Editorial: Se quedó corto el POS
Si
algo cualifica la relación de los colombianos con su sistema de salud son los
beneficios a los que tienen derecho, materializados en lo que genéricamente se
conoce como el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Prácticamente desde sus inicios, este listado de procedimientos, medicamentos e
insumos, que nació con la Ley 100 de 1993, ha sido calificado de insuficiente y
desactualizado por usuarios y agentes del sector. No
les ha faltado razón. Al hecho de que fue diseñado a partir de listados ya
existentes y no con base en estudios pertinentes de morbimortalidad
hay que sumar que sus actualizaciones se limitaron a inclusiones con
cuentagotas. Al final, estas no impidieron que, en muchos aspectos, el plan
quedara obsoleto.
Por fuera de él se acumuló una enorme cantidad de servicios que los pacientes
empezaron a pedir a sus EPS a través de tutelas y de sus comités
técnico-científicos y cuyos multimillonarios recobros se convirtieron en uno de
los talones de Aquiles del sistema. Se estima que el Fosyga
gira por dicho concepto más de 2 billones de pesos cada año.
El problema llegó a ser de tal tamaño que la Corte Constitucional, en su
sentencia T-760 del 2008, y la Ley 1438 de enero del 2010 conminaron a la
Comisión de Regulación en Salud (Cres) para que
asumiera la dura labor de actualizar el listado. A lo largo del último año, los
comisionados tuvieron que definir qué servicios necesitan los colombianos y
recomponer el POS con base en la referida información y en el hecho de que los
recursos son limitados.
Los ciudadanos y todos los actores del sistema han cifrado sus esperanzas en
dicho proceso; los primeros esperan que se traduzca en mejores servicios de
salud, y los segundos (entre ellos médicos, hospitales y EPS), en la
eliminación de tajo de problemas que han profundizado la crisis.
Por eso llaman la atención las críticas lanzadas de antemano por la mayoría de
los representantes del sector que tuvieron acceso al articulado preliminar
durante la socialización hecha por la Cres.
Los más generosos aseguran que todavía se queda corto frente a las necesidades
en salud de la gente; otros lo tildan de remiendo, y los lapidarios piden que
el POS deje de ser el núcleo del derecho a la salud.
Es curioso que el plan de la Cres, que se dará a
conocer el martes próximo, no se ajuste a la propuesta recientemente lanzada
por el presidente Juan Manuel Santos: que la atención de una persona no se vea
limitada al contenido de una lista, sino que reciba lo que necesita para
recuperarse. Tampoco armoniza con el anuncio de un nuevo plan de beneficios
basado en patologías, en el que está trabajando el Ministerio de Salud y que estaría
listo en julio del 2012.
Lo que hasta ahora se sabe es que el listado de la Comisión incluirá más de 350
nuevas tecnologías en salud, aportará mecanismos para defender a los pacientes,
y herramientas conceptuales para abolir las zonas grises y acercarse a los
tratamientos integrales, sobre todo para los niños y los adultos mayores. Para
ser justos, hoy se puede decir que el nuevo POS es un poco más amplio que el
anterior, pero, frente a las necesidades en salud de la gente, todavía tiene
varias tallas menos.
Ante esa realidad, todos los actores del sector deben asumir responsabilidades:
los médicos, que deben autorregularse; los hospitales, que tienen que
esforzarse por evitar la inducción de demanda, y las EPS, que están en mora de
asumir su papel de gestoras del riesgo.
Resta esperar que, además, construyan en forma concertada un verdadero plan de
beneficios, ahora sí soportado técnicamente y que tenga como objetivo la
atención con calidad de los afiliados.
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