Las dos
historias recientes de accidentes mineros ocurridos en el municipio de Amagá (Colombia) y en la región de Atacama (Chile) deben
ser aprovechadas para hacer una reflexión profunda sobre el tema de la
seguridad en el trabajo y tomar decisiones públicas que protejan la salud y la
vida de la población laboral.
No es la primera vez que ocurre una tragedia de esta magnitud. Son cientos en
todo el mundo, donde miles de mineros han perdido sus vidas buscando el
sustento diario. En Colombia, en lo que va corrido del 2010, según Ingeominas, han ocurrido 40 sucesos, que han dejado 112
muertos.
Lo que llama la atención al comparar estos dos accidentes mineros es la
diferencia del tratamiento dado por los gobiernos nacionales. El gobierno
chileno asumió el tema como un asunto directamente de
Por su lado, el colombiano no le dio una relevancia al accidente, no ocurrió
ninguna destitución en la cadena de responsables de evitar un hecho tan grave y
el tema terminó en la sombra rápidamente.
Con su actitud ante el accidente, el presidente Piñera
logró instalar en el ámbito nacional chileno el tema de la seguridad en el
trabajo como un tema prioritario. Igual debe ocurrir en Colombia, donde se debe
impedir que la sociedad acepte la muerte en el medio laboral como un hecho
natural, cuando es totalmente previsible y prevenible.
Es necesario que el Gobierno asuma la protección de la salud y la seguridad
en el trabajo como una política de Estado, que revierta la tendencia dada desde
los 90, que puso el acento en el tema del aseguramiento de los riesgos
profesionales (con exclusividad para la economía formal), pero retrocedió en la
perspectiva de la salud ocupacional que había en el país en términos de
desarrollo de programas de promoción de la salud en el trabajo y de prevención
de las enfermedades profesionales y accidentes laborales.
Con la decisión de que el país cuente nuevamente con ministerios de Salud y de
Trabajo se deben dejar bien claras las responsabilidades de estos entes en
materia de salud ocupacional y superar así las tensiones que antaño tuvieron al
respecto.
El Ministerio de Salud debe tener un área específica encargada del tema, que
impulse una política nacional seria de protección en el mundo del trabajo, que
diferencie claramente los componentes de aseguramiento y de salud ocupacional,
sin diluir este en aquel; que ejerza un serio control sobre los empresarios,
quienes son los responsables directos de propiciar las condiciones de trabajo
seguro, y que articule adecuadamente al conjunto de actores responsables de la
calidad de vida en el ámbito laboral a través de una estrategia global de
promoción, prevención e intervención técnica.
Esta política debe generar mecanismos adecuados de asistencia técnica para
que se garantice el desarrollo de servicios de salud; ejercer un control
estricto de la labor de las administradoras de riesgos profesionales (ARP) para
que no se queden simplemente en la reparación de los daños ya acaecidos, sino
para que desarrollen una activa acción de promoción de la salud en el trabajo y
de prevención de enfermedades profesionales y accidentes, y una labor
coordinada con los entes territoriales de salud para que se desplieguen
procesos de vigilancia y control a través de una sólida inspección en el
trabajo, hoy muy debilitada en el país.
Colombia no puede pasar por alto esta vivencia reciente que dolorosamente
les costó la vida a 73 mineros y que felizmente en Chile no provocó la muerte
de otros 33. Es hora de actuar decididamente para detener estas muertes. Lo que
pasa, sin lugar a dudas, por estructurar un efectivo sistema nacional de
protección de la salud en el trabajo y de riesgos profesionales que cubra a toda
la población laboral y no solamente a la formal.
* Médico, especialista en Salud Ocupacional