¿Quién les teme a las CAR?
"Las
CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) están mal concebidas; la mayoría
funcionan mal". Con esas palabras, el presidente Juan Manuel Santos
justificaba el 22 de enero pasado el decreto de emergencia para la intervención
de estas entidades ambientales.
Con ese articulado, la Casa de Nariño pretendía reducir el número de
corporaciones de 33 a 17; cambiar su esquema directivo y reorganizarlas de
acuerdo con las cuencas hidrográficas. "Mejor gobernabilidad y más
transparencia": así resumió el Primer Mandatario los objetivos del nuevo
rediseño al aparato ambiental del país.
Sin embargo, la drástica reforma se quedó en el papel. En marzo, la Corte
Constitucional tumbó la segunda declaratoria del estado de excepción por la ola
invernal y con ella cayeron una decena de decretos, incluido el de las CAR.Ante esta decisión del máximo tribunal, el ministro del
Interior, Germán Vargas Lleras, anunció en abril la
radicación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que
"reagrupe algunas de ellas, más orientadas al tema de la prevención".
Casi un año después de decretada la emergencia invernal y a ocho meses del
hundimiento del decreto excepcional, el anunciado cambio en estos entes sigue
sin concretarse. Lo que es peor: con los estragos de la segunda temporada de
lluvias están empezando a surgir del agua las tareas que no se cumplieron durante
el año en curso.
De hecho, una de las lecciones que dejó la histórica crisis invernal del 2010
fue la necesidad imperiosa de una cirugía a fondo de la institucionalidad
ambiental de Colombia. Los aguaceros desnudaron una mediocre gestión de buena parte
de las corporaciones autónomas en materia de prevención y protección del
territorio. Los desastrosos efectos humanos, materiales y ecológicos de finales
del año pasado desbordaron a las CAR y evidenciaron su conversión en aparatos
burocratizados, feudos de políticos locales e incapaces de manejar con
eficiencia los 1,4 billones de pesos de presupuesto anual.
Ese vínculo íntimo con la politiquería regional podría explicar la incapacidad
del Gobierno para impulsar el proyecto de reforma. No se entiende que un
Ejecutivo con una coalición amplia y apabullante en el Legislativo haya dejado
languidecer un rediseño institucional de gran importancia para afrontar la
nueva ola invernal.
Las consecuencias de ese retraso ya se sienten. Tras las inundaciones en los
alrededores de la sabana de Bogotá, el Tribunal de Cundinamarca
ordenó una inspección judicial a la Corporación Autónoma para verificar si
cumplió con las acciones necesarias para mitigar la emergencia. La Procuraduría
ha abierto indagaciones a ocho de estas entidades y la Fiscalía mantiene,
asimismo, otro paquete de investigaciones en toda la geografía nacional.
El anuncio del ministro Vargas Lleras de una
iniciativa legislativa para marzo próximo es tardío. Hace mucho tiempo que la
administración Santos no sólo cuenta con el diagnóstico de las falencias
estructurales del sistema ambiental sino que también ha identificado las
modificaciones necesarias.
La introducción de mecanismos de gobernabilidad más transparentes, esquemas
directivos menos atados a los políticos y una concentración geográfica más
eficiente son algunos de los elementos de una reforma que el Congreso debe
tramitar con la mayor celeridad. Identificar las responsabilidades de otros
estamentos políticos y sociales en el desastre invernal no exime a las CAR de
su lamentable desempeño. Ni exonera al Gobierno de huirle a una pelea con los
congresistas por el control de unos entes vitales para la prevención de las
emergencias.
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