Semana
"Si me van a cambiar el articulado hasta aquí
llego"
Por
María Jimena Duzán
EN PLATA BLANCAEl
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, habla de las dificultades de su cartera y
de las medidas que está tomando para enfrentar los grandes problemas que
atraviesa el sector.
MARÍA JIMENA DUZÁN: Causó sorpresa una frase
que usted dijo hace poco en el Congreso. “Algo muy malo tuve que haber hecho en
el pasado para que me hubieran nombrado ministro de Salud”. Me sonó como si
estuviera a punto de tirar la toalla. ¿Son tan grandes
los intereses que hay en el Con
greso en contra de la reforma de Salud?
ALEJANDRO GAVIRIA: La
frase no es mía. Se la escuché a un ministro de un país europeo. Este no es un
trabajo fácil, María Jimena. Yo diría que tiene dos problemas. El primero es conceptual
y tiene que ver con el hecho de que uno como ministro tiene más poder simbólico
que real. El otro tiene que ver con la situación política. A veces me he
sentido entre dos fuegos: de un lado unos ideólogos radicales y del otro la
política tradicional. Sin embargo, no me voy a quejar, ni mucho menos. De hecho
estoy aquí lidiando con todas esas dificultades que eran obvias de
antemano.
M. J. D.: Al fin qué: ¿va a acabar con las
EPS o las va a transformar en lo que usted llama las Empresas Gestoras de Salud
(EGS)?
A. G.: Creo que debe haber
una reestructuración de fondo de las EPS. Unas, las mejores, se podrían
convertir en EGS. Otras tendrán que ser liquidadas.
M. J. D.: Hablando de EPS en liquidación, el
superintendente de Salud salió este viernes a anunciar la liquidación de Solsalud, una EPS seriamente cuestionada. ¿Por qué se
demoraron tanto en tomar esa decisión?
A. G.: Puede que nos hayamos
demorado un poco en tomar esa medida, pero tuvimos que enfrentar varias
dificultades. Solsalud tiene un millón de afiliados
en el régimen subsidiado y nuestra principal preocupación era saber quién iba a
asumirlos para que no se quedaran en el aire. Además, cuando yo entré al
ministerio el régimen subsidiado estaba en crisis.
Varias EPS estaban de salida
y tres se encontraban en proceso de liquidación complicados: Selva Salud, que
estaba en manos de políticos y que operaba en el Putumayo, Salud Cóndor, que
también era un foco de corrupción y Emdisalud, que
había tenido nexos con los paramilitares en Córdoba. La liquidación de estas
entidades ha sido un proceso mucho más difícil de lo que imaginé porque ha sido
torpedeado de varias maneras. Hay una juez segunda laboral de Cali que con
tutelas ha impedido sistemáticamente la liquidación de Selva Salud y de Salud
Cóndor. Detrás de ella hay políticos.
M. J. D.: Eso mismo denunció en Blu radio el superintendente de Salud. Dijo que la
congresista Karime Motta,
Roy Barreras y Antonio Correa estarían detrás de Solsalud
y se le vino el mundo encima. ¿Es eso cierto?
A. G.: El superintendente
denunció presiones políticas. En el ministerio estamos convencidos que el
nombramiento de interventores debe estar por fuera del ajedrez político. En la
reforma a la salud se propone un cambio de fondo en el régimen de intervenciones.
M. J. D.: ¿Qué impediría que las EGS no sean
capturadas por los políticos como ha sucedido con la mayoría de las EPS?
A. G.: Hay por lo menos
cuatro factores que lo impedirían. El primero es que las EGS solo podrían
funcionar en un territorio específico. Se acabaría la posibilidad que tienen
hoy las EPS de tener afiliados en todas partes a pesar de no tener contratos
permanentes con los hospitales. Eso le pasó a la niña Paula Sofía que estaba
afiliada a Solsalud y que murió sin que la pudieran
atender. Ningún hospital la recibió porque o no había pagado o no tenía una red
abierta. Para eso hemos dividido el país en unas áreas de gestión y ahí tiene
que haber un mínimo de afiliados por EGS para acabar de una vez por todas con
las EPS de garaje.
Segundo, no van a manejar
la plata, como sucede ahora, sino que esta va a ser girada directamente a los
hospitales desde un gran fondo estatal que es Salud Mía. Tercero, van a ser
remuneradas por los resultados en salud. Si la gente no tiene acceso o se
enferma más de la cuenta, no serán viables. Y cuarto, va a haber riesgos
compartidos. Es decir, que una parte del tratamiento de los pacientes de alto
costo va a ser asumido por Salud Mía y se evitaría lo que sucede ahora, que es
que las EPS tratan de deshacerse de los pacientes más costosos. Si a esto le
agregamos una Superintendencia fortalecida, creo que se puede dar un cambio de
fondo a la salud.
M. J. D.: Usted propone crear una entidad que
es Salud Mía, la cual reemplazaría al desastroso Fosyga.
Si hubo problemas manejando solo el 30 por ciento de los dineros de la salud,
¿cómo serán los atascos si los maneja todos?
A. G.: El Fosyga lo manejaba una dirección del ministerio poco
visible y por lo tanto más capturable. Otro de los
problemas es que el Estado delegó funciones de administración en fiducias y por eso la reforma busca que esta entidad sea
transparente, tenga una junta directiva y no delegue en fiducias
el manejo de esos dineros. Esa transparencia se logra también con el nuevo Plan
de Beneficios que acaba con el POS, que suprime las zonas grises y nos saca de
la discusión de si una droga está o no está incluida.
M. J. D.: ¿Y cómo va a controlar el precio de
los medicamentos?
A. G.: Con el nuevo Plan de
Beneficios el Estado necesita tener un mayor control sobre las nuevas
tecnologías y los medicamentos. Y para eso estamos haciendo cuatro cosas: en 15
días vamos a sacar una circular para comentarios en la que se controlan de
manera estricta los precios de los medicamentos. Si nosotros no tenemos precios
controlados, el nuevo plan va a resultar impagable. La reforma elimina la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para que sea el Ministerio de
Salud el que fije los precios. Antes de otorgar una patente en salud, la
Superintendencia de Industria y Comercio tendrá que pedirle un concepto al
Ministerio de Salud y por último toda la información sobre el precio y el uso
de los medicamentos será de interés público.
M. J. D.: ¿Cuánto costaría ese nuevo Plan de
Beneficios?
A. G.: No es mucho más caro
que lo que ya se estaba pagando con el sistema actual. El tema que me preocupa
es otro. Se está liquidando Solsalud y tiene deudas
por más de 100.000 millones de pesos con la red hospitalaria pública y privada.
Lo mismo sucede con las EPS que mencioné ahora para no hablar de otras que
podrán salir del sistema.
M. J. D.: ¿Quién va a pagar por esas
deudas?
A. G.: Patrimonialmente
estas EPS no tienen los recursos para cumplir con sus obligaciones y ahí podría
haber un hueco. La reforma contempla un fondo para ayudar no a las EPS, como se
ha dicho, sino a los hospitales. El tema es complejo. No lo niego.
M. J. D.: ¿Qué va a pasar con Saludcoop, con Caprecom y la
Nueva EPS?
A.G.: Saludcoop fue intervenida por el
gobierno hace dos años. Y hemos estado sopesando todas las posibilidades pues
tiene varios millones de afiliados. Y dado este momento difícil del sistema de
salud nos estamos inclinando por prorrogarla un año más. Con Caprecom estamos pensando que la mejor opción en el mediano
plazo es la liquidación, pero también tiene más de 3 millones de afiliados. La
Nueva EPS sí está fortalecida y la vería jugando un papel como EGS.
M. J. D.: Sigue insistiendo en que el dinero
del régimen subsidiado se los va dar a los alcaldes y a los gobernadores. ¿Eso
no es como ponerle el queso a un ratón?
A. G.: Si se cumplen algunas
condiciones en materia de capacidad operativa y de independencia, sí se los
daría. Las ventajas son varias: se articularía más la red pública de hospitales
con el régimen subsidiado y al darle el manejo del poder de los dineros de la
salud a los alcaldes y gobernadores, ellos tendrían que rendirles cuentas a sus
electores. Si ellos no cumplen y se roban la plata, deberán responderle a
quienes los eligieron y a las autoridades.
M. J. D.: ¿Puede pasar una reforma a la salud
que busca reestructurar las EPS cuando en la Comisión Séptima hay congresistas
que tienen intereses en muchas de esas EPS que usted está liquidando?
A. G.: Creo que la posición
de los congresistas en este momento frente a la reforma de la salud es de
expectativa. Yo no he notado una oposición de frente. Por lo pronto diría que
el presidente de la Comisión Séptima, el senador Ballesteros, ha apoyado la
reforma.
M. J. D.: Pero para nadie es un secreto que
en esa comisión anidan también los políticos con claros intereses en el sector
de la salud.
A. G.: Seguramente
eso que usted dice es cierto. Pero yo también creo que hay una gran demanda
ciudadana por la reforma y una indignación colectiva en el tema de la salud y
que es necesario hacer algo. El momento político no es fácil, pero yo, viniendo
de donde vengo, sigo creyendo en el poder de las ideas y sigo pensando que con
argumentos uno puede ganar este debate. No se trata de discutir una reforma con
el Congreso sino con otros escenarios propios de la opinión pública. Uno debe
ir convenciendo a los escépticos y cambiando lo que se tenga que cambiar y eso
es lo que estamos haciendo en las audiencias públicas.
M. J. D.: ¿Y no teme que la reforma termine
como acabó la reforma a la Justicia?
A. G.: Estaremos
alerta. Yo voy a tener control sobre mi computador y no voy a soltar el
articulado para evitar que se vuelva un monstruo. En el momento en que yo
sienta que empieza a cambiar, tendré que salir a decir que hasta aquí
llegamos.
M. J. D.: Esos intereses políticos que han
capturado la salud son tan poderosos que hasta tumbaron a su antecesora, la
exministra Beatriz Londoño. ¿No le da temor que pase lo mismo?
A. G.: Pues sí, ella fue
bombardeada por temas muy complejos. Yo creo que se ha ido conformando en la
salud un sector privado muy voraz que ha ido de la mano de unas grandes fallas
de Estado. Y la reforma no debe casarse ni con todo lo privado ni con todo lo
estatal.
M. J. D.: No me respondió. ¿No le da miedo
que lo decapiten como le sucedió a Beatriz Londoño?
A. G.: Pues si eso pasa,
caeré luchando por una buena causa.