Retos Capitales De Salud

El pasado 22 de julio, la Superintendencia Nacional de Salud dio luz verde a la EPS distrital para que Bogotá, en compañía de un socio privado y a través de una aseguradora, afilie a personas pobres al régimen de salud. En concreto, habilitó la creación de la EPS Capital Salud.

En medio del crítico estado del sistema, este no deja de ser un hecho que vale la pena analizar, toda vez que la presencia de las entidades públicas a la cabeza de responsabilidades de esta clase prácticamente ha desaparecido en el país.

La última evidencia en ese sentido se dio con la liquidación del Seguro Social en salud, que acabó fusionado con entidades privadas para darle forma a la Nueva EPS, que maneja afiliados del régimen contributivo. La posibilidad de que la entidad, hasta entonces pública, ejerciera el necesario papel de reguladora del sistema de aseguramiento en este régimen se diluyó por completo.

En el subsidiado, las cosas no han sido distintas. Aunque Caprecom es ciento por ciento oficial y tiene presencia nacional, su rol está muy lejos de ser el de regulador del mercado. La entidad, que ha crecido en forma desproporcionada, está considerada como una de las principales deudoras de la red hospitalaria.

Los resultados, en ambos casos, no pasan de ser regulares, lo que ahonda la desconfianza en lo público. Por eso sorprende que Bogotá, en cabeza de su Secretaría de Salud, haya decidido participar, como socia mayoritaria, en la naciente aseguradora.

El reto es enorme. A juzgar por el desempeño exitoso que la salud ha tenido en el Distrito, esta empresa está en el deber de demostrar que es capaz de trasladar las claves de ese modelo eficiente al aseguramiento y de lograr una mejoría en los indicadores de salud de 800.000 afiliados potenciales que viven en la pobreza.

También es un laboratorio de gestión único para la adecuada utilización de los recursos, así como para la compra, dispensación y distribución de medicamentos e insumos con beneficios de ahorro, sin afectar la calidad de los servicios que recibe la población.

Vale anotar que, a la par, debe dar cumplimiento a la nada sencilla tarea de lograr que ningún bogotano se quede sin atención, sin reproducir el modelo de desequilibrio financiero exhibido por otras EPS, en contra de los hospitales del Distrito, que serán sus principales contratistas. Por otro lado, tiene el compromiso de recuperar la perdida confianza en lo público, en un país en el que gran parte de los dineros del sistema alimentan el desorden y la corrupción.

Los indicadores de salud pública en Bogotá, el adecuado manejo de los recursos y el ejemplo que en el campo administrativo ha dado la Secretaría de Salud de Bogotá en los últimos años permiten, de entrada, ser optimistas frente a lo que ocurra con la Capital Salud.

Esto sería posible en la medida en que el propio Distrito logre blindar a la nueva entidad –que empezaría manejando fondos públicos cercanos a los 140.000 millones de pesos– contra apetitos burocráticos y politiqueros que la condenarían a una muerte temprana. Lo que ocurra con Capital Salud también alimentará el análisis profundo que el país espera sobre el actual sistema de aseguramiento, que permitirá determinar si conviene mantenerlo o no.

Hoy más que nunca la salud requiere un manejo técnico y Bogotá, como lo ha demostrado el actual secretario, Héctor Zambrano, está en capacidad de hacerlo