Aumentan las quejas por la atención de las entidades de salud

Demora injustificada para citas de medicina general, exámenes y cirugías; negación de medicamentos, inconformidad por la atención y falta de cupo en las unidades de cuidados intensivos, UCI, son las quejas más frecuentes de los caleños frente a los servicios de salud de las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo.

Las deficiencias, según la Oficina de la Defensoría del Paciente de la Alcaldía, han generado en el primer semestre del 2010 670 quejas de los usuarios. La cifra preocupa si se tiene en cuenta que durante todo el 2009 se registraron 866 reclamaciones.

Eso sin contar con los 722 casos que llegaron a la Personería de Cali entre enero y junio pasado, relacionados con la demora, falta de atención e inconvenientes con los documentos y autorizaciones para procedimientos médicos.

Aunque las quejas pudieran tener que ver “con gente que se queja por todo”, como dijo la gerente de una de las EPS del régimen subsidiado, consultada por El País; Jaime Sierra, defensor del Paciente, aseguró que hubo casos en los que por “negligencia” se perdieron vidas como las de Orlando Morales y Fabián Forero.

Según el funcionario, estas personas tuvieron que hacer primero una correría por varios centros asistenciales de la ciudad en busca de una camilla en cuidados intensivos y ante las repetidas negativas fueron trasladados a un hospital de Palmira, donde debido a sus complicaciones murieron. Morales tenía padecimientos asociados a su edad (85 años) y Forero, una puñalada en el abdomen.

Hay otros casos en los que los protagonistas también tuvieron que suplicar para recibir atención.

Jhon Jairo Muñoz contó que nunca había tenido una queja de su EPS, los exámenes de rutina se hacían a tiempo, al igual que los servicios de odontología, hasta que un día necesitó “realmente la atención”.

“Me detectaron el desgaste en uno de los discos cervicales y había que hacer un trasplante. No me querían hacer la cirugía y aunque con una tutela logré la autorización, se demoraron cuatro meses para intervenirme”, comentó.

Más quejas en el contributivo

El informe presentado ayer por la Defensoría del Paciente también indicó que el 43% de las quejas pertenecen a usuarios del régimen contributivo, mientras que el 31%, son denuncias de afiliados al régimen subsidiado. El 26% de los usuarios restantes no están en ninguna EPS.

Asimismo, quedó documentado que el 29% de las 670 reclamaciones ante la Defensoría del Paciente corresponden a las deficiencias en los servicios que presta la Nueva EPS; el 15% a Coomeva y el 13% a Comfenalco Valle.

Al respecto, Beatriz Vallecilla, gerente regional de la Nueva EPS, explicó que las citas para reumatología y neurología infantil sí han presentado demoras, pero no sólo en esta entidad, sino en todas las de la ciudad porque “hay poca oferta de especialistas”.

Manifestó que las otras citas con especialistas y médicos generales se dan en un tiempo máximo de tres días y que los medicamentos POS (Plan Obligatorio de Salud) se entregan en un 90% de los casos.

En cuanto a las cirugías, dijo que dependiendo la complejidad se programan en un tiempo prudencial de un mes y medio, “lo que pasa es que hay gente que quiere que se la atienda de forma inmediata”.
Señaló que la Nueva EPS tiene en sus instalaciones un sistema de “quejas y reclamos en el que la gente sólo tiene que levantar el auricular y el asesor le contesta de inmediato para hacer el trámite de respuesta a su inquietud”.

El País consultó a Comfenalco Valle y su oficina de prensa informó que ya se notificó del informe ante la Defensoría del Paciente. Explicó que por hacer parte de un consorcio de salud con entidades de Antioquia y Bogotá, solamente se pronunciará hoy a través de un comunicado.

Del mismo modo, Coomeva EPS anunció que emitirá hoy un concepto, tras revisar el informe del ente de control.

En cuanto a las EPS del régimen subsidiado se conoció que la liquidada Calisalud es responsable del 38% de las quejas; el 33% proviene de usuarios afiliados a Emssanar; el 10% afecta a Caprecom y Selvasalud tiene que ver con el 6% de las reclamaciones.

Esta última EPS fue sancionada por la Secretaría de Salud Municipal en mayo pasado con una multa de $71 millones debido a “las numerosas irregularidades halladas y a los reiterados incumplimientos en las obligaciones contractuales en el pago a las ESE, lo que ha puesto en riesgo el flujo financiero de dichas instituciones y la oportunidad en la prestación de servicios a sus 15.669 afiliados”.