Rumba hasta las seis
Hace
pocos días, la alcaldesa de la localidad bogotana de Chapinero lanzó la idea de
ampliar el horario de la diversión nocturna hasta las seis de la mañana. Para
la funcionaria local, la capital está en mora de debatir una "política
pública de la rumba" y propone que, mediante un sistema de acreditaciones,
algunos establecimientos obtengan el permiso para operar después de las tres de
la mañana.
La
iniciativa, avalada por la Secretaría de Gobierno de la ciudad, busca reducir
los niveles de inseguridad y riñas en las madrugadas capitalinas así como
desincentivar la inatajable proliferación de after-parties que funcionan tras
la hora legal de cierre. La política de la administración distritral
en esta materia se ha caracterizado por los bandazos: primero, al decretar
toques de queda zonales y restricciones de venta de licor, luego al levantarlos
y después al apostar a pactos de autorregulación con los comerciantes.
Por
un lado, la propuesta acierta al recordarle a la ciudad que la diversión
nocturna necesita un serio debate y la adopción de políticas coherentes. Por el
otro, la medida reconoce abiertamente una verdad de a puño: que las autoridades
distritales, incluyendo a la Alcaldía local de
Chapinero, están desbordadas en el control de la noche en Bogotá y que carecen
de instrumentos y estrategias suficientes para hacer cumplir las normas
actuales. En ese aspecto radica parte del atractivo de la iniciativa: si se les
autoriza a un puñado de bares y discotecas abrir toda la noche, los incentivos
para montar sitios clandestinos de rumba se verían, en teoría, disminuidos.
Sin
embargo, esta nueva idea del gobierno bogotano parece más enfocada a aumentar
los ingresos de los establecimientos de diversión que a reducir los fenómenos
que han convertido la noche capitalina en un peligro: inseguridad, prostitución
de menores, microtráfico de drogas, contaminación
auditiva, accidentes de tránsito, riñas y agresiones y abuso de alcohol por
adolescentes.
Cualquier
medida que la Alcaldía promueva debería responder en primera medida a la
reducción de estos indicadores. No es claro cómo un sistema de certificaciones
de sitios de rumba reducirá la violencia nocturna o acabará con los after-parties. A fin de cuentas,
parte del atractivo de estos está asociado con las actividades ilegales que se
pueden realizar en ellos.
Al
contrario, la oficina a cargo de la acreditación gozará automáticamente del
poder de crear rentas exclusivas para unos pocos; distorsionará los precios y
mantendrá a establecimientos de baja calidad en la clandestinidad.
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