El turno de Calisalud
Abril 11 de 2010
La intervención de
Calisalud, la única Empresa Prestadora de Salud de
carácter público que quedaba en Colombia, es otro ejemplo palpable de lo que el
clientelismo y la corrupción que arrastra consigo pueden causar a las entidades
oficiales destinadas a atender los servicios de las personas más necesitadas. Y
antes que polémicas, reclama el acuerdo de las autoridades que permita
responderle a sus más de 450.000 afiliados.
La
toma de posesión por parte de la Superintendencia estaba anunciada, y no en
épocas recientes. Según el informe que publica hoy El País, el primer aviso lo
realizó la Contraloría Municipal en el año 2007, cuando descubrió sus problemas
financieros y administrativos. Entonces se supo que allí ocultaban facturas de
las entidades hospitalarias mientras inflaban los cobros a las secretarías de
Salud de los municipios por atender pacientes del régimen subsidiado. Con ello
se trató de mostrar utilidades mentirosas, en tanto se disponía de Calisalud para hacer política.
Y se
cubrían decisiones como una licitación para adjudicar el suministro de drogas,
realizada en cinco días y entregada a una empresa que parecía creada con la
medida exacta. Tan grave fue la situación, que ante una nueva auditoría en el 2008 debió realizarse un acuerdo de gestión
con presupuestos muy claros para evitar lo que acaba de suceder. Fue el
resultado de una advertencia que la Contraloría envió a la gerente de la
entidad, donde descubría la verdad de la crisis. Pero la respuesta fue insistir
en maquillajes, aunque la solución era entonces la misma que ahora debe
producir la intervención. Es decir, inyectarle más de $10.000 millones para
darle la liquidez que requiere y poder atender su enorme y creciente pasivo, o
liquidarla.
Nada
se hizo. Y aunque la acción del Alcalde de Cali, de entregarle un edificio
fortaleció su patrimonio, no sirvió para darle el flujo de recursos que
necesitaba Calisalud para pagar sus acreencias. A lo
que no ayudaron su desorden administrativo y la táctica de algunas
instituciones hospitalarias que la obligaban a pagar dos y más veces el
tratamiento a un paciente. Y mucho menos, el que se hubieran tomado decisiones
como destinar $600 millones para “educar a los pacientes en el uso de Calisalud”.
Así,
el abuso de la entidad con fines clientelistas, el
desgreño administrativo y la corrupción, se confabularon para producir la
intervención “con fines de administración”, según aclaró la Superintendencia de
Salud. Queda la posibilidad de conseguir un socio para salvar la entidad, con
lo cual se evitarán perjuicios graves a sus 450.000 afiliados.
Es
una historia que se repite con frecuencia en Cali, arruinando sus empresas
públicas: Emsirva, Emcali y
ahora Calisalud. Y pese a que se descubren
irregularidades que lindan el código penal, no se castiga a los responsables de
esos desastres. Ojalá se encuentre la forma de salvar la EPS, distinta a los
balances inflados y los acuerdos de gestión que no se cumplen, mientras la
ciudad escucha de nuevo el gastado discurso populista que protesta contra una
intervención que la corrupción volvió inevitable.