Germán Vargas pide explicar
contrato por 125 mil millones de pesos para asesorar a Minprotección
Por
cuenta de los decretos de Emergencia Social, el martes fue otro día de
tempestades para el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
El
mandatario tuvo que jugarse otra vez a fondo respondiendo inquietudes de los
pacientes, desde un 'call center', y sus contradictores acudieron a más formas
y argumentos para cuestionar su gestión en este campo.
A
primeras horas, el congresista Roy Barreras
(incondicional de Uribe) anunció que el Presidente ratificó su decisión de
reversar las multas contempladas en uno de los decretos ley, para los médicos
que se aparten de los estándares que se adoptarán para la atención de pacientes
y que ocasionen un daño económico al sistema de salud.
En
el artículo 31 del decreto 131 había quedado expreso que estas faltas
acarrearían sanciones económicas que oscilarían entre los 5 y los 25 millones
de pesos. Aunque esto había sido atenuado con el decreto reglamentario 358, el
Presidente consideró que, al no ser un punto sustancial de la reforma, no se
opondría a su derogatoria vía Congreso, como lo han solicitado la Academia
Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
José
Félix Patiño, vocero oficial de la Academia, manifestó que si bien el
Presidente se había comprometido a atenuar las "graves faltas cometidas
contra la autonomía médica por uno de los decretos, reiteramos nuestra postura
de que estas disposiciones sean derogadas".
Poco
después el Partido Liberal, durante un encuentro de líderes políticos con
expertos en el tema, responsabilizó al presidente Uribe de quebrar el
componente financiero de la salud.
La
senadora Cecilia López, quien reapareció en las filas liberales, aseguró que
Uribe es el responsable de esta crisis, porque desde que empezó su mandato
"se disparó el número de afiliados al régimen subsidiado, mientras que el
régimen contributivo, que es el que lo sostiene, quedó estancado".
El
ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, quien asistió
al foro liberal, dijo que los 16 decretos dictados bajo esta medida de
excepción son inconstitucionales, porque "no hubo un hecho sobreviniente que la justificara".
Poco
antes del mediodía, más de 200 pacientes con enfermedades huérfanas y de alto
costo -que consideran que su salud quedó en mayor riesgo tras la expedición de
los decretos-, se apostaron frente a la Corte Constitucional para exigir la
derogatoria de estas normas. Con ese propósito, radicaron 42 demandas de
inconstitucionalidad, respaldadas por 35 mil firmas.
La
Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia se pronunció
en el mismo sentido, de acuerdo con su decano, Álvaro Cardona.
En
la tarde el Presidente fue hasta un 'call center' de la Superintendencia de Salud para explicar,
desde una cabina, las implicaciones de las disposiciones contenidas en los
decretos. El mandatario arribó al lugar a las 3 de la tarde, y tras un breve
recorrido se instaló en un pequeño cubículo, se puso los audífonos y comenzó a
recibir quejas. La mayoría de ellas se refirieron a problemas de atención del
sistema de salud.
¿Qué
pasó con el Programa de Apoyo a la Reforma?
El
remate de la jornada llegó por cuenta de Germán Vargas, quien se ha convertido
en el más duro de todos los candidatos en sus críticas a la Emergencia Social.
Tras
denunciar la existencia de un contrato por 125 mil millones de pesos para
reestructurar el sistema de salud, y que calificó como "un gran
despilfarro", Vargas dijo que el ministro Diego Palacio "debe
contarle la verdad al país sobre cuál es el verdadero costo que ha tenido la
reforma a la salud en Colombia, que, por lo demostrado hasta hoy, ha sido un
total fracaso".
Vargas
Lleras llamó la atención sobre la presencia de Teresa
Tono, participante en varios contratos para reformar el sistema de salud, con
cuantiosos honorarios. Primero, en dos denunciados por él mismo la semana
pasada, por valor superior a 1.200 millones de pesos, y ahora en este último,
con unos ingresos cercanos a los 557 millones de pesos.
El
ministro Palacio, quien tenía previsto viajar a Medellín en la tarde, convocó
de inmediato a una conferencia de prensa para replicar al candidato
presidencial y desvirtuar sus acusaciones. Dijo que se trata de "un acto
de desespero electoral", porque el contrato mencionado fue suscrito hace
14 años.
"Este
contrato fue firmado doce años antes que cualquiera de los dos contratos a los
que ha hecho referencia, sin que estuviera este gobierno. Y cuando llega este
gobierno, le pide al BID que no lo termine y le pide continuarlo. Entonces se
terminó de ejecutar en agosto del 2008, cuando se presentó el informe final y
fue revisado por la Contraloría General", añadió el Ministro.
REDACCIÓN
POLÍTICA
REDACCIÓN SALUD