El
Gobierno, a través del Superintendencia de Salud, acaba de notificar a las IPS
y EPS que “no puede haber barreras injustificables” para garantizar el derecho
de la mujer a abortar en los tres casos que estableció la Corte Constitucional.
El superintendente, Gustavo Morales, le dijo a EL TIEMPO que ese derecho “debe
ser garantizado”.
Antes
de ser superintendente, Morales era magistrado auxiliar de la Corte
Constitucional. Fue también asesor de la Presidencia de la República y de los
ministerios de Hacienda y de Transporte.
El
Superintendente dijo que, además de Solsalud, hay 4
EPS en liquidación por negligencia y mal servicio. Agregó que toda institución
a la que se le compruebe reiterado incumplimiento será sancionada con la
revocatoria de la habilitación para funcionar. Es inminente una sanción de ese
tipo.
Denunció
también una indebida injerencia de políticos en la salud. Con el tema de las
EPS se abrió la entrevista:
¿Qué hacer para que las EPS no dejen morir a
la gente por falta de atención?
No
es bueno generalizar. Hay EPS en los dos regímenes que son responsables y
cumplen, y se hacen a diario millones de procedimientos médicos de calidad. Hay
problemas de flujo de recursos, incentivos y suficiencia de red.
¿Cómo hacer para que ninguna EPS funcione sin
tener IPS que no atiendan a sus afiliados?
Creo
que es importante que las EPS puedan tener una red propia de atención primaria,
esencial para la gestión del riesgo.
Pero la reforma prohíbe la integración
vertical…
No
siempre. Ha sido uno de los temas más debatidos en las audiencias.
¿Está usted vigilando adecuadamente las EPS?
Hay
razones históricas que dificultan la tarea. Primero, solo tenemos oficinas en
Bogotá; segundo, dependemos mucho de la vigilancia de lo financiero y de lo
contable; nos cuesta trabajo ir a las regiones a ver qué pasa. Por eso, en la
reforma se propone facilitar los convenios con entidades territoriales y
próximamente abriremos oficinas regionales concentradas en la atención al
usuario. El mes entrante vendrá una reestructuración de la Superintendencia.
¿En qué consiste esa descentralización?
Haremos
convenios para delegarles algunas de las funciones de vigilancia a las
secretarías departamentales.
¿En qué ciudades se abrirán esas
dependencias regionales?
Vamos
a abrir oficinas propias que puedan atender a usuarios. El principal
instrumento de vigilancia son las quejas de usuarios. Las abriremos en La
Guajira, Chocó, Nariño, Meta y el Eje Cafetero. Será el comienzo.
¿Por qué hay tanta queja por el mal
funcionamiento de las EPS en Bogotá?
Por
el alto costo de los servicios médicos en Bogotá. A esto se suma que su
población tiende a usar más el sistema de salud. Muchas EPS decidieron
retirarse de la capital. Eso ha llevado a una transición difícil, que se viene
superando.
¿Cómo podrían reducirse las quejas?
Es
necesario aplicar contramultas cercanas al tope
legal, que es de 1.500 millones de pesos. Y, en ocasiones, es necesario aplicar
la sanción de revocatoria de la habilitación para funcionar, que se debe
imponer cuando hay multas reiteradas.
¿Por qué no aplica eso?
La
Superintendencia ha aplicado esa revocatoria en el pasado reciente. En los
próximos días se conocerá una nueva sanción de este tipo.
¿Qué ocurrió con el caso de Comfacundi, en el que murió un paciente mayor en la puerta
del hospital, esperando atención?
La
investigación avanza en primera instancia. Se están practicando pruebas. No
puedo opinar para no recusarme, pero ese es el típico caso en el que, de
demostrarse negligencia de la entidad vigilada, opera la revocatoria del
permiso.
¿Esa EPS existe todavía?
Sí
existe.
¿Usted está dispuesto a aplicar eso con
rigor?
Si
se demuestran omisiones de las entidades vigiladas, sí.
¿La negligencia ocurre en la EPS o en la
IPS?
Pueden
ocurrir en una, en la otra o en ambas, pero también hay negligencias en el
autocuidado, la automedicación o las conductas en el hogar.
¿Cuántas EPS están en liquidación?
En
liquidación forzosa ordenada por la Supersalud,
cinco: Calisalud, SelvaSalud,
SaludCóndor, EmdiSalud y,
ahora, Solsalud. La mayoría de los afiliados han sido
trasladados a otras EPS. También hay liquidaciones voluntarias.
Este tema de la liquidación de EPS que no
cumplen con su función se viene anunciando desde cuando la Supersalud
estaba manejada por políticos. ¿Ha sido muy difícil desmontar ese manejo?
Sí,
ha sido muy difícil. Yo dedico buena parte de mi tiempo a atender a
congresistas, gobernadores y alcaldes que tienen interés genuino y legítimo en
ese tema. Sin embargo, en el caso de las EPS hay algo muy curioso: las EPS, por
regla general, son privadas, pero cuando la Superintendencia las interviene, de
un momento a otro resultaban manejadas por los políticos. Era una especie de
estatización del sector privado por la puerta de atrás.
Por ejemplo…
Selva
Salud, una EPS del Putumayo. En este caso removí al interventor por razones
administrativas. Me sorprendió la reacción política cuando tomé esa decisión.
Hubo protestas fuertes de los partidos políticos que tenían influencia sobre
esa EPS. Se relacionaban con ella como si fuera una entidad pública que hacía
parte del ajedrez político. Es como si el Superintendente Financiero hubiera
tenido que consultar a los partidos para intervenir Interbolsa,
por ejemplo.
¿De qué manera los políticos usan las EPS?
Me
consta que lo llamativo es que entidades privadas despierten el interés de
algunos partidos políticos. En algunos casos puntuales, sí hemos detectado
relaciones indebidas entre EPS intervenidas y la red de prestadores en
contratos, en precios, en justificación de las facturaciones.
En el caso de Solsalud,
¿qué fue lo que ocurrió con los senadores Roy Barreras y Karime
Motta? ¿Enviaron recomendaciones?
Hojas
de vida llegan todo el día, de todas partes. Lo importante es qué hace uno con
esas hojas de vida y qué méritos tienen los candidatos. En este caso, lo
llamativo es lo que ya expliqué: el interés de la política en hacerse al
control de lo privado.
¿Pero es cierto que le enviaron hojas de
vida para Solsalud?
Sí.
Mi desacuerdo cordial con el senador Barreras es que nunca logré entender cuál
era el interés de un partido o grupo político en una entidad que no hace parte
del engranaje necesario para cumplir el plan de gobierno. Me preocupa, en todo
caso, que el debate menor de las hojas de vida opaque el debate de fondo sobre
la reforma de la salud. Pero hay cosas que, a pesar de ser políticamente
incorrectas, debo decir como Superintendente.
¿Cuántas EPS hay en el país?
Son
72. Pero, si se aprueba la reforma de la salud con el esquema de gestores
regionales, se van a reducir sustancialmente.
¿La reforma, acaso, no acaba con las EPS
como aseguradoras?
Crea
una nueva figura en la que los llamados “gestores”, con reglas más claras,
asumirán el papel de administradores de riesgos que hoy tienen las EPS, pero
dejan de manejar el aspecto financiero del modelo.
¿Cuál es el futuro de Saludcoop?
Antes
del 11 de mayo se debe tomar una decisión. La Superintendencia le ha propuesto
al Gobierno que la intervención forzosa para administrar, que cumple ya dos
años, se prorrogue un tiempo más.
¿Por qué motivos?
Varios:
a pesar de los problemas serios que afronta la EPS, tenemos la percepción de
que sus casi cuatro millones de afiliados están en general bien atendidos, y
por eso no es prudente la liquidación en este momento.
¿Y los problemas financieros?
No
se han superado los problemas financieros ni los contables. De ahí la propuesta
de prorrogar la intervención. Hay muchas discrepancias entre lo que los
administradores de Saludcoop le decían a la ‘Súper’ y
lo que encontramos. Existen problemas de transparencia corporativa que estamos
desenredando. La EPS es dueña de más de veinte empresas, dos de las cuales son
también EPS: Cafesalud y Cruz Blanca. Además tiene
una corporación que maneja 180 clínicas. Para que el Estado pueda dilucidar la
maraña, se requiere más tiempo y un trabajo con Supersociedades y Supersolidaria.
¿Queda claro que es imposible liquidar Saludcoop…?
La
liquidación solo debe operar cuando no se ponga en riesgo a los afiliados. Es
una empresa querida por sus usuarios, sus empleados tienen mística y no le va
mal con la prestación. Pero debe cumplir una orden de restitución de liquidez
al sistema –impuesta por la Supersalud y avalada por
el Consejo de Estado– y aclarar su realidad contable
y corporativa.
¿La posibilidad de que Saludcoop
sea devuelta a sus dueños no existe?
Su
administración anterior no da confianza. No fue transparente con las cuentas.
Su administrador principal, el doctor Palacino, fue
sancionado por la Procuraduría por falta de claridad en las cuentas, pero él
sigue teniendo mucha influencia en las organizaciones dueñas de Saludcoop, que son cooperativas.
¿Son las cooperativas las dueñas de Saludcoop?
Sí.
Son 27 organizaciones cooperativas: La Equidad, la cooperativa de pilotos de Avianca, la cooperativa de profesores de la Universidad
Nacional, la cooperativa Juan N. Corpas, etc. Las reglas de propiedad y de
control no son claras y ha sido muy difícil desenmarañar la madeja. Las reglas
del cooperativismo son muy difíciles de comprender. A mí me abruman.
¿Cómo están funcionando las 180 clínicas de Saludcoop?
Sentimos
que se ha deteriorado la calidad de la atención. A nuestro interventor, el
doctor Castro, se le han planteado barreras para participar en la junta de la
corporación que las maneja, y se han hecho maniobras para diluir la participación
de la EPS en ella.
Tema final: ¿cuál es la posición de la Supersalud sobre el aborto y la forma como el sistema de
salud debe encararlo?
Acabamos
de expedir una circular que precisa y recopila las reglas que deben aplicar las
IPS y EPS para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
en los casos autorizados por la Constitución (violación, malformación grave del
feto y peligro de salud de la madre). En estos casos no puede haber barreras
injustificadas para el ejercicio del derecho.
¿Y cuál es su opinión sobre la posición del
procurador general?
Ya
respondí.
YAMID
AMAT
Especial para EL TIEMPO