En medio del agitado devenir del día a día, hay noticias que pasan
relativamente inadvertidas, a pesar de su inmensa trascendencia. Tal es el caso
de la decisión tomada por las autoridades, según la cual desde ahora todos los
menores de un año tendrán derecho a ser inmunizados contra el rotavirus, causante de 300.000 casos de diarrea y 420
muertes anuales en Colombia. Además, los pequeños de los diez departamentos que
presentan la mortalidad más alta por infección respiratoria aguda podrán
contar, en forma gratuita, con la vacuna contra el neumococo, que en esas zonas
cobra todos los años la vida de más de 500 niños en alto riesgo.
Con excepción de las acciones destinadas a garantizarle a la gente acceso a
agua limpia, las medidas relacionadas con vacunación son las de mejor relación
entre costo y beneficio que un país puede adoptar para salvaguardar la salud
pública de su población. Por eso, no sorprende que el Ministerio de la
Protección Social aspire a lograr, con los nuevos biológicos, que, para el
2015, la tasa de mortalidad infantil entre menores de un año, que hoy es de 19
por 1.000 nacidos vivos, baje dos puntos como mínimo, un compromiso suscrito
por el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Hay que anotar, no obstante, que, si bien el papel de las vacunas en el
logro de esta meta es incuestionable, también lo es el que no obran solas.
Pese al progresivo aumento de las coberturas de vacunación, en Colombia la
reducción de la mortalidad por enfermedades prevenibles avanza a paso lento,
fundamentalmente entre los sectores más desfavorecidos. Para millones de
colombianos sigue siendo un lujo el acceso al agua potable, como el uso de
sistemas adecuados de eliminación de excretas, aparte de la necesidad de contar
con medios de vida que les permitan garantizar a sus niños niveles de nutrición
adecuados, indispensables para que sus sistemas inmunes los defiendan de
agentes como el mismo neumococo y el rotavirus.
Cifras de Planeación Nacional estiman, por ejemplo, que en el Chocó, cuyos
indicadores solo se comparan con naciones sumidas en la miseria, como Haití, se
mueren todos los años 40 de cada 1.000 nacidos vivos (21 más que el promedio
nacional) y solo dos de cada diez personas tienen acceso a agua potable. La
brecha entre pobres y no pobres no es solamente geográfica: las estadísticas
oficiales indican que en los estratos socioeconómicos más bajos del país
fallecen, proporcionalmente, 32 niños por cada 1.000 nacidos vivos, mientras
que en los de mejores ingresos la cifra es de 14 por 1.000.
Este panorama se explica, en parte, por el hecho de que en Colombia
persisten tasas altas de deficiencia de micronutrientes
y desnutrición crónica, tanto, que se calcula que el 36 por ciento de los
menores de 2 años están en situación de alto riesgo en esta materia, sobre todo
en las zonas rurales, en donde la proporción superaría el 50 por ciento.
Tampoco puede perderse de vista el hecho de que las coberturas de vacunación, a
pesar de los esfuerzos, todavía no alcanzan a ese 95 por ciento necesario, para
que, en términos de salud pública, sean absolutamente útiles.
Aunque el Ministerio de la Protección insiste en que estas han logrado
mantenerse por encima del 90 por ciento en los últimos años, lo cierto es que
en este aspecto también persisten desigualdades preocupantes: mientras en
Bogotá el 96 por ciento de sus niños están vacunados, La Guajira no llega al 70
por ciento, el Chocó apenas alcanza el 63 por ciento y departamentos como el
Quindío no llegan al 90 por ciento.
Así las cosas, las acciones en vacunación merecen ser destacadas, pero sus
logros se consolidarán en la medida en que haya participación activa y concreta
de otros sectores, distintos del de salud. No de otro modo el país podrá
cumplir a cabalidad con las metas que, en esta materia, públicamente, hace
tiempo se trazó