La salud de los colombianos es una prioridad nacional. La crisis del sector no es un asunto exclusivo del Ministerio. Exige que todos los estamentos del país planteen un debate urgente en procura de buscar soluciones realistas y coherentes.
Aunque desde el punto de vista informativo pareciera lo contrario, lo cierto
es que el tema de la salud está por fuera de la agenda pública. Eso quedó
demostrado el 16 de noviembre, cuando la Sala Especial de la Corte
Constitucional declaró que ha habido incumplimiento general de algunas órdenes
impartidas por ella en la sentencia T-760 del 2008, encaminada a conjurar las
fallas más protuberantes del sistema de salud.
La Corte se centró en aquel fallo, conocido como la ‘supertutela de salud’,
en cuatro aspectos fundamentales: la precisión, actualización, unificación y
acceso a los planes de beneficios; la sostenibilidad financiera y el flujo de
recursos; la carta de deberes y derechos, y la cobertura universal.
La determinación de estos puntos no fue arbitraria, sino que surgió del
análisis de casos concretos jurisprudenciales, que se acumularon en el fallo.
La Corte no solo definió en este tareas y responsables, sino que fijó plazos
para garantizar que habría cumplimiento de las órdenes.
Desde entonces, la Sala de Seguimiento de la corporación ha proferido una
serie de autos argumentados por peritos constitucionales voluntarios, grupos de
seguimiento y órganos de control, además de desarrollar audiencias públicas,
celebradas en julio del 2011 y mayo del 2012.
Dichos autos, y los del 16 de noviembre, abordaron específicamente lo
referido a la sostenibilidad financiera y el flujo de recursos de la salud, y
lo concerniente a la obligación de realizar una modificación y rediseño de los
recobros, por parte del Gobierno.
No es para menos. En todo el sector persiste la preocupación por las
abultadas deudas del sistema, que lo tienen sumergido en una crisis que afecta
a sus actores. Vale decir, por ejemplo, que, mientras los entes territoriales
les deben 430.000 millones de pesos a las EPS del régimen subsidiado, estas no
les han pagado a los hospitales públicos 2,1 billones de pesos; de igual modo,
las EPS del contributivo le reclaman al Fosyga 1,6
billones de pesos, pero estas le deben a la red pública hospitalaria 500.000
millones. Entre todos les adeudan a los hospitales públicos y privados la nada
despreciable cifra de 6 billones de pesos.
Para la Corte, lógicamente, la situación de las finanzas del sistema es
caótica. Según la corporación, el severo desequilibrio financiero se debe, en
buena medida, a la dilapidación de los recursos asignados, toda vez que muchos
de ellos se quedan en manos de particulares o se pierden en la cadena de
intermediación, lo que se suma a la indebida destinación de dineros, a los sobrecostos de los medicamentos y a la corrupción rampante.
De tal tamaño es el desgreño, que el mismo tribunal advierte que no hay
justificación alguna para que se sigan inyectando recursos, porque prevé que
tendrán destinos similares a los de los dineros ya malversados. Difícil
panorama.
No es menos grave el problema de los recobros, es decir, lo que el sistema
les debe a distintos actores por la prestación de servicios no POS. En el 2010,
el valor de estos llegó a 2,4 billones de pesos, lo que motivó al Gobierno a
decretar una fallida Emergencia Social.
Para tratar de reducir el creciente hueco que abren los recobros, se han
adoptado medidas de gran impacto, como la actualización del POS y la
unificación de los planes de beneficios. Pese a eso, la disminución de aquellos
fue mínima; de hecho, en el 2011 ascendían a 2,1 billones de pesos, mucho más
elevados que los del 2009.
La Corte encontró que tal mecanismo no funciona y que en él se demuestran
irregularidades cada vez mayores; los desfalcos por esta vía están arruinando
las finanzas de la salud.
Sobre tal base, vuelve a dar órdenes perentorias al Gobierno, a la Supersalud y a los órganos de control, con plazos fijos,
que no pasan de los veinte días, encaminadas a que se tomen medidas urgentes
para remediar el caos. El problema es que estas caen en el infértil terreno de
un sistema sanitario que imposibilita su cumplimiento inmediato.
Por un lado, el Congreso discute una reforma con una muestra variopinta de
proyectos, algunos de los cuales, valga decirlo, tienen la carga interesada de
varios legisladores. Por otro, enfrenta una crisis hospitalaria que no da más
espera, unos indicadores en declive y una creciente insatisfacción de los
usuarios.
En medio de este panorama, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, hace una
serie de propuestas, en buena medida de corte técnico, para conjurar problemas
a corto, mediano y largo plazo, por vía administrativa y legislativa.
No obstante, estos son tan grandes que van más rápido que el Gobierno, el
Congreso, los entes de control y las cortes. Si esta dinámica no se frena, el
sistema se desplomará.
La salud de los colombianos es una prioridad nacional. La crisis del sector
no es un asunto exclusivo del Ministerio. Exige, por el contrario, que en torno
a ella todos los estamentos del país, empezando por la Corte, el Gobierno, el
Legislativo y los entes de control, planteen un debate urgente en procura de
buscar soluciones realistas, coherentes y pensadas a partir del bienestar de la
gente, que, si bien es la más perjudicada, tampoco debe desbordar sus
expectativas. El tiempo se acabó.