En riesgo doctorado de 215 colombianos por un fallo de tutela

Aspirante descalificada porque supuestamente no anexó una carta demandó la selección de ganadores.

Un juez anuló el proceso de selección para aspirar a esta formación en el exterior, convocado por Colciencias en marzo pasado, y ordenó repetirlo, al amparar los derecho a la igualdad, debido proceso y educación de una de las aspirantes, que no fue seleccionada y que alegó la violación de los mismos.

Esto implica que los seleccionados ya no podrían viajar el año próximo a las universidades de 17 países que tramitaban su cupo, pues varias de ellas cierran inscripciones las primeras semanas de diciembre y el proceso, que arrancó de nuevo la semana pasada, culminaría prácticamente a finales de dicho mes, ya que deben repetirse 16 de los 17 pasos de la convocatoria.

Colciencias apeló la decisión de nulidad del juez 48 penal del circuito. "Este fallo va a perjudicar a más de 200 personas por una joven que se equivocó y no presentó los documentos completos", le dijo a EL TIEMPO Jaime Restrepo Cuartas, director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

¿Quién es la accionante?

Dahiana Arcila, la joven que interpuso la tutela y que reside en Washington (Estados Unidos) le respondió a EL TIEMPO que de los 586 aspirantes a la beca, "317 quedamos excluidos sin aviso de la convocatoria".

"Mi familia no cuenta con los recursos económicos para apoyarme en mis estudios de posgrado... Yo quería saber por qué no había sido seleccionada, ya que a mis 24 años he descrito ocho nuevas especies de peces endémicos de Colombia, desconocidos para la ciencia, y tengo siete publicaciones, de las cuales cinco son en revistas internacionales en inglés", afirma.

Según ella, Colciencias no respondió a sus correos electrónicos y sólo a través de un derecho de petición logró que la entidad le informara que, al revisar su solicitud electrónica a la beca, ella sólo había subido al sistema una de las dos cartas de referencia solicitadas.

"Me encontré totalmente sorprendida de que mi descalificación a esta convocatoria fuera por no aparecer una carta de referencia de la cual sí hice entrega (...) debido a que por ningún medio logré que Colciencias me escuchara, decidí interponer una acción de tutela", reitera Dahiana.

"Yo nunca pedí que todo el proceso se suspendiera, yo solamente pretendía que se hicieran valer mis derechos y me reintegrasen en la convocatoria", explica la joven.

Agrega, sin embargo, que el juez falló de manera correcta.
Jaime Restrepo Cuartas, director de Colciencias, insistió en que, revisada la aplicación electrónica de Dahiana a través de la página web de la entidad, ella sólo subió al sistema una referencia personal y que el sistema la descartó de forma automática.

"Cuando se cierra la convocatoria, lo primero que hace el software es sacar a quienes no llenan de forma adecuada la solicitud o no anexaron todos los documentos", explicó el funcionario.

El juez afirma en su fallo que si el sistema hubiera detectado inconsistencias no hubiera aceptado la inscripción de Dahiana, pues le asignó un código de inscripción.

"Se debe tener a la joven como inscrita, según el código de validación que arrojó el sistema electrónico, al igual que a los demás ciudadanos que se encuentren en idénticas condiciones a las de ella, a fin de no vulnerar el principio de igualdad de aquellos frente a la actora", dice el fallo judicial.

Pero además de anular el proceso, el Juez compulsó copias de la actuación de los funcionarios de Colciencias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue si incurrieron en alguna conducta que constituya falta disciplinaria.

Cuartas lamentó este hecho y aseguró que repetir todo este proceso, que se cerró en agosto pasado, le cuesta al Estado 500 millones de pesos.

"Es la primera vez que sucede esto -agregó el directivo-. Colciencias ha incrementado el número de personas que se forman en doctorado en el país y en el exterior y, a partir de este año, pasamos de ayudar a financiar a menos de 100 a 500".

Algunos de los afectados ya contemplan acudir a la tutela para exigir el respeto de los derechos otorgados (vea recuadro), pues consideran que se les violó el debido proceso.

'Estoy contemplando interponer una tutela'

"Esto me ha perjudicado. He gastado cerca de 3 millones de pesos en este proceso y me va a tocar posponer mi estudio un año académico", dice uno de los 215 afectados, quien aspiraba a un doctorado en ciencia política en una universidad de Estados Unidos.

Pero lo que más le preocupa es que, así salga otra vez favorecido, se pierda el crédito otorgado, pues este tiene que ser utilizado dentro de los 12 meses siguientes a su aprobación.

En caso tal, Colciencias debe solicitar nuevamente al Ministerio de
Hacienda los recursos para la entrega de los créditos, los cuales son condonables siempre que el becario regrese al país y trabaje el doble del tiempo que estuvo por fuera estudiando el doctorado.

"Estoy mirando la posibilidad de interponer una tutela en contra de Colciencias, pues un juez no puede venir a quitarnos unos derechos ganados. Se está violando el debido proceso", agregó este becario, de 29 años.

'La decisión es injusta y afecta nuestros planes'

Una economista con maestría en estudios políticos se postuló a un doctorado en ciencia política en tres universidades: una en Londres, otra en Suecia y otra en Estados Unidos.

"La decisión del juez nos retrasa un año esta aspiración y ya no me alcanzo a presentar a las universidades. Lo que más me preocupa es que voy a cumplir 31 años y estas becas tienen límite de edad para postularse", dice una de las seleccionadas, que se sometió nuevamente al proceso. Según ella, la decisión judicial es injusta, por cuenta de alguien que no "leyó" bien la convocatoria.

"El juez de tutela no tiene competencia para anular actos, menos aún cuando el tutelante contaba con muchos otros medios de defensa, tanto judiciales como administrativos. Creo que los afectados debemos pensar en una estrategia judicial conjunta para defender nuestro derecho", dijo otro de los afectados por el fallo judicial.