Aunque
hace casi tres años el aborto en Colombia se despenalizó en tres casos
particulares (por violación, cuando está en peligro la vida de la madre y por
malformaciones del feto incompatibles con la existencia), autoridades de salud
de ciudades como Bogotá siguen estimando que anualmente se practican cerca de
30.000 procedimientos de este tipo de manera clandestina. Reportes oficiales
indican que solo en el 2008 146 mujeres perdieron la vida en la capital a causa
de complicaciones derivadas de interrupciones del embarazo mal practicadas.
Del tema volvió a hablarse esta semana, luego de que un
concejal denunció que en el Distrito se ofertan y practican abortos a
domicilio, con tarifas que oscilan entre los 80.000 y los 250.000 pesos, sin
ningún control médico. Capturar a los responsables es imposible, pues deben
caer en flagrancia. Lo dicho preocupa porque demuestra que un incontable número
de mujeres sigue recurriendo a procedimientos ilegales, aun a riesgo de su
propia vida. Esta situación lleva a preguntar por el real impacto que ha tenido
la despenalización de mayo del 2006, a cuyo amparo en Colombia no se han
practicado ni siquiera 3.000 interrupciones del embarazo, cifra que no se
compadece con los cerca de 320.000 abortos ilegales que, se cree, ocurren cada
año.
Aunque es claro que, sobre todo en algunos sectores de la
sociedad, persiste el desconocimiento sobre la naturaleza y alcances de esta
sentencia y que las mujeres siguen enfrentando trabas para acceder a un aborto
legal, como la objeción de conciencia que alegan algunos hospitales, el balance
muestra que la sentencia ha tenido mínimos efectos en el problema general. Y si
bien siempre puede exigirse a las autoridades de salud y de Policía acciones
más efectivas para ponerles freno a modalidades ilegales de aborto como las
denunciadas en el Concejo, es urgente que el país debata responsablemente y sin
apasionamientos el problema como tal.
Una de esas aristas tiene que ver con la formación de la
población. Por razones que son cada vez menos claras, el país carece de una
política pública de educación sexual. Los resultados de ese descuido están a la
vista: una población que en la práctica asume el aborto como un método de
planificación familiar es el reflejo de un país al que le ha quedado grande
educar sobre el ejercicio responsable de la sexualidad.