Estrategia de guerra contra las drogas en América Latina debe ser rectificada, sugiere informe

Según el documento revelado en Brasil, ésta lucha es uno de los problemas más graves de la región y por ello "es imperativo" rectificar la estrategia aplicada en los últimos 30 años para combatirla.

Así lo planteó el informe 'Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma', elaborado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por un grupo de intelectuales, encabezados por los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Fernando Henrique Cardozo (Brasil).

"Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas", asegura el informe.


Dudas sobre el Plan Colombia


El informe cuestionó los objetivos planteados por el Plan Colombia.

Sus firmantes hicieron saber que las principales metas, al igual que las de los programas de erradicación, no fueron alcanzadas, pues la producción se mantiene para suplir la demanda.

El punto es que este informe se conoce a pocos días de que el Gobierno estadounidense presente a consideración del Congreso el presupuesto para el 2010, en el que deberán incluirse recursos para la lucha antidrogas en Colombia.

El país, hasta el momento, ha recibido cerca de 6 mil millones de dólares del Plan Colombia, desde el 2000.

De acuerdo con el estudio, el modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas, lo que confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado.

Ante esto, los ex mandatarios piden que se reconozca la insuficiencia de los resultados en la lucha contra las drogas y que se abra el debate sobre estrategias alternativas.

En principio, los autores del estudio recomiendan tres directrices para enfrentar el problema: tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión sobre el crimen organizado.

"Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que éstas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes", dice el informe.

Y para concretar esta tarea proponen cinco iniciativas globales. Plantean que los adictos sean convertidos en pacientes del sistema de salud, evaluar la descriminalización de la marihuana para consumo personal, realizar campañas de prevención, que la lucha se debe centrar en atacar el crimen organizado y que se deben reorientar las campañas contra los cultivos ilícitos.

La estrategia

A través del documento se siguen señalando errores en la lucha contra la drogas. Plantean que es "imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos y las ventajas y los límites de la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea".

Incluso destacan que se muestra mucho más humana y eficiente la política europea de focalizar el asunto como un tema de salud pública, mediante el tratamiento de los adictos.

Agregan que la estrategia del Viejo Continente de despenalizar y descriminalizar el consumo, en el tratamiento de las personas dependientes y en la prevención de efectos secundarios extremamente maléficos, ha sido mucho más eficaz.

A partir de esto proponen una fórmula que consiste en que los estados creen leyes que saquen a los adictos de ese mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud. Para ellos, esto generaría un desplome de los precios de las drogas que afectaría el ilícito negocio.

En lo que tiene que ver con la marihuana, piden que se evalúe la posibilidad de descriminalizar su consumo.

Si bien el gobierno colombiano no había respondido ayer las conclusiones de este informe, está claro que el presidente Uribe es partidario de sancionar la dosis personal. En esto ha insistido a través de proponer una reforma constitucional que, hasta el momento, no ha avanzado en el Congreso. Incluso, este tema hizo parte del referendo que sometió a consideración del país en el 2003.

En el informe también se propone que América Latina entable un diálogo con el gobierno, los congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos para desarrollar, en forma conjunta, alternativas a la política para combatir las drogas.

Sin embargo, aunque la nueva administración de Barack Obama ha prometido algunos cambios en su política antidrogas, como mayor énfasis en la demanda, son pocos los pasos o anuncios que ha dado de momento en esa dirección.

Durante su campaña electoral, el nuevo presidente -y luego la secretaria de Estado Hillary Clinton en una audiencia en el Senado-, prometieron fortalecer lo que estaba funcionando y corregir aquello donde se estuvieran cometiendo errores, pero sin entrar en detalles.

En ambos casos dieron su apoyo al Plan Colombia y a la Iniciativa Mérida (que busca combatir el narcotráfico en México), pero no confirmaron si insistirán en la política de fumigación que se usa en Colombia.

Expertos como John Walsh, de Wola, cree que Obama seguirá la línea que comenzó a trazar el Congreso demócrata en el 2006 y que hace más énfasis en interdicción y desarrollo social, que en ayuda militar.

Para la situación doméstica, Obama ha dicho en varias ocasiones que se inclina por eliminar las penas de prisión para criminales menores, como posesión de pequeñas cantidades de droga o consumo y, en su lugar, favorecer programas de tratamiento y educación.

Eso, en cierto sentido, corresponde al espíritu de "descriminalización" que abogan en el informe los expertos latinoamericanos.

Otro avance sustancial es la aproximación a la nueva instrucción que ha dado Obama para que E.U. respalde ante la ONU la política de "intercambio de jeringas". De esta manera, se quiere evitar la propagación de enfermedades como el VIH-Sida. Un tema prohibido durante todos los años de la administración Bush.