Un cáncer injustificado

Colombia hace parte del grupo de países con mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en el mundo, una enfermedad que se puede prevenir y tratar cuando se descubre a tiempo. Esa es la razón por la cual la citología vaginal, hasta ahora considerada la herramienta más efectiva para la detección del mal, ha estado incluida desde siempre en los planes de salud.

Y aun así, las altas cifras de este cáncer, causado por el virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual, siguen inmodificables: cada año se conocen alrededor de 6.800 nuevos casos de afectadas y cerca de 3.300 mueren por su causa. Esta semana, el Instituto Nacional de Cancerología denunció que si bien con dificultad se ha logrado que siete de cada diez mujeres se sometan regularmente al examen, la calidad de la mayoría de estas pruebas deja mucho que desear.

Basado en estudios propios, el Cancerológico asegura que el 50 por ciento de los exámenes arroja falsos resultados negativos (es decir, reportes de normalidad cuando sí hay enfermedad) y que una gran cantidad está mal tomada. También que el 37 por ciento de las mujeres que obtienen datos dudosos o la presencia de lesiones de alto riesgo carecen del seguimiento adecuado, que incluye la práctica de colposcopias (análisis más integrales para confirmar la presencia o no de cáncer) y tratamientos.

El Instituto Nacional de Salud (INS) emprendió un plan de capacitación con personal especializado en la toma y análisis de muestras, del que ya han hecho parte 310 de los 420 laboratorios encargados de esta labor en Colombia. Al contrario de lo señalado por el Cancerológico, el INS, responsable de la calidad de dichos laboratorios, asegura que ya el 75 por ciento de las citologías que se toman y el 80 por ciento de las que se leen son sometidas a estándares de calidad.

Más allá de la disparidad de los diagnósticos, hay que ser claros en el hecho de que no puede haber dudas sobre ninguna citología, porque los problemas de calidad acaban pagándolos las mujeres con sus vidas.

Países como Estados Unidos lograron reducir a su mínima expresión la incidencia de esta enfermedad con sentido común, compromiso y organización dentro de su sistema de salud. El cual no se limita a convocar a las mujeres y a tomar las muestras, sino que garantiza que cada una de ellas recibe resultados reales y que los entienden, con mayor razón si son anormales. Si este es el caso, las afectadas son ubicadas y registradas en un programa que les brinda tratamientos integrales, cuyo objetivo es lograr su recuperación.

El sistema colombiano de salud está en pañales en esta materia. A los problemas de las citologías hay que sumar el casi nulo seguimiento que se hace de los casos cuyos resultados evidencian la presencia de lesiones malignas o premalignas. La atención de estas mujeres está atomizada: las autorizaciones se tramitan en un lado y los exámenes y procedimientos se hacen en otros, un drama con el que tienen que lidiar los pacientes de cáncer en Colombia, por cuenta de los obstáculos desarrollados por las EPS y permitidos por el sistema de salud.

Como si fuera poco, las pacientes acaban siendo tratadas en instituciones de dudosa calidad, que son contratadas por las propias aseguradoras, dado su bajo costo. ¿Quién garantiza la idoneidad y responsabilidad de estos establecimientos, cuya proliferación amenaza con convertirse en metástasis? Si la mayoría de las mujeres se somete a la citología, si la prueba hace parte del POS, si hay sitios suficientes para su procesamiento y si el sistema de salud garantiza los recursos y la cobertura, es inaceptable que las colombianas sigan muriéndose de cáncer de cuello uterino.

Los datos arrojan una pésima señal: la prevención y el tratamiento de esta enfermedad sólo están garantizados en el papel. Por eso, Colombia aparece siempre relacionada a un mal propio del subdesarrollo: la pobreza y la desorganización de los sistemas de salud.