Subregistros en cifras de seguridad alimentaria
Nov.
10 de 2012
Por:Sania
Salazar, Unimedios
Aunque la academia ha entregado herramientas más
ajustadas a la realidad para medir la desnutrición y el hambre en los hogares
colombianos, en las metodologías oficiales siguen existiendo grandes vacíos que
subestiman el problema.
Los
métodos de medición de la inseguridad alimentaria y
nutricional usados en el país no alcanzan aún el grado de confiabilidad
suficiente para diseñar políticas públicas adecuadas. Esa es la conclusión de
un estudio adelantado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia
en Bogotá y de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que, desde hace
dos años, insisten en la necesidad de revisar las metodologías que utiliza el Estado.
Cada una de las técnicas actuales arroja un resultado distinto, pero, en todos
los casos, preocupante. Los expertos encontraron que de cada 100 hogares, en el
mejor escenario, pueden existir, como mínimo, 36 que la padecen y, en el peor,
como máximo, 87. Estos resultados contrastan con los de la Encuesta Nacional de
Situación Nutricional (Ensin) 2010, que estimó el
problema en un promedio de 42.
La Ensin es la referencia oficial más importante,
porque es un sondeo hecho por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), Profamilia, el Instituto Nacional de Salud y
el Ministerio de Salud y Protección Social.
En esta encuesta se recurre a unas escalas para medir la percepción que se
tiene de esta inseguridad (también conocida como la “escala del hambre”). Estas
parten de una referencia internacional validada en Colombia por estudios de la
Universidad de Antioquia en alianza con entidades extranjeras.
“Es necesario no confiar solo en las escalas, que dan una información gruesa,
sino complementarlas con métodos como el recordatorio 24 horas (que evalúa
periódicamente la nutrición de una persona o familia) y estudios de
antropometría (en los cuales se examinan las medidas del cuerpo humano y se las
relaciona con la alimentación). Estas fueron, precisamente, las mediciones que
hicimos”, cuenta la profesora Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio
de Seguridad Alimentaria (Obsán)
de la UN.
En ese sentido, manifiesta: “Se debe entender que los datos alcanzados en la Ensin son resultado de una metodología de tamizaje. De modo que, si bien pueden ser un insumo para la
política pública del Estado, son muy gruesos o generales. Por eso, es
necesario, y así lo demostró la investigación, hacer estudios más precisos, que
se acompañen de recordatorios de dieta y mediciones más cercanas a lo que
consume la gente y combinadas con información de valoración de la situación
nutricional”.
Y es que, según afirma, es con este conjunto de información como se pueden
tomar decisiones oficiales más acertadas. Así, si la Ensin
evidencia un problema grave de inseguridad alimentaria
y nutricional, las mediciones de los analistas del Obsán
muestran que la situación es aún más grave, sobre todo en regiones rurales.
“Esto demuestra que estamos subestimando los problemas nutricionales en algunas
zonas”.
Midiendo el hambre
Los investigadores evaluaron la ingesta diaria de alimentos de 1.505 personas
residentes en 432 hogares de Bogotá, Bucaramanga, Tenjo
y Sibaté. Aplicaron el recordatorio de 24 horas, un interrogatorio
mediante el cual se obtiene información más precisa sobre qué consumió la
persona el día anterior en cada una de las comidas.
“El consumo promedio de energía fue de 1.279 kilocalorías en menores de un año,
una cifra alta. También es muy alta en la población en general, lo que confirma
los datos de la Ensin sobre la tendencia al sobrepeso
de los colombianos; particularmente los de bajos ingresos económicos, pues se
creía un fenómeno predominante en las clases altas”, señala Del Castillo.
Además, encontraron que, a pesar de que la pobreza es más marcada en las zonas
rurales –de ahí la inadecuada alimentación–, el
sobrepeso es prevalente tanto en el campo como en la
ciudad.
Óscar Fernando Herrán, líder de la investigación y
del Observatorio Epidemiológico de Enfermedades Cardiovasculares de la UIS,
asegura que el estudio revela lo que pasa en hogares de diversos estratos y con
personas de diferentes edades que habitan en ciudades grandes e intermedias y
en zonas rurales similares a las de Cundinamarca.
“Ratificamos que el país siempre muestra una situación nutricional que empeora
con los años. Demostramos, además, que no se están tomando acciones concretas
en política pública y que estamos en un país con alta inequidad en términos de
la distribución de la riqueza. Eso se refleja, por ejemplo, en el retraso en la
talla de los niños”, concluyen los investigadores.
Para la profesora Del Castillo, el país tiene que avanzar en el uso de
metodologías complementarias para tomar decisiones de política pública y los
estudios deben hacerse con más frecuencia para incrementar la eficacia de las
medidas.
Leandro Luciani Conde, doctor en Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires y experto en políticas públicas, sostiene que en
la medición se deberían incluir los aspectos culturales y sociales, no solo los
biológicos.
“El propósito de la política debe ser ampliar los márgenes de los derechos.
Esto supone aumentar la cobertura y disminuir las barreras de acceso y las
franjas de inequidad existentes. Después hay una serie de instrumentos técnicos
para ver cómo se puede implementar”, dice.