Por: REDACCIÓN JUSTICIA |
Javier Agudelo Valencia, vicepresidente de la Nueva EPS,
considerado cercano al cuestionado y destituido exvicepresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino,
se convirtió este lunes en el funcionario de más alto nivel capturado por una
millonaria defraudación contra el sistema de salud del país.
Según la Fiscalía y la Dijín, Valencia, cirujano de
profesión y quien fue gerente de Saludcoop, hizo
parte de un grupo de funcionarios que supuestamente tramitó con trampas cobros
al Fosyga por unos 10.000 millones de pesos.
(Lea: Capturas a funcionarios de la Nueva EPS no alterará
servicios).
Según el expediente, Valencia y otros cuatro
funcionarios y exfuncionarios de la EPS "planificaron, coordinaron y
ejecutaron" maniobras para incrementar el valor de los cobros por
servicios médicos o medicamentos.
La
investigación de un grupo especial de la Dijín y de
la Unidad Anticorrupción encontró presuntas irregularidades en más de 40.000
recobros, por los que la Fiscalía imputará cargos a los
capturados por falsedad, fraude y estafa.
También fueron capturados Adriana Páez, gerente de recobros y cuentas médicas;
Claudia Elena Sánchez, gerente operativa en la época de los hechos; Henry
González, coordinador de comité técnico-científico y tutelas, y Mónica Ximena
García, coordinadora de tutelas en la época de los hechos.
Las confesiones de John Carlos Lamus, detenido por su
participación en el escándalo y que negoció con la Fiscalía para conseguir
beneficios judiciales, permitieron localizar los documentos con los que los
nuevos enredados habrían logrado cobros ilegales entre agosto del 2008 y
diciembre del 2010.
En los equipos que se le incautaron a Lamus en mayo
del 2011 y en el computador de Páez, una de las capturadas, las autoridades
hallaron parte de la evidencia que será usada en la imputación de cargos.
Los investigadores tienen evidencia de que los capturados habrían falsificado
actas en las que supuestamente se aprobaba la prestación del servicio o del
medicamento que en realidad había sido ordenado mediante tutela. Por tratarse
de servicios prestados por orden judicial, la EPS solo tenía derecho a cobrar
entre el 50 y el 85 por ciento del procedimiento y terminaba cobrando el 100
por ciento.
Según el expediente, en las maniobras hubo una "cadena criminal", que
llevó a procedimientos irregulares "con pleno consentimiento
de los directivos de la Nueva EPS, quienes sabían que los usuarios habían
accedido a los servicios de salud por medio de una acción de tutela".En
el operativo se incautaron cinco computadores, que son examinados por los
investigadores.
El presidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, afirmó: "Nuestro deber es acatar,
respaldar y respetar las acciones de la justicia; esperamos que en el proceso
se hagan aclaraciones y se den explicaciones de la decisión". Agregó que desde hace 18 meses ha
estado colaborando con la investigación y entregando toda la información
solicitada por las autoridades. Y enfatizó que lo ocurrido no altera la
operación ni la prestación de los servicios de la EPS.
El fiscal Eduardo Montealegre dijo que se investigan otras modalidades usadas
por particulares para estafar al sistema de salud del país.
"Estamos
revisando casos en otras EPS y estaremos entregando
nuevos
resultados", dijo
Montealegre. Entre tales casos está un proceso por presuntas irregularidades en
el manejo de los recursos de Saludcoop.
Con Redacción Salud
REDACCIÓN JUSTICIA.