Rectores de universidades
públicas defienden legalidad de contratos
Edgar
Varela Barrios, de la Universidad del Valle, Adolfo Miguel Polo Solano, rector
de la Universidad de Cundinamarca y Juan Manuel Quiñonez, Vicerrector de la Universidad del Cauca.
Afirman
que convenios interadministrativos con el Estado no son un negocio.
Los
rectores de las universidades públicas defendieron la legalidad de los
contratos que realizan con entidades del Estado y aseguran que la
"satanización" que se ha hecho de los mismos podría poner en riesgo
esta fuente importante de financiación.
A raíz del escándalo en que se vio involucrada Red Alma Máter por cuenta de un contrato con la Secretaría de
Educación de Bogotá para capacitar a los docentes del Distrito, las
instituciones les salieron al paso a las fuertes críticas sobre este tipo de
contratación y aseguraron que las universidades ofrecen calidad y capacidad
científica y académica al Estado en auditorías,
consultorías e interventorías.
"Los convenios interadministrativos de las
universidades están satanizados en el sentido de que estamos violando la Ley
80. Es urgente poner sobre el tapete una discusión con los entes de control
para que entiendan que tenemos un régimen especial de contratación contemplado
por la ley. No buscamos hacer negocio, estamos haciendo algo lícito",
dijo el rector de la Universidad de Cundinamarca,
Adolfo Miguel Polo.
"Les
he planteado a los rectores que no nos escondamos en este debate, pues con esta
actividad buscamos recursos y la posibilidad de una práctica académica para los
estudiantes", puntualizó.
El vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, Édgar
Varela, afirmó, por su parte, que le solicitarán a la Contraloría mejorar los
modelos de auditoría de estos contratos, de manera
que tenga en cuenta este régimen especial.
"La universidad tiene déficit de recursos y una manera de compensar
esta falencia es por medio de ingresos propios que en parte provienen de
contratos con el Estado", dijo.
Esta contratación, agregó el vicerrector de la U. del Cauca, Juan Manuel
Quiñónez, tiene estatutos incluso más severos que la Ley 80 y en varios casos
se recurre a la oferta pública en audiencias internas para seleccionar a las
personas de la institución que participarán en el contrato.
"Las licitaciones del Estado muchas veces tienen foto y nombre.
Hay modelos de contratación de la universidad pública más limpios que, incluso,
los gremios de la ingeniería han pedido que se adopten públicamente",
añadió.
Los rectores enfatizaron en que las universidades no deben ser auditadas como
un ministerio o una institución descentralizada, sino sobre la base de su
objetivo misional, es decir, la formación, la investigación y la proyección
social.
Abuso
de autonomía
Crítica
a fundaciones de apoyo
Los
rectores denunciaron el mal uso que algunas instituciones han hecho de la
autonomía al permitir la creación, en forma paralela, de fundaciones de apoyo
para tercerizar (subcontratar) ciertos servicios de
consultoría o interventoría para fines no misionales
y que resultaron, por ejemplo, en obras de infraestructura.
"Contratos
deben ir a un debate"
"Nuestro
nombre está muy lesionado. En 11 años no nos han declarado un incumplimiento ni
nos han impuesto una multa en los contratos que hemos realizado, pero para
muchos estamos condenados", dijo Germán Toro Zuluaga,
director ejecutivo de Red Alma Máter.
Afirmó que la organización va a continuar, a pesar de lo sucedido con la
Secretaría de Educación de Bogotá (que liquidó el contrato para capacitar a
docentes del Distrito), y consideró que esta experiencia es una oportunidad
para mejorar su oferta de servicios, con mayores estándares de calidad.
Reiteró, además, que los contratos interadministrativos
de las universidades públicas son legales y que es necesario un debate nacional
sobre los criterios con los cuales debe ejecutarse este tipo de contratación.
REDACCIÓN
EDUCACIÓN