Determinó
que "tras indagar sobre el funcionamiento del mercado del aseguramiento a
la salud", encontró méritos para investigar formalmente a las empresas y a
sus representantes legales.
La investigación pretende establecer si dichas organizaciones incurrieron en
la realización de acuerdos para fijar directa o indirectamente los precios,
afectar los niveles de prestación de los servicios y/o falsear u ocultar
información que impida la debida transparencia en el mercado,
"contrariando lo dispuesto en el Decreto 1663 de 1994 y el Decreto 2153 de
1992".
La Superintendencia notificó ayer del acto administrativo a cada uno de los
involucrados, quienes tendrán ahora derecho a solicitar o aportar pruebas.
En ese sentido, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se pronunció, señalando que una vez conocida la
apertura de la investigación, inició un proceso de recolección y análisis de
toda la documentación relacionada, aclarando que el plazo para dar respuesta
aún no se ha vencido.
Además, ratificaron que darán las explicaciones necesarias para demostrar que
sus actuaciones han estado ajustadas a la ley.
"Reiteramos que nuestra gestión gremial tiene como único propósito la
defensa del sistema en beneficio de la población colombiana y de los legítimos
intereses de las EPS", señaló el comunicado oficial del gremio.
EL TIEMPO intentó comunicarse con Juan Manuel Díaz-Granados, vocero del Acemi pero no se obtuvo respuesta.