La crisis del
sistema de salud ha ocupado la atención de la sociedad colombiana por cuenta de
la declaratoria del Estado de Emergencia Social. No es para menos, ya que, por
virtud del sistema, cerca de 40 millones de colombianos tienen acceso a la
salud, bien en el régimen contributivo o en el subsidiado, creado por mandato
de la Constitución de 1991 y materializado en la Ley 100 de 1993. El sistema se
financia con lo que pagan los trabajadores y con recursos públicos,
reconociendo a las EPS lo que en promedio vale la atención de un paciente
(UPC), conforme a estudios científicos. Con esta misma herramienta, se diseñan
los planes obligatorios de salud, en cuanto a medicamentos y procedimientos, lo
que significa el gran avance de la ley 100.
En el Estado Social de Derecho establecido en nuestra Carta es posible que, a
través de la acción de tutela, las EPS reconozcan prestaciones excluidas del
POS, con el objeto de que se proteja el derecho a la salud y a la subsistencia
misma, cuando quien lo requiera no cuente con los recursos para sufragar su
costo. En estos eventos, las EPS pueden acudir al Estado -Fosyga- a solicitar
el reembolso -régimen contributivo-, lo cual es demorado, e implica costos
administrativos y financieros que el sistema no paga y, para el subsidiado, el
valor de estas obligaciones lo asumen los departamentos, cuyas finanzas son
precarias.
Lo anterior, sumado a prácticas corruptas, ha generado que el sistema no sea
viable financieramente o que se encuentre en una quiebra técnica, sin que pueda
achacarse toda la responsabilidad, como pretenden algunos, a la tutela, que ha
salvado la vida de muchos colombianos.
Dentro de una perspectiva exclusivamente económica, el Gobierno Nacional
declaró el Estado de Emergencia Social. Reconociendo la gravedad del problema,
es evidente la lentitud y falta de planeación en una solución estructural que
ha debido implementarse hace años y no a través de herramientas de excepción,
inclusive, si era necesario mediante aumentos impositivos, pero sin omitir la
discusión y decisión democrática en el escenario natural del Congreso de la
República.
La salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que debe ser
garantizado por el Estado. Las normas propuestas son contrarias a principios
sociales y democráticos. Obligar a una persona que requiere un servicio no
incluido en el POS a que interrumpa su tratamiento para acudir a una entidad
financiera a tramitar un crédito para costearlo, o a pignorar sus cesantías
para los pocos que aún las tienen, desconoce el más elemental principio de
solidaridad social.
No es menos grave el caso de los médicos, que se ven impedidos para recetar
medicamentos excluidos del POS para no incurrir en sanciones de hasta 50
salarios mínimos, enfrentándose a la verdadera encrucijada del alma: velar por
la salud del paciente o por su futuro profesional, es decir, terminarán
aplicando la máxima de algunos servidores públicos, ante la duda, abstente,
para evitar sanciones. Y en ese dilema: ¿cuántas vidas se pondrán en riesgo?
Confío en el control que de estas normas adelanta la Corte Constitucional,
quien durante 19 años se ha caracterizado por estudiar juiciosamente esta
materia, lo que indica que no es ajena a la problemática del sector.
La solución a la salud no puede determinarse simplemente con decretos. En mi
gobierno, este tema será eje del programa político y buscará un consenso amplio
entre responsabilidad del Estado, oferta médica y demanda de salud. Es lo que
dictan nuestra Carta y el sentido ético de una sociedad.
Si desde el inicio de la Ley 100, y particularmente en los últimos 10 años,
hubiera habido una verdadera política de generación y formalización de empleo,
se habría dotado al sistema de más recursos, pues habría muchas más personas
contribuyendo al sistema. ¿No será la hora de volver a pensar en un Ministerio
del Empleo y en un verdadero Ministerio de la Salud?
* Precandidata presidencial por el Partido Conservador