La entrada en vigencia del proyecto de ley que eleva a rango de política
pública la prestación gratuita de la vasectomía y la ligadura de trompas para
colombianos cobijados o no por el régimen de Salud, quedó en vilo. El Gobierno
lo objetó argumentando vicios constitucionales y de inconveniencia.
El Ministerio de Hacienda aseguró que realizar gratuitamente esos
procedimientos para quienes no están afiliados ni al régimen subsidiado ni al
contributivo, le generaría un cuantioso sobrecosto al
Estado, cifrado en 399 mil 617 millones de pesos.
El senador Samuel Arrieta, autor del proyecto, rechazó el argumento y afirmó
que detrás de la objeción hay un componente político.
“Es mentira que cueste más porque el proyecto no obliga a todos los
colombianos a que se practiquen estas cirugías”, dijo.
El Gobierno también objetó el proyecto de ley que promueve la lucha contra
la obesidad.
La iniciativa, de autoría de la senadora Dilian
Francisca Toro, promueve la creación de un menú único nutricional que se emplee
en los centros educativos del país, y emplaza a departamentos y municipios para
que estimulen la práctica de actividades deportivas y recreativas, creando la
infraestructura necesaria para tal propósito.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, aseguró que hay vicios de
inconstitucionalidad debido a que la ley le ordena al Ministerio de Transporte
intervenir en “planes de desarrollo territorial”, cuando esa cartera “no es
competente” para tal función.
Consultada por EL TIEMPO, la senadora Toro consideró que este factor no va a
detener la aprobación de la ley, pues se puede eliminar la referencia que se
hace al Ministerio de Transporte.
El proyecto que crea la Ley de protección a la Familia fue igualmente
objetado con el argumento de que el Congreso no tiene la facultad de ordenarle
al Ejecutivo la inclusión de “partidas presupuestales”.
Los proyectos volverán al Congreso, que decidirá si acoge las objeciones. Si ello no ocurre, irán a la Corte Constitucional, la cual tiene la última palabra
Gratuidad para vasectomía y
ligadura tendrá que esperar: Gobierno objetó proyecto que lo establecía
Samuel
Arrieta asegura que no hay sobrecostos por
vasectomía.
Argumentó
para eso vicios constitucionales y de inconveniencia. Así, la entrada en
vigencia del proyecto que eleva a rango de política pública la prestación
gratis de estas operaciones queda en vilo.
El
Ministerio de Hacienda aseguró que realizar gratuitamente esos procedimientos
para quienes no están afiliados ni al régimen subsidiado ni al contributivo, le
generaría un cuantioso sobrecosto al Estado, cifrado
en 399 mil 617 millones de pesos.
El senador Samuel Arrieta, autor del proyecto, rechazó el argumento y afirmó
que detrás de la objeción hay un componente político.
"Es mentira que cueste más porque el proyecto no obliga a todos los
colombianos a que se practiquen estas cirugías", dijo.
El
Gobierno también objetó el proyecto de ley que promueve la lucha contra la
obesidad.
La
iniciativa, de autoría de la senadora Dilian
Francisca Toro, promueve la creación de un menú único nutricional que se emplee
en los centros educativos del país, y emplaza a departamentos y municipios para
que estimulen la práctica de actividades deportivas y recreativas, creando la
infraestructura necesaria para tal propósito.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, aseguró que hay vicios de
inconstitucionalidad debido a que la ley le ordena al Ministerio de Transporte
intervenir en "planes de desarrollo territorial", cuando esa cartera
"no es competente" para tal función.
Consultada por EL TIEMPO, la senadora Toro consideró que este factor no va a
detener la aprobación de la ley, pues se puede eliminar la referencia que se
hace al Ministerio de Transporte.
El proyecto que crea la Ley de protección a la Familia fue igualmente objetado
con el argumento de que el Congreso no tiene la facultad de ordenarle al
Ejecutivo la inclusión de "partidas presupuestales".
Los proyectos volverán al Congreso, que decidirá si acoge las objeciones. Si
ello no ocurre, irán a la Corte Constitucional, la cual tiene la última
palabra.
REDACCIÓN POLÍTICA