Editorial: Salud: el problema más grave
Por: EDITORIAL |
8:00 p.m. | 04 de Mayo del 2013
El sistema de salud en Colombia arrastra
viejas fallas que lo han convertido en el problema más delicado que afronta hoy
el país. En sus crisis hay muchos responsables, que ahora tienen que deponer
sus intereses para buscar soluciones inaplazables.
El país nunca
había tenido índices tan altos de cobertura en salud ni destinado tantos
recursos para financiar este sector. En efecto, casi 43 millones de colombianos
están cubiertos por el sistema, que dedica 24 de los 44 billones de pesos que
moviliza al aseguramiento.
Pero
tales cifras contrastan radicalmente con la calificación que los ciudadanos le
dan al Gobierno en materia de manejo del sistema. Según los resultados de la
Encuesta Gallup de abril, ocho de cada diez
colombianos desaprueban la forma como se enfrentan los problemas de la salud y
piensan que las condiciones y su calidad están empeorando. Tristemente es el
campo peor evaluado, por encima de la guerrilla, el narcotráfico, la
inseguridad y el desempleo.
De
este modo, la opinión le pasa una cuenta de cobro al Gobierno por una crisis
que no ha hecho más que profundizarse con los años.
Desde
hace más de una década se han venido anunciando, de manera rimbombante,
salvadoras medidas de choque para enderezar el rumbo de la salud: la emergencia
social; las leyes 1122 y 1438, que, pese a reformar el sistema, acabaron siendo
un saludo a la bandera, y un rosario incontable de decretos, resoluciones y
medidas administrativas que han terminado de enredar la madeja.
Amparados
en eso, la corrupción, la politiquería, la tramitomanía y los más oscuros
intereses han florecido a sus anchas, en detrimento de los recursos y los
beneficios de calidad a los que tienen derecho los colombianos.
La
verdad sea dicha, era imposible que el país obtuviera un resultado distinto,
cuando a eso se suma un imperdonable vacío en materia de regulación y control
del Estado. En un escenario semejante, todos los actores, sin excepción,
hicieron leña del sistema de salud y aun así ha crecido la costumbre de buscar
culpables únicos.
Mientras
cae toda el agua sucia sobre las EPS, muchas veces con razón, se desconoce que
los asimétricos procesos de descentralización favorecieron, en su momento, la
transformación de los dineros del régimen subsidiado en la plata de bolsillo de
corruptos, políticos y grupos armados de toda índole.
Los
hospitales públicos también le han abierto la puerta a la politiquería, bajo la
cual se ampara, en muchas ocasiones, la ineficiencia, y hay casos de privados
que, pese a mostrar mejores indicadores, inducen demanda y cierran servicios
que no consideran rentables, como los pediátricos. Si bien es imperdonable que
estas instituciones vivan amenazadas por las multimillonarias deudas que otros
actores del sector tienen con ellas, también lo es que algunas privilegien la
facturación sobre la humanización de la atención.
Las
responsabilidades son compartidas. Los médicos, que con razón se quejan de
haber perdido su autonomía y de ver en peligro la dignidad de su profesión en
medio de un sistema de salud lanzado a su suerte a los vaivenes del mercado,
acabaron convertidos, con las excepciones de rigor, en negociantes de su
profesión.
La
industria farmacéutica y de insumos médicos, huérfana de regulación durante
mucho tiempo, tampoco se ha quedado atrás y encontró las vías para acrecentar
sus dividendos a costa de los dineros de la salud.
Y
justo es decir también que, mientras un grupo de pacientes, incluso con
capacidad de pago, se han dedicado a esquilmar el sistema con exigencias
absurdas, vía jueces, que trascienden el ámbito del derecho, otros, que son la
mayoría, se convierten a diario en las víctimas de malos tratos, de barreras de
acceso, de negaciones, del desgaste que representa pedir una cita médica, que
es el más básico de los servicios.
Por
esto, no es raro que los colombianos se sientan identificados e indignados con
casos como el de Paula Sofía Lesmes, que falleció a los 9 meses tras soportar,
durante su corta vida, el desprecio de una entidad como Solsalud,
que era la llamada a garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Angustia
saber que esta EPS, con 1’260.000 afiliados y cuya liquidación se aceleró por
este caso, no es la única que, pese a estar intervenida por la Superintendencia
Nacional de Salud, es decir, por el Estado, sigue prestando pésimos servicios.
En
este momento pesan sobre más de 30 EPS de los regímenes subsidiado y
contributivo medidas ordenadas por la Supersalud, que
incluyen desde la vigilancia especial hasta intervenciones para administrar o
liquidar. De ellas hace parte la gigante Saludcoop,
que cuenta con cuatro millones de afiliados y que, tras dos años en manos del
Estado, no levanta cabeza. Ni el Gobierno sabe bien qué hará con ella.
Que
quede claro, entonces, que si el país se embarca en una reforma de fondo, debe
entender que esta tiene que ir más allá de la discusión necesaria sobre la
permanencia o no de las EPS. Los cambios deben ser estructurales y estar
inmersos en un debate que parta del objetivo prioritario de crear un modelo
realista que resuelva el problema más grave del país: la salud.
Eso
no se logrará si cada actor no depone sus intereses, si se permite la
politización de la reforma y si el Estado no asume con decisión y valentía la
defensa de los derechos de la gente, en términos de bienestar y calidad, y de
los recursos públicos.
En
este escenario, los congresistas están llamados a mostrar su grandeza y a poner
a los colombianos por encima de cualquier consideración. El país entero está
perdiendo.