El tumor que ‘mató’
a Calisalud
Por Luiyith Melo
García, Reportero de El País
La empresa maquilló sus balances,
dejó de pagar deudas y no cobró bien sus propias cuentas.
La intervención de Calisalud por el Gobierno Nacional
es otra crónica de intervención anunciada. Desde el 2007 cuando la Contraloría
halló serios problemas financieros y de administración que, incluso, tenían
alcance penal, la Superintendencia de Salud ha contemplado la liquidación de la
empresa.
También el senador Luis Élmer Arenas había advertido
que Calisalud fue convertida en un botín burocrático
y económico de algunos políticos que la desangraron y la llevaron a una
situación de insolvencia.
Hace dos años, la empresa se comprometió en un plan de mejoramiento que, según
la Supersalud, no fue suficiente para salvarla y
terminó en la intervención del pasado 5 de abril.
El País estableció que al menos tres grandes problemas llevaron al colapso a
esta entidad. El primero, no todas las facturas de proveedores que llegaban a
la EPS se radicaban y se tramitaban. Desde el 2004, muchas facturas no se
radicaban ni se sometían al trámite regular de pago dentro de la entidad, sino
que algunos funcionarios las guardaban o escondían. Esas cuentas que se
acumulaban, sin entrar al balance de Calisalud,
llegaron a sumar $14.500 millones.
Las cuentas correspondían a cobros que hacían hospitales e instituciones de
salud por servicios prestados a los pacientes de Calisalud.
Incluso habían facturas de alto monto del Hospital
Universitario del Valle que se represaban.
Un funcionario que reservó su nombre explicó que como no había plata con qué
pagar, “se ‘jineteaban’ cuentas”. Eso quiere decir que las facturas “se pagaban
por puchos”, es decir, se iban sacando poco a poco, de acuerdo a las
disponibilidades de presupuesto, pero podían demorar años.
En las cuentas de Calisalud no se reflejaba este indebido
manejo de las facturas, por cuanto las mismas no se llevaban a los estados
financieros ni se provisionaban.
Un segundo problema fue que las cuentas por cobrar de Calisalud
a entidades como la Secretaría de Salud de Cali y secretarías de otros municipios
eran infladas.
En efecto, la entidad reportó en el 2007 que a su favor tenía cuentas por
cobrar por $15.000 millones. Sin embargo, cuando la Contraloría liquidó los
contratos, éstos sólo sumaban $7.600 millones. Eso quiere decir que habían $7.400 millones en cuentas por cobrar que no eran
ciertos, que era plata inexistente y debía ajustarse en el balance.
Y, en tercer lugar, Calisalud recibió glosas en sus
cuentas de cobro por $4.600 millones. Es decir, a la entidad le rechazaban
algunas cuentas por cualquier razón (no estaban bien sustentadas, faltaba un
número de cédula o algún documento), pero no las provisionaba
en sus estados financieros. Finalmente, con anuencia de su Junta Directiva las
reclasificó como cuentas de difícil cobro.
Adicionalmente, para el año 2007 se radicaron ante Calisalud
cuentas de hospitales y entidades prestadoras de servicios médico asistenciales
por valor de $19.456 millones, las cuales no tenían registros presupuestales. Eso, sumado a $10.563 millones de cuentas
por pagar (provisionadas y no provisionadas),
dio que en realidad Calisalud tenía deudas por pagar
en el 2007 por un monto total de $30.019 millones.
Sin embargo, para cubrir esas deudas sólo disponía de $8.033 millones (de los
cuales sólo tenía en bancos $1.471 millones, los otros $6.562 millones eran
cuentas por cobrar), lo que significa que al cierre de ese año Calisalud presentaba un déficit del orden de $21.986
millones.
En ese momento, la Contraloría advirtió que el déficit tendía a incrementarse
porque aún había cuentas pendientes por recibir de la vigencia del 2007,
estaban las cuentas glosadas por $4.600 millones y el pago de conciliaciones y
sentencias fruto de procesos judiciales contra Calisalud.
En efecto, en el 2008 la entidad apropió $6.614 millones para pagar sentencias
que le sobrevinieran, pero los recursos fueron insuficientes. A marzo 31 de ese
año ya se había ejecutado el 85% de ese presupuesto, dada la cantidad de
tutelas y reclamos judiciales que hacían afiliados y acreedores de Calisalud.
Es de anotar que por sentencias judiciales, la entidad había sido obligada a
pagar $14.593 millones en el 2007.
Pero no sólo este rubro fue agotado temprano en el 2008. El presupuesto general
de Calisalud para ese año, aforado en $80.950
millones, se comprometió en un 90% durante los primeros tres meses de ese año,
lo que en adelante limitó su capacidad de gestión.
Según la Contraloría, “eso refleja falencias en el ámbito administrativo y
ausencia de controles que permitan ejecutar un corte de facturación adecuado
por falta de provisiones presupuestales reales”. Es
decir, había una gestión deficiente en esa entidad.
El maquillaje
Todo este manejo irregular que hizo la administración de Calisalud
durante varios años fue conocido por la Junta Directiva de la EPS caleña, a la
que el 22 de octubre del 2007 se llevó una dudosa propuesta para presentar un
balance positivo que impidiera que la Superintendencia de Salud le negara su
habilitación para seguir operando.
Así lo evidencia el acta de Junta número 08 que está en manos de la Fiscalía
Seccional desde mediados del 2008 para la investigación penal del caso.
En dicha reunión, la entonces gerente de Calisalud,
Gloria Elena Arizabaleta, presentó los estados
financieros con corte a septiembre 30 de 2007 diciendo que “la entidad alcanzó
una utilidad de $58.525.000”.
Ese resultado, sin embargo, no era real porque los estados financieros de
la empresa no estaban ajustados, toda vez que se incluían $4.612 millones que
figuraban como cuentas por cobrar a favor de Calisalud,
los cuales eran realmente inexistentes.
Las cifras 125 por ciento era el endeudamiento de Calisalud
al 2007. -14,2 mil millones era su margen de solvencia. 0,55 por ciento era su
margen de liquidez. 21,9 mil millones de pesos era el déficit
Eso quiere decir que si se hubiera hecho el ajuste financiero respectivo --como
debió hacerse--, el balance de Calisalud para esa
fecha (septiembre del 2007) no habría dado ganancias como lo presentó su
gerente, sino pérdidas por más de $4.500 millones.
Con el fin de evitar esa pérdida, que ponía en riesgo la habilitación y
continuidad de Calisalud como EPS, Arizabaleta propuso, entonces, a la Junta Directiva, que el
ajuste financiero se hiciera gradualmente, en 36 meses, con amortizaciones de
$128 millones mensuales, “como estrategia de cierre fiscal para consolidar la
política de depuración de los estados financieros y entregar a diciembre 31 de
2007 una empresa sólida”, indicó, según el acta de Junta Directiva.
Sin embargo, el entonces alcalde Ramiro Tafur Reyes,
quien estaba en la reunión, cuestionó que “¿cómo se va a ajustar una utilidad
acumulada que no está en físico? ¿Cómo se hace para bajarla o quitarla?... se
hace un cruce de cuentas de algo que no entró, no se tiene claridad contable”.
Tafur preguntó posteriormente “¿por qué tanto
tiempo?” para realizar un ajuste de los $4.612 millones en 36 meses. La gerente
Arizabaleta respondió, según el acta, que “la
propuesta se presenta teniendo en cuenta el impacto que podría tener el ajuste
al patrimonio mínimo exigido por la Superintendencia Nacional de Salud, como
requisito de habilitación financiera. De hacer el ajuste en su totalidad o a
menor tiempo, entraríamos en causal de liquidación”.
El secretario de Salud de entonces, Floro Hermes Gómez Pineda (quien presidía
la reunión de Junta), pareció avalar la propuesta de la gerente. Enseguida
manifestó --según el acta--, que “en vigencias anteriores en Calisalud EPS se sostuvo un ‘cañazo’ para poder cumplir con
los 10.000 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes)” requeridos como
patrimonio para poder funcionar.
Agregó, según el acta, que “la Superintendencia al hacer el cruce (de los
estados de resultados de la EPS con el ente territorial Secretaría de Salud),
al revisar esto no va a encontrar falencias de acuerdo a lo anterior”.
Pero la situación no era nueva, porque la misma gerente Arizabaleta
reconoció en la discusión que “desde el 2002 se han venido realizando esta
clase de ajustes a tres años por situaciones de este tipo”.
A todo lo anterior, el alcalde Tafur señaló que
“cuando se es responsable y ve que las cosas no cuadran lo mejor es cerrar” y
propuso “llamar al superintendente José Renán
Trujillo, explicar qué se tiene, el buen servicio que se presta, los usuarios
contentos, pero informando también las falencias, entonces cuando llegue el
nuevo alcalde se le informa cómo está la situación para así tomar una decisión
y no darle vueltas al asunto”.
Según los expertos, el tipo de ajuste contable y financiero que se propuso no
es correcto, porque los estados financieros de una empresa deben reflejar la
realidad de lo que está pasando con sus ingresos y egresos. Hacer lo contrario
es maquillar un balance, agregan.
La advertencia
Al evidenciar la crisis financiera de Calisalud y
hallar una especie de ‘concierto’ para maquillar sus estados financieros, la
Contraloría Municipal, que adelantaba ya una segunda auditoría
sobre esa EPS, envió el 13 de mayo del 2008 una acción preventiva a la gerente
que para entonces era Oriana Carvajal.
En dicha acción la contralora Alma Carmenza Erazo le advirtió a Calisalud, al alcalde Jorge Iván Ospina
y al entonces presidente del Concejo, José Luis Pérez, sobre “el posible
incumplimiento de disposiciones legales” y le solicitó que adopte “los
correctivos necesarios que permitan mitigar el riesgo de incurrir en conductas
punibles y disciplinarias”, dado que las cifras de sus balances estaban
alteradas.
En efecto, mientras Calisalud reportaba al final del
2007 un superávit presupuestal de $5.897 millones y otro de tesorería por
$3.559 millones, la Contraloría encontró que en realidad la empresa lo que
tenía era un déficit presupuestal de $21.985 millones.
La razón de esta diferencia es que Calisalud no incluyó
en su contabilidad provisiones (deudas por pagar) por valor de $24.699
millones. Al eliminar este abultado pasivo entonces presentó un superávit
ficticio.
Al ver los indicadores de la entidad y evidenciar que su insolvencia crecía, el
7 de octubre del 2008, la Superintendencia de Salud condicionó la habilitación
de Calisalud como EPS al mejoramiento de su situación
financiera.
El 21 de noviembre del mismo año, mediante resolución 1645, la Supersalud le dio seis meses a Calisalud
para mejorar su patrimonio y su solvencia financiera y exigió un plan de
mejoramiento de gestión. Este se presentó, pero, al parecer, no se cumplió. Y
llegó la intervención.
Un contrato de medicamentos
Calisalud celebró el contrato 455 del 2008 para el
suministro de medicamentos con la firma comercial Distritodo
Medical S.A. que, según el senador Luis Hélmer
Arenas, “presentaba extrañas actuaciones que hacían dudar de su transparencia”.
Una, es que la convocatoria se abrió el 8 de mayo de 2008 a las 8:00 a.m. y se
cerró el 13 de mayo a las 11:00 a.m. Los pliegos definitivos sólo se publicaron
el mismo 8 de mayo.
Las Empresas Sociales del Estado, Eses, de Cali habían anunciado su intención
de participar bajo la figura de unión temporal, ya que unidas tenían cobertura
del 100% del municipio y contaban con sitios propios para distribuir
medicamentos.
Sin embargo, los funcionarios de Calisalud les
negaron reiteradamente información manifestando que no conocían los términos de
referencia.
Sólo el viernes 9 de mayo de 2008 recibieron una llamada diciéndoles que podían
consultar los términos para una propuesta que debían presentar el martes
siguiente 13 de mayo antes de las 11:00 a.m.
La firma ganadora modificó su razón social a Distritodo
Medical S.A. el 14 de mayo de 2008, un día después de la adjudicación. La firma
participante Distritodo era representada hasta el 14
de abril por Francisco Aristizábal. antiguo representante propietario de Dimerco
que distribuía aguardiente a la Licorera y había sido sancionada por la Gobernación.
Su experiencia en la distribución de medicamentos y proceso de inscripción
fueron cuestionados por Arenas.
Las medidas no fueron suficientes
Ante la advertencia de la Contraloría y el posterior ultimátum de la
Superintendencia de Salud, la Administración Municipal decide trasladarle a Calisalud el activo del edificio donde funciona la entidad
en el barrio Versalles. El edificio estaba avaluado
en $5.000 millones y con ello podría subir su patrimonio a más de 10.000
salarios mínimos mensuales legales, que es uno de los requisitos que exige la Supersalud para habilitar las EPS.
El traslado se hizo mediante acuerdo 0259 de abril del 2009 aprobado por el
Concejo. Sin embargo, Calisalud seguía teniendo
problemas de liquidez. No disponía de caja para pagar sus deudas y tanto el
Hospital Universitario del Valle como 14 instituciones de salud de sendos
municipios del Valle le habían cerrado sus puertas a la atención de sus 450.000
afiliados.
La entidad necesitaba de una inyección de capital superior a $10.000 millones
para mejorar su caja. Además, debía revisar los términos de contratación con
los hospitales que le hacían doble cobro por un paciente cuando era ‘trasteado’
de una institución a otra.
Ese fue uno de los cambios que la gerente Oriana
Carvajal le propuso a los hospitales: pagarles por evento (atención completa de
un paciente) y no la multiconsulta que se le hacía
por las remisiones, otro de los factores que afectaban las finanzas de la
entidad.
Al término de la ejecución financiera del 2009, a Calisalud
le tocó depurar sus estados financieros, incluir las facturas y todas las
deudas represadas y entonces aparecieron las millonarias pérdidas. Esto, sumado
al riesgo de desatención del casi medio millón de afiliados de la EPS, provocó
esta semana la intervención de la Supersalud, que
aclaró el viernes que la toma de posesión es con fines correctivos y no de
liquidación.
En pocas palabras
"No hubo plan estratégico y financiero en la actual administración ni
antes y aunque crecieron los usuarios, los gastos tam-
bién subieron. Jaime Gasca,
concejal.