Sobrecosto
de medicamentos disparó gastos de las EPS
Jun. 08 de 2013
Por: Félix León Martínez,
Investigador del Grupo de Protección Social, Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID) - Universidad Nacional de Colombia
Un estudio de la UN
muestra cómo el poco atractivo negocio de la seguridad social en salud se
convirtió en el gran interés del sector cooperativo y de algunas cajas de
compensación. Un cambio en el que la salud dejó de ser el centro del sistema
para convertirse en la excusa para captar millonarios dividendos por
actividades paralelas.
La “privatización” de la seguridad
social en salud fue un modelo extraño desde el mismo momento en que se
discutió, en 1992, el proyecto que dio origen a la Ley 100. A diferencia del
sistema pensional, en el cual los grupos económicos tenían un interés muy
grande por administrar los seguros de vejez, invalidez y muerte, los grandes
fondos no parecían mostrar interés en el negocio de administrar los servicios
de salud.
La razón tuvo que ver, tanto en
Colombia como en República Dominicana –que adoptó un modelo similar en el
régimen contributivo–, con la complejidad del negocio
propuesto por los reformadores; su dudosa rentabilidad –dada la baja
prima por afiliado y la amplia cobertura del plan de beneficios–;
la eliminación de
preexistencias y otras restricciones al uso de los servicios; y, sobre todo, la
posibilidad de quedar sometidos a una estrecha vigilancia gubernamental.
En ese entonces, los representantes del
Ministerio de Salud, encabezado por Juan Luis Londoño, trataban de convencer a
las empresas de medicina prepagada, existentes antes de la reforma, de
convertirse en las nuevas empresas promotoras de salud (EPS) del régimen
contributivo.
Finalmente, la Ley 100 las obligó,
pues, de lo contrario, no podrían seguir comercializando sus pólizas o planes.
Crearon, en consecuencia, un modelo de negocio enfocado en tener un cliente con
dos seguros, el obligatorio y el voluntario, dirigido estratégicamente a la
población de altos ingresos. Este hecho limitó seriamente su crecimiento.
Surge el “negocio”
Dada la poca cobertura inicial de estas
empresas, procedentes de la medicina prepagada, surgieron rápidamente nuevas
EPS. Estas no provenían precisamente del sector financiero, sino del
cooperativo y de cajas de compensación, dos tipos de entidades que no pueden
distribuir utilidades a sus dueños –por su condición legal de empresas sin
ánimo de lucro–.
Estas últimas entidades centraron su
modelo de negocio en el seguro obligatorio, no en el voluntario, y pusieron
todo su esfuerzo en afiliar millones de personas al régimen contributivo, por
las cuales el sistema debía pagar una prima a través del Fosyga.
Rápidamente fueron dejando atrás a las
EPS de capital privado en lo que a número de afiliados respecta. Con el manejo
de estas rentas millonarias, se ubicaron en muy pocos años entre las empresas
más grandes del país.
¿Cuál era el interés de estas
organizaciones en entrar al negocio de aseguramiento y manejar billones de
pesos de la seguridad social? Es la pregunta que no se formuló en los comienzos
del sistema.
Sin duda, tal arreglo institucional, la
creación de mercados con tales características de los aseguradores, iba a
generar un tipo de incentivos específicos y efectos complejos en los servicios
de salud que recibirían los ciudadanos.
Rentismo y
transferencia de precios
En el estudio de la unidad de pago por
capitación (UPC) para el año 2011, el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia evaluó en detalle el
gasto en salud, frecuencias y costos entregados por las EPS al Ministerio de
Salud y a la Comisión de Regulación en Salud (CRES).
Así, determinó la prima del sistema y
encontró un desproporcionado incremento del gasto de las EPS del régimen
contributivo (un 24% entre 2008 y 2009). El análisis detallado evidenció que un
79,1% del aumento lo explicaba el rubro de medicamentos.
Al examinar la estructura del gasto en
este ítem, se halló que las EPS que presentaban enormes sobrecostos
eran entidades de carácter cooperativo y cajas de compensación que se
caracterizaban por ser propietarias, al tiempo, de su red de prestadores y de
las firmas que les suministraban los medicamentos. En su estudio, la UN
concluye:
“Se repite insistentemente que las EPS
son un negocio de especulación financiera, del cual presuntamente se derivan
ganancias a partir de retrasar los pagos a los prestadores y de poner a rentar
estos recursos en el sector financiero, hecho que no es comprobable
empíricamente con los estados financieros.
”Por el contrario, la preocupación
fundamental consiste en que algunas entidades sin ánimo de lucro, tanto del
régimen contributivo como del subsidiado, adoptan comportamientos rentistas en
los cuales no interesa la utilidad de la EPS, sino la utilidad de los negocios
derivados integrados verticalmente, como capitación con entidades propias,
compra de medicamentos o insumos, servicios de ambulancias, lavanderías,
celaduría y otros servicios generales.
”La ausencia de control de los verdaderos
dueños del capital sobre los administradores (los miembros de las cooperativas
asociadas en una EPS pueden ser decenas de miles y no tener ningún control real
sobre las entidades asociadas en entidades más grandes) permite que estos
busquen rentabilidad en los negocios secundarios, que son mucho más grandes
cuando se da la integración vertical.
”Más aún, en su caso no opera la
prohibición ética y explícita de las corporaciones insertas en el mercado
internacional en el sentido de que los administradores no pueden jamás
participar en ningún negocio de la empresa con interés personal.
”En estos procesos de integración
vertical con las empresas de la misma entidad o del consorcio o en los que
participan los administradores o sus allegados, las compras de servicios,
medicamentos o insumos quedan por fuera de mecanismos de mercado y sin
competencia real de precios. Por tanto, no hay garantía de que las
negociaciones se den a los precios óptimos.
”Este comportamiento rentista, en lugar
de llevar a controlar el gasto del POS, incentiva a aumentar los gastos en los
servicios de los que se derivan ganancias, lo que significa una tendencia a
incrementar los gastos de salud en la nota técnica de ambos regímenes”.
En este punto parece haberse encontrado
la relación entre el arreglo institucional con entidades sin ánimo de lucro que
manejan las UPC y el consecuente comportamiento rentista.
Como si esto fuera poco, las empresas
privadas que manejan tanto el plan obligatorio como los voluntarios tampoco
muestran interés en ahorrarle recursos al sistema, pues cargan los gastos de
los afiliados al seguro obligatorio, hasta llegar a su tope, y derivan las
ganancias por el seguro voluntario.
Pero es que de tal arreglo
institucional y el consecuente incentivo generado no podía esperarse otro
resultado.
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