Universidades bogotanas piden
mano dura contra bares en los alrededores de centros educativos
Los
expendios de licor están a pocos metros de los campus.
Los
rectores de los campus reclaman que las autoridades distritales han hecho operativos y controles, pero los
establecimientos continúan allí.
A
casi un año y medio de firmado un acuerdo de voluntades entre las autoridades distritales, universidades, colegios y bibliotecas para
buscar una solución a la proliferación de expendios licor y sustancias sicoactivas en sus alrededores, el problema sigue intacto.
Esto llevó a las universidades bogotanas a iniciar una campaña informativa, con
avisos en medios de comunicación, para llamar la atención de las autoridades y
pedir acciones radicales. También realizan actividades
de promoción de hábitos saludables entre el estudiantado.
Las prohibiciones "están en un documento muy bonito pero hasta ahora no se
ha solucionado el problema", dice el padre Joaquín Sánchez García, rector
de la Universidad Javeriana.
"Las autoridades vienen y hacen operativos y actividades pedagógicas con
auxiliares bachilleres, pero nos falta mucho por recorrer todavía, porque los
establecimientos tienen influencias grandes", dice Ana María Novoa,
coordinadora de Salud y Calidad de Vida de la Universidad Central.
Para la Universidad Santo Tomás la situación es similar. De acuerdo con Javier
Mauricio Gaona, director de comunicaciones, "los
cierran y a la semana están abiertos con otra personería jurídica, y eso es lo
que hace que no esté bien regulada esta presencia de los bares y
discotecas".
Dependen del Congreso
Ante la falta de aplicación de las leyes vigentes, que ya prohíben la venta de
estas sustancias alrededor de instituciones educativas, de salud y de sedes
oficiales, la solución que ven las instituciones es la aprobación del proyecto
de Ley 179 del 2008, que ya tuvo un primer debate en la Comisión Sexta de la
Cámara de Representantes, pero se estancó.
El proyecto busca castigar la venta de bebidas alcohólicas y sustancias sicoactivas a menos de 200 metros de las instituciones
educativas con el cierre del establecimiento y multas para el arrendatario y el
dueño del predio hasta por 10 salarios mínimos.
REDACCIÓN VIDA DE HOY