El proyecto, que
ya no tiene mensaje de urgencia, cuenta con más contradictores que amigos. Se
teme por el futuro de los recursos públicos.
No solo no gustó sino que disgustó. El proyecto de reforma a la salud
que propuso el Gobierno Nacional tiene más contradictores que defensores entre
las asociaciones y entidades que intervienen en el manejo del sector en
Colombia.
Ni la aparición de la nueva figura de los Gestores
de Salud, ni la posibilidad de la intermediación financiera en los primeros
niveles de atención o bien, la supuesta eliminación casi total de las EPS o la
forma de administrar los recursos son de agrado para estas asociaciones que, en
pocas palabras, consideran que la reforma es un “adefesio”.
Tal vez el punto que más preocupa a los especialistas tiene que ver con
un supuesto ‘mico’. El punto problemático es el numeral X del artículo
cuatro de la reforma, que dice textualmente en su última oración: “los recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud destinados a las prestaciones
individuales son públicos hasta que se transfieren desde Salud-Mía a los
agentes del Sistema”.
Para la Federación Médica Colombiana y los
representantes de los pacientes de alto costo, ese párrafo privatiza cerca de
$32 billones del sistema. Lo grave de este hecho, es que el supuesto cambio de
naturaleza anularía un eventual control por parte de la Contraloría.
El vicepresidente de la Federación Médica
Colombiana, Germán Fernández, dijo que esta disposición va en contravía de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ha
señalado que los recursos de la salud son públicos.
“Hay más de 15 sentencias del Consejo de Estado que
dicen que esos recursos son públicos y seguirán siendo públicos y una ley no
puede derrumbar una jurisprudencia constitucional en el sentido de cambiar la
destinación específica de los recursos públicos”, señaló Fernández, al
considerar que se trata de quitarle al Estado potestad de hacer control y
vigilancia a esos dineros.
El vocero de los pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, aseguró que no
existe un cambio real al hablar ya no de EPS sino de Gestoras, porque cuando
reciban el dinero, éstas últimas podrán direccionar a qué integrante de su red
de servicios se le debe pagar por determinado servicio. “Si no hay un control adecuado la plata se va a perder igual. Lo único
es que ya no me llevo la plata al bolsillo pero puedo decir a quién se la
entreguen”, señaló.
En este sentido, se rechazan otros dos puntos: que
se haya mantenido la integración vertical en la atención básica (que las
Gestoras administren los servicios dentro de su propia red de prestadores) y la
forma de auditoría que establece la Ley. “Estas entidades gestoras ahora
pueden ser la dueñas del 80 % de los servicios básicos. Además, se va a impedir
que asciendan a los niveles superiores de atención”, dijo Fernández, al
cuestionar entonces que sean las mismas Gestoras las encargadas de hacer la
auditoría de los servicios que aprobó o negó que se hicieran en sus redes de
prestadores.
Para el consultor de seguridad social de la
Federación Nacional de Municipios, Julio Rincón, la reforma es un divorcio con
la salud como tal, al dedicarse estrictamente a temas administrativos y dejar
de lado el debate sobre qué salud es la que necesita Colombia.
“Define quién organiza, quién maneja los recursos y se aleja de
garantizar salud a los colombianos. Además, el Ministerio está presentando el
Plan Decenal de Salud Pública en el que trabajó dos años y el cual no vemos
reflejado en la reforma”, dijo Rincón.
El director de Fedemunicipios,
Gilberto Toro, dijo que la “salud ha pasado por tantas dificultades y reformas
que esta no puede convertirse en una más. Consideramos que hay que hacer un
diagnóstico que permita que reconozcamos los errores cometidos”.
Este fin de semana el presidente de la República,
Juan Manuel Santos, confirmó que el proyecto de reforma a la salud no tendrá
mensaje de urgencia porque la idea es dar el tiempo suficiente para discutir la
iniciativa y que todos entiendan el nuevo sistema.