El ministro de
Salud, Alejandro Gaviria, explica cómo los gestores de servicios de salud
reemplazarán a las EPS. Afirma que no se pretende eliminar la tutela a los
usuarios.
El debate sobre la reforma a la salud está más candente que nunca,
aunque todavía su trámite en el Congreso de la República, no arranca.
Cada uno de los agentes del sector tiene una cura
para los males del sistema. Los médicos se preocupan porque en el proyecto de
ley no se habla del recurso humano; las Empresas Promotoras de Salud, EPS, no
saben cómo será el cambio hacia las nuevas Gestoras del Servicio de Salud y los
usuarios no quieren que se acabe la tutela, porque sienten que es su única
herramienta para acceder a los servicios de alto costo.
El pasado viernes el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, estuvo en Cali y escuchó de primera mano todas estas inquietudes en
uno de los diferentes foros que se han programado a lo largo del territorio
nacional para dar a conocer el proyecto, que según el funcionario, trae grandes
cambios para el sector.
Luego de escuchar los temores de los caleños sobre
el tema y las propuestas de analistas e investigadores sobre, el ministro
Gaviria respondió inquietudes sobre cómo avanza el proyecto y la forma en que
van a trabajar los futuros gestores en reemplazo de las EPS.
Nosotros terminaremos las audiencias públicas
programadas, que son doce, en unas tres semanas, pero esperamos que a más tardar
en diez días empecemos a trabajar con los ponentes en la elaboración del nuevo
documento para que todo lo que se ha hecho en las audiencias públicas se
materialice en una ponencia que incorpore las inquietudes.
Pero lo que ya sabemos es que eliminaremos el
numeral X del artículo cuarto sobre la naturaleza de los recursos, vamos a
precisar la redacción del artículo sobre el fondo de salvamento (para eliminar
suspicacias innecesarias), haremos claridad sobre las redes de prestadores de
servicios, incluiremos mayores instancias de participación, así como algunas
disposiciones sobre talento humano.
Creo que en el Congreso de la República se debatirá
el futuro del sistema de salud, presente o no el Gobierno una reforma. Lo que
quisimos hacer como Estado es presentar un proyecto que hace algunos cambios en
las dimensiones que sí necesitan transformarse y asume el liderazgo de la
discusión. Insisto en que sí se necesita una reforma para algunos temas y que
en todo caso la discusión parlamentaria es inevitable.
Hay tres tipos de cambios: Uno tiene que ver con la
forma como se financia el sistema y se acumulan los recursos. Nace SaludMía que acumulará la totalidad de los recursos del
sistema, entre $26 y $28 billones, afiliará y recaudará los recursos de las
contribuciones. Tendrá también la función de pagar a los prestadores del
servicio.
El segundo punto es el diseño del plan de
beneficios que será distinto con medidas de controles de precios y de mayor
vigilancia del Estado. En tercer lugar, están los gestores de servicios de
salud, que yo creo que es un cambio de fondo a las EPS. Estas tendrán un
énfasis territorial, se pagará por resultados o actividades de salud y con el
mecanismo de reaseguro. Además se plantea la formalización de 250.000
trabajadores de la salud, que hoy en día están vinculados de manera informal.
Hoy en día las EPS reciben la plata directamente
del Estado y estas la invierten pagando los servicios. La propuesta de la
reforma crea los gestores de servicio de salud que no manejarán dinero. Ellos
tendrían guardados los recursos en SaludMía y los
giros se harán directamente de este fondo estatal a la entidad que presta el
servicio, previa autorización de los gestores. Ellos no tocarán los recursos.
El gestor de servicios de salud tendrá una cuenta
propia en SaludMía y ahí tendrá unos ingresos
virtuales apuntados que dependerán de tres cosas: de la población afiliada
(habrá un pago per cápita ajustado por riesgo, no muy
diferente de lo que existe hoy en día con las EPS); de ciertos resultados y
actividades en salud que realice la entidad y del tema de reaseguro.
Al final del año se hace un corte de cuentas de los
ingresos a los que tiene derecho según la población afiliada y los resultados
en salud que genere, menos los costos. Si esa operación da pérdida hay una
reserva y se utiliza para cubrir el faltante. Si da utilidad se transfieren los
excedentes al gestor.
Hemos planteado que en Colombia habría unas 12
zonas de gestión y en esos territorios habría unas empresas gestoras. Por
ejemplo, Coomeva es muy fuerte en el Suroccidente, pero también en el norte del país, entonces
es posible que actúen en esos dos territorios con filiales, pero no en Bogotá
donde tiene menos afiliados, de allí tendría que salirse y concentrar su
operación.
Ese es un debate grande sobre la integración
vertical. La reforma plantea que para los servicios de mayor complejidad no
deberían tener sus propias redes, pero sí para los de menor complejidad. Pero
ese es un debate que se dará en el Congreso de la República.
Está planteada una etapa de dos años. Una transición
muy rápida nos generaría problemas y una prolongada también, pero eso lo
decidirá el Congreso. La Asociación de Clínicas y Hospitales dice que es muy
larga, las EPS dicen que es muy corta. Hay que buscar un balance.
Tenemos que pensar bien esto porque una EPS con
problemas financieros puede ver aquí la oportunidad para dejar todo y salir
corriendo y que otro pague. Eso es un problema y debemos estar pendiente.
La reforma complementa la política farmacéutica.
Además de los controles de precios de medicamentos que pondremos en práctica en
los próximos días, la reforma propone que la información sobre precios y uso de
medicamentos sea de interés público, que el Ministerio tenga que conceptuar
sobre las patentes médicas y que el Ministerio de Salud sea quien decida sobre
los precios de medicamentos (hoy lo hace una comisión donde está también el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
Sí, es posible. El financiamiento del sistema ha cambiado. Ahora la salud la
pagamos más vía impuestos que contribuciones. La reforma busca, entre otras
cosas, adaptar el sistema a esta nueva realidad.
En tres semanas aproximadamente. Todavía faltan
algunas audiencias. Pero la idea es tener una ponencia lista lo más rápido posible.
No se plantea un aumento substancial de los
recursos, son los que hoy existen por las diferentes fuentes, lo que plantea la
reforma es una forma distinta de gastarse la plata.
Habrá elementos que sí costarán más que tienen que
ver con la formalización de los trabajadores, de la manera como lo hemos venido
planteando eso podría costar $600.000 millones al año.