Lo que le dejó el tránsito
de legislatura a la educación superior
Por:
Miguel Silva Moyano, Politólogo, Universidad Nacional
de Colombia
Con el inicio de la nueva legislatura en el Congreso de
la República el pasado 20 de julio del 2011, algunos proyectos de ley sobre
educación superior y ciencia y tecnología tuvieron que ser archivados, dando
cumplimiento al artículo 190 de la Ley 5 de 1992. El país sigue expectante a
que en el actual periodo legislativo se entreguen resultados contundentes en
temas como la adecuada financiación de las universidades públicas y un
verdadero fomento a la investigación.
Uno
de los proyectos engavetados por tránsito de legislatura fue radicado1
por la ex ministra de Educación, Cecilia María Vélez, pocos días después de la
instalación del nuevo Congreso de la República (20 de julio del 2010), y justo
antes de culminar el mandato presidencial de Álvaro Uribe (7 de agosto del
2010). Este planteaba una reforma a la financiación de las universidades
públicas al incrementar su base presupuestal, así: el 1% sobre el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) en el 2012, el 2% en el 2013 y el 3% entre el 2014
y el 2019. Pero, con la salida del gobierno Uribe, la suerte estaba echada y la
supervivencia de esta iniciativa dependía de la voluntad del Presidente Juan
Manuel Santos.
El 13 de septiembre del 2010, Carlos Ferro, senador del Partido de la U,
presentó en la Comisión Sexta una ponencia positiva al proyecto de ley. Una
semana después, a solicitud del mismo congresista, el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, emitió
también un concepto favorable, señalando que la iniciativa se ajustaba al marco
fiscal de mediano plazo, hoja de ruta en cuanto a la disponibilidad de
recursos. Para entonces, parecía que la reforma promovida por el gobierno Uribe
no tenía marcha atrás.
Sin embargo, a pesar de que la administración actual nunca atacó directamente
dicho proyecto, en conjunción con la Comisión Sexta de Senado, lo dejó morir.
Ni la mesa directiva de esta comisión, presidida por el senador del Partido de
la U Plinio Olano, ni el senador ponente del mismo
partido, Carlos Ferro, insistieron en realizar el primer debate a la
iniciativa. Un año después, la reforma fue archivada por tránsito de
legislatura, allanando así el terreno para el trámite de la nueva propuesta
gubernamental de reforma, sometida a discusión abierta el pasado 10 de marzo.
El
espectro de temas se amplió y retomó algunos puntos financieros de la ex
ministra Vélez, a pesar de la oposición de rectores de las universidades
públicas. Contrario a lo que se esperaba, la reforma a la Ley 30 de 1992 no ha
sido entregada al Congreso de la República, incluso a pesar del llamado a los
congresistas para que presentaran sus proyectos al inicio de la segunda
legislatura el 20 de julio del 2011. El tiempo sigue pasando y, al parecer, el
Ministerio de Educación espera encontrar el momento propicio para iniciar el
trámite en el Congreso.
Mientras el país está pendiente de la radicación de la reforma, surgen una
serie de inquietudes: ¿Cuál será el papel de las nuevas mesas directivas de la
Comisión Sexta del Senado, presidida por Olga Lucía Suárez Mira del Partido
Conservador, y de la Comisión Sexta de Cámara, presidida por el representante
José Caicedo del Partido de la U?, ¿cuál será el papel de las bancadas que
componen la llamada mesa de unidad nacional? Con el control de las mayorías
absolutas en las comisiones y en ambas cámaras, ¿la aprobación del proyecto de
ley será cuestión de simple trámite?
Sobre la nueva legislatura
Con el ingreso del Partido Verde a la coalición de unidad nacional, el
Presidente Juan Manuel Santos garantizó el control del 85% de la Cámara de
Representantes y el 78% del Senado de la República. Estas cifras son relativas
si se tiene en cuenta, por un lado, que pueden disminuir por los conatos de
división que suelen protagonizar algunos congresistas de los partidos
Conservador y de la U, y por el otro, que pueden aumentar dado el apoyo
vergonzante, pero permanente, del Partido de Integración Nacional (PIN), que en
el Senado tiene una participación cercana al 9% y en la Cámara de
Representantes del 5%.
En las comisiones sextas, en donde debe iniciar el trámite del proyecto de
reforma, las mayorías de la unidad nacional siguen siendo aplastantes. En la
del Senado controlan el 69% de la votación, mientras en la Cámara tienen el
89%. No obstante, se debe insistir en que estos porcentajes de participación
son relativos, tanto por las razones expuestas anteriormente como por un
elemento adicional: en las comisiones constitucionales, donde se presenta el
primer debate a los proyectos de ley, se dan encarnizadas discusiones que ponen
a prueba la solidez de las bancadas. Ante esto surge otra pregunta: ¿Apoyarán
el posible nuevo proyecto de ley aquellos congresistas que en el pasado se
opusieron a la reforma a la Ley 30 y obtuvieron su escaño gracias a las
movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación pública?
Además de dejar archivar sigilosamente el proyecto de reforma a la Ley de Educación
Superior, promovido en las postrimerías del gobierno Uribe, otras iniciativas
que también conciernen a la educación superior sucumbieron al archivo del
tránsito de legislatura: el Proyecto de Ley 101 de 2010 de Senado, “por medio
del cual se protegen los derechos adquiridos por los estudiantes universitarios
y se dictan otras disposiciones”, y el 38 de 2009 de Senado (237/11 en Cámara),
“por medio del cual se garantiza la educación de posgrado
a los 50 mejores promedios académicos graduados en las instituciones de
educación superior (IES) públicas”. Estos proyectos podrían ser revividos por
sus autores y ponentes, volviéndolos a presentar, pero hasta el momento no
están en el plan de los congresistas.
Entre otros temas pendientes se encuentran el Proyecto de Ley 192 de 2010 de
Senado, “por el cual se organiza el servicio público de la educación abierta y
a distancia”, y el 185 de 2011 de Cámara, “por medio del cual se establece el
pago de las pasantías y prácticas empresariales a los estudiantes de educación
superior”. A esta lista habrá que sumar, por un lado, el proyecto de la
ministra de Educación, María Fernanda Campo, y por el otro, aquel que
reglamentará la reforma a las regalías, en donde una porción de recursos están
destinados a ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál será la posición de los
congresistas por los que cada uno de nosotros votó en los temas mencionados?
1
Congreso de la República. La Gaceta 474 de 2010, 2 de agosto.
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