a nueve de cada diez.
Debido a ello, la esperanza de vida de la población ha aumentado
significativamente, como consecuencia de menores tasas de mortalidad y mejora
en la atención en todos los niveles.
No
obstante, dicho progreso ha venido acompañado de grandes tensiones financieras.
La causa principal es que el esfuerzo original estaba basado en que por cada
dos afiliados al régimen contributivo hubiera uno vinculado al subsidiado. Pero
dada la informalidad que existe en el país, la proporción es de 45 y 55 por
ciento, respectivamente. Eso, en términos prácticos, implica que las arcas
públicas tengan que hacer un esfuerzo mucho mayor del previsto, pues el sistema
dista de ser autosostenible.
Como
si lo anterior fuera poco, una sentencia de la Corte Constitucional conceptuó a
mediados del año pasado que no deberían existir diferencias entre los POS. En
su determinación, el alto tribunal le dio al Gobierno -cuya incapacidad para
tomar correctivos ha sido notoria- un tiempo prudencial para poner en orden las
cosas y tomar decisiones orientadas a que fueran identificados los tratamientos
y procedimientos cubiertos.
Lamentablemente,
la incertidumbre que creó la nueva jurisprudencia permitió el agravamiento de
situaciones que venían de atrás. El caso más evidente fue el de las tutelas, un
mecanismo legal usado por los ciudadanos para obtener servicios no contemplados
en el POS. Además, los recobros al fondo de solidaridad del sector también subieron,
ante la relajación de los criterios que le abrieron un boquete a la corrupción.
Debido a ello, mientras en el 2006 se pagaron 304.141 millones de pesos por
procedimientos no establecidos, dicha suma llegó a casi 1,3 billones en el 2008
y todo indica que la proyección de 1,7 billones hecha para el presente año será
superada con creces.
Ese
disparo en los pagos no solamente implica la quiebra del sistema, sino el robo
descarado de los recursos públicos por cuenta de verdaderas cadenas del crimen
en las que participan médicos, jueces, abogados y entidades venales. Los
ejemplos de abusos incluyen cirugías plásticas, métodos para retardar el
envejecimiento o el uso en aumento de la equinoterapia,
y muestran que la Emergencia Social está más que justificada. Pero esta debe
orientarse a corregir de un tajo los excesos y garantizar la viabilidad
financiera de la salud y no a aplicar paños de agua tibia. Lo que se necesita,
entonces, es una cirugía mayor en la que primen los
criterios técnicos sobre los políticos y no acaben pagando justos por
pecadores.