Subsidios, un ¿mal necesario?
Octubre 25 de 2009
Aunque es una
obligación del Estado, a veces estas ayudas no llegan a los que más las
necesitan.
Politización. Según la oposición,
en los consejos Comunales de Gobierno, el presidente Álvaro Uribe se dedica a
entregar subsidios asistencialistas con fines
políticos.
Redacción El País,
Bogotá
Tras el escándalo
de corrupción que se generó por el desvío de millonarios recursos del programa
Agro Ingreso Seguro (AIS) hacia familias adineradas de la Costa Atlántica, en
el país quedó la sensación de que lo mismo podría estar ocurriendo con todos
los subsidios que entrega el Gobierno a la población más pobre y vulnerable.
Aunque
AIS es un estímulo económico para el sector agrario que busca fomentar la
producción alimentaria y generar empleo rural, es
evidente que el Estado no dispone de las herramientas necesarias para detectar
quiénes se benefician innecesariamente de él.
Parece
lógico, si se considera, por ejemplo, que sólo Familias en Acción tiene una
cobertura de cinco millones de beneficiarios. “Es posible que existan algunos
‘colados’, pero ese cruce de información apenas se está tabulando”, explica un
funcionario de la entidad.
En
las recientes concentraciones de desplazados en Bogotá, el ex director de
Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, puso las denuncias penales del caso, pues se
comprobó una especie de ‘carrusel’ de falsos desarraigados que iban de ciudad
en ciudad reclamando las ayudas.
En un
programa como el Sisbén, que define quiénes reciben
subsidios en salud y educación, Planeación Nacional detectó en su última
actualización a más de 215.000 ‘colados’ entre los 23 millones de beneficiarios
de estratos 1, 2 y 3. Según la entidad, entre ellos hay, incluso, personas de
estratos 5 y 6.
Sin
embargo, la verdadera polémica no está tanto en quiénes o cuántos colombianos
le hacen ‘conejo’ al Estado aceptando ayudas que no necesitan, sino en realidad
cuál es el impacto de esta política en el modelo económico del país.
Los
expertos no descartan que estas ayudas directas pudieran terminar prestándose
para manipulaciones políticas especialmente en las regiones más apartadas del
país en las que algunos dirigentes, alcaldes y gobernadores presentan como
suyos logros que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Nacional.
En
ese sentido, José Fernando Arias, director de Desarrollo Social de Planeación
Nacional, explica que “constitucionalmente el Estado está llamado a brindar
atención a la población en condición de pobreza o vulnerabilidad”.
Según
el funcionario, la política social es una amplia gama de programas tendientes
no sólo a reducir los índices de pobreza sino, fundamentalmente, al
fortalecimiento del capital humano, a la universalización de atención de
necesidades básicas insatisfechas y al diseño de estrategias que permitan la
focalización del gasto público.
Lo
que es peor, al decir de los expertos, es que el asistencialismo
persé tal como se está ejecutando afecta, incluso, al
mismo aparato productivo del país pues quienes reciben esta ayuda terminan
acostumbrándose a ellas y, por tanto, aumentando la informalidad laboral.
Ejemplo
de ello es Rosaura Morales -nombre cambiado a petición de la fuente-,
desplazada de Natagaima (Tolima).
Llegó a Bogotá, se casó y tuvo dos hijos por los que recibe desde hace tres
años apoyo monetario: $100 mil mensuales para la educación de sus hijos y $40
mil adicional para alimentación.
Hoy
Rosaura estudia una carrera técnica, tiene un trabajo informal y su esposo
labora para una empresa. Pero Rosaura admite que “el subsidio es parte
importante de nuestros ingresos”.
¿Política
de corto plazo?
Los
analistas consideran que el modelo asistencialista
constituye un importante paliativo frente a la pobreza y la inequidad en la
distribución del ingreso. Sin embargo, advierten que debe tener unos límites en
el tiempo.
Alejandro
Gaviria, decano de Economía de la Universidad de Los Andes y ex director de
Planeación Nacional, sostiene que “los programas asistencialistas
pueden generar dependencia”.
Y
agrega que, incluso, se afecta la formalidad laboral porque los subsidios en
dinero o en especie “se convierten en una forma de rebusque adicional”.
Al respecto,
dicen los analistas, muchos beneficiarios en salud del Sisbén
dejan de hacer aportes al régimen contributivo cuando ingresan al mercado
laboral formal (ver nota anexa).
De
acuerdo con Ricardo Bonilla González, del Centro de Investigaciones para el
Desarrollo de la Universidad Nacional, programas asistencialistas
son los subsidios en salud, educación, vivienda, Familias en Acción y todos los
integrados a la Red Juntos de Acción Social de la Presidencia de la República.
“Son
aportes estatales que ayudan a solucionar inconvenientes de corto plazo pero no
resuelven las necesidades estructurales de una familia. Lo que se necesita es
solucionar los problemas de empleo e ingreso”, dice.
"Los programas asistencialistas
pueden generar dependencia, fiscalmente son costosos y pueden tener ciertos
efectos políticos”. Alejandro Gaviria, ex director del DNP.
El problema está
en la focalización de los recursos, según el economista César González Muñoz.
“Si no se resuelve primero esa cultura malsana que existe en nuestra sociedad,
cualquier cosa que haga el Estado se convierte en un peligro de corrupción.
Pero en este país hay millones de pobres a quienes el Estado tiene que
ayudarles. No se puede caer en el simplismo de rechazar todo lo asistencialista, simplemente por serlo”, explica.
El
director de Desarrollo Social del DNP reconoce que “la política social no puede
ser asistencialista persé,
pese a ser una función del Estado”, pero advierte que el sistema de protección
social “no va dirigido única y exclusivamente a los grupos de pobres y
vulnerables, sino que abarca al conjunto de población”.
Familias
en Acción y todos sus componentes, formación de capital humano,
universalización de la cobertura educativa, el Sena, vivienda, saneamiento
básico, Banca de Oportunidades, salud pública, prevención y atención de
desastres, atención a población desplazada, adulto mayor, pensiones, Ciudades
Amables, son sólo algunos de los programas asistencialistas
más conocidos de este Gobierno. Pero son muchos más.
“Lo
que buscamos es no generar condiciones permanentes de dependencia, y que
estemos seguros de que se están focalizando las
ayudas de manera adecuada a la población que lo requiere”, concluye Arias.
Sisbén estimula evasión al Régimen Contributivo
El
catedrático Ricardo Bonilla González, del Centro de Investigaciones para el
Desarrollo de la Universidad Nacional, explica uno de los inconvenientes del
Régimen Subsidiado en Salud.
“El Sisbén se volvió una política permanente: a la gente la
contratan laboralmente pero permanecen en el Régimen Subsidiado. Ahí desaparece
la temporalidad. Es decir, se está convirtiendo en un mecanismo de evasión del
Régimen Contributivo de Salud”.
El Sisbén -Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales- fue concebido para garantizar el acceso a la población más pobre a
servicios de salud, educación y bienestar social.
Sin
embargo, a la hora de ingresar al mercado laboral formal, empleadores y
empleados sisbenizados acuerdan la no afiliación al
Régimen Contributivo en Salud, que es una obligación legal.
¿La
razón? Ambos ganan. En el Régimen Contributivo el trabajador y su familia son
afiliados a salud, pensiones y riesgos profesionales. Además el empleador paga
impuestos parafiscales.
En
salud el empleado paga una tercera parte de la afiliación y la cuarta parte en
pensiones. El resto lo paga el patrón. De ahí que muchos trabajadores sisbenizados evitan dichos descuentos, pues el servicio en
salud se lo cubre el Estado.
El
empleador también se ahorra su parte correspondiente, pero corre riesgos: asume
las incapacidades laborales que deberían pagar las EPS, y las sanciones
respectivas en caso del fallecimiento de su empleado no afiliado al Régimen
Contributivo.
Asistencia
social, ¿herramienta de inclusión?
Según
la Contraloría General, la política pública social se está orientando en forma
creciente a paliar los efectos más visibles de la exclusión laboral, la
violencia por el conflicto interno y la falta de oportunidades educativas.
El
análisis advierte que la capacitación para el ingreso al mercado laboral
“continúa siendo asunto secundario en la agenda pública”. El organismo de
control señala que la política pública social “apenas contribuye -si es que lo
hace- a conjurar las desigualdades existentes en la sociedad colombiana”.
Sin
embargo, la Contraloría destaca que el gasto público central para la atención
de los más pobres se ha incrementado casi nueve veces entre 1990 y 2007, pues
pasó de $780 mil millones a $6,8 billones, aunque aclara que en 2006 “casi la
mitad (47%) de la población colombiana seguía siendo pobre y que 12 de cada 100
colombianos seguían siendo indigentes”.
Cifras
· $234,6 billones
es la proyección para inversión en política social dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, según cifras de Planeación Nacional.
· $13,7 billones en
4,5 millones de préstamos ha desembolsado desde 2006 la Banca de Oportunidades.
· 6,5 millones de
niños y medio millón de ancianos reciben a diario subsidios de alimentación del
Gobierno.
· 863.376 familias
pobres de 990 municipios del país fueron atendidas hasta el mes pasado por la
Red Juntos que coordina Acción Social de la Presidencia de la República.
En
pocas palabras
"El
Sisbén es una bendición para los más pobres, pero por
culpa de los 250 mil ‘colados’ el programa se está desenfocando”.
CÉSAR
GONZÁLEZ MUÑOZ, economista.
Datos
· En la última
década el gasto público para atención a la población desplazada aumentó “de
forma considerable” al pasar de $165 mil millones entre 1995 y 2002, a más de
$4 billones entre 2002 y 2008, según un estudio de la Contraloría General de la
República.
· El Estado destina anualmente $12 billones a
su política social. El DNP calcula que el 57% del total del Presupuesto General
de la Nación va a ese rubro.