¿Solución regresiva?
Al
amparo de la Emergencia Social decretada el 23 de diciembre pasado, para
subsanar los problemas que llevaron al desfinanciamiento
de la salud, el Gobierno expidió 16 decretos con fuerza de ley que el país
apenas empieza a asimilar. Entre los propósitos de la Emergencia estaban buscar
los recursos para cubrir los pasivos que por ese concepto tienen los entes
territoriales con las EPS del régimen subsidiado (que afilian a los más pobres)
y los hospitales, y explorar mecanismos para que el Fondo de Solidaridad y
Garantía (Fosyga) salde sus deudas con las aseguradoras del contributivo.
El
viernes pasado se conoció oficialmente que mediante el aumento de los impuestos
a la cerveza, a los cigarrillos, a los juegos de suerte y azar y a los vinos,
aperitivos y similares se recaudarán algo más de un billón de pesos, para los
años 2010 y 2011. Estos dineros se sumarán a los 1,2 billones de pesos que
acabaron represados en los entes territoriales por diferentes causas.
Al
respecto, hay que decir que toda acción dirigida a buscar soluciones
estructurales para el sector salud es bienvenida. Asimismo, la ampliación de la
cobertura del SOAT para gastos médicos y la agilización de sus trámites es una
buena medida.
Sin
embargo, no deja de llamar la atención que los mismos déficits
de los departamentos que hoy el Gobierno intenta cubrir tengan su origen en la
Ley 715 del 2001 (y su reforma del 2007), que impidió que los entes
territoriales pudieran recibir unos 12 billones de pesos para la salud, entre
el 2002 y el 2010. Tampoco escapa a los analistas el hecho de que para liberar
los recursos represados, agilizar los pagos y controlar la corrupción -otros
puntos importantes contenidos en los decretos recién expedidos- no era
necesario declarar la Emergencia Social, que tampoco tocó las platas del
Fosyga.
Según
el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional,
este Fondo, que maneja casi todos los recursos de la salud, se ha convertido en
la cuenta más importante del Gobierno en el sistema financiero para cubrir sus
huecos fiscales, a través de títulos de tesorería (TES). Para el ciudadano de a
pie, por lo general poco interesado en filigranas financieras, esta clase de
medidas se justifican siempre y cuando garanticen el correcto funcionamiento
del sistema de salud, que, para su caso, se traduce en servicios oportunos,
suficientes y de calidad.
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Pero
eso no está del todo reflejado en otros decretos de la Emergencia,
específicamente aquellos orientados a generar ahorros, mediante la modificación
de núcleos sustanciales del actual sistema de salud que incluso tocan los
derechos de los afiliados. Se cae de su peso que los limitados presupuestos no
pueden destinarse a cubrir tratamientos suntuarios, cosméticos, experimentales
e incluso caprichosos de algunos ciudadanos, que han accedido a ellos vía
tutela y amparados por un sistema judicial manilargo y poco ilustrado en el
tema. El freno a esta práctica abusiva es necesario. Lo que no puede aceptarse
es que buscando eso la Emergencia haya decretado la casi total eliminación de
recursos del sistema para cubrir los servicios no POS.
En
adelante, la gente pagaría por ellos, previo estudio de cada caso, con sus
ingresos, su patrimonio y hasta con sus ahorros pensionales.
En ese escenario, que a cualquier ciudadano le puede tocar, enfrentar una
enfermedad crónica o degenerativa será catastrófico. Como si fuera poco, la
Emergencia limitó aún más los alcances del POS. Uno de sus decretos modifica la
Ley 100 y lo redefine como un listado esencial de servicios que prioriza
"la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general".
Es decir, que en materia de servicios nivela por lo bajo, yendo en contra del
precepto de que la salud es un derecho progresivo.
La
norma sólo admite la atención especializada cuando se cuente con evidencia
científica y no afecte los costos del sistema de salud. En otras palabras,
acceder a servicios de alta complejidad será un auténtico lujo para todos los
colombianos. Y aunque la misma norma promete que habrá servicios integrales y
suficientes para la gente, no aclara cómo ni cuándo.
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Lo
que puede verse, hasta ahora, es que la Emergencia Social acabó convertida en
una especie de reforma del sistema de salud, que se saltó toda instancia. Lo
que es peor, señala la Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia, es que sus decretos no afrontan los asuntos cruciales requeridos por
la sentencia T-760 de la Corte Constitucional -fallo que busca unificar planes,
garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y ponerle orden al sistema-.
De
hecho, se advierte una tendencia a eludir el cumplimiento de los principios
constitucionales, concentrando la atención en el pago de las deudas contraídas
con las EPS, valiéndose de la Emergencia. El debate ya empezó entre el
Gobierno, para el cual las medidas eran necesarias para salvar el sistema, y
los ciudadanos y algunos gremios del sector salud, que las califican como las
más regresivas de los últimos 15 años. La Corte Constitucional tiene ahora la
palabra.