Protestas por negación de servicios de salud mental

Pacientes dicen que EPS del subsidiado no les prestan servicios a los que accedían sin problemas.

Decenas de pacientes que reciben tratamientos por enfermedades mentales protestaron este viernes en hospitales de Bogotá, porque las EPS a las que están afiliados les están negando las autorizaciones de los servicios que necesitan.

Aunque el problema no es nuevo, se agudizó desde el primero de enero, cuando entró en vigencia la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS).

Hasta octubre del 2009, cuando se unificaron los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado para los menores de 18 años, los costos de la atención de los pacientes más pobres, que requerían estos servicios, eran asumidos por un fondo especial del Distrito. A partir de esa fecha, cerca del 20 por ciento de esa población pasó a ser responsabilidad de las EPS del subsidiado.

Desde entonces, los pacientes y sus familias empezaron a vivir un auténtico vía crucis, pues deben hacer varios trámites ante estas entidades para acceder a los servicios. El problema, según varios psiquiatras consultados, es que muchas veces estos servicios les son negados bajo el argumento de que no están incluidos en el POS, lo cual obliga a los pacientes a solicitarlos vía tutela o a través de los comités técnico-científicos de las EPS, que luego se los recobran al sistema aunque deben pagar por ellos.

Con la actualización del POS el problema se extendió a la población adulta, pues muchos de los servicios de salud mental quedaron equiparados para ambos regímenes.

Hospital Día

Los primeros en protestar fueron cerca de 500 pacientes cobijados por el régimen subsidiado, agrupados en unos programas llamados Hospital Día que funcionan en la red pública distrital, que cubrían terapias integrales con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos.

Camilo, de 11 años, era uno de los beneficiados de esos programas en el Hospital de Kennedy. Diagnosticado con autismo infantil precoz a los 3 años, recibía terapia ocupacional y del lenguaje y además asistía a continuas consultas con psiquiatras infantiles. También le daban una ayuda pedagógica, para que fuera a la escuela, y él su madre iban cuando quisieran a charlas con un grupo de familias de niños también autistas.

En enero del 2011, Camilo fue trasladado del Sisbén a una EPS del subsidiado que empezó a negarle varias de las terapias que hacían parte del plan integral y cada vez se hizo más difícil que le autorizaran las consultas con un psiquiatra. María Idalia, su madre, comenzó a perder el tiempo y el dinero que no tenía, "haciendo vueltas de un lugar para otro".

Como el medicamento que necesita todos los días para mantenerse bajo control empezó a faltar, una psiquiatra del Hospital de Kennedy le regala cada que vez que puede las muestras médicas que le dan, pero el niño dejó de recibir el tratamiento de manera adecuada, y un día ya no lo aceptaron en la escuela.

Hoy, Camilo está siempre en su casa y María Idalia, empleada doméstica y cabeza de familia, ya no puede trabajar todos los días. "Lo más triste es que mi niño empezó a echar para atrás, ahora se porta muy mal y es muy difícil controlarlo", dice.

¿Qué dicen los encargados?

José Rafael Domínguez, gerente del Hospital Santa Clara, donde también funcionaba este programa, asegura que "esto ha ocasionado que los pacientes sean devueltos sin ser atendidos con el argumento de que cambió la normatividad, exponiéndose a hacer filas y a cumplir con trámites dispendiosos ante EPS del subsidiado, lo cual no solo implica tiempo y costos, también maltrato por parte de los empleados de estas entidades, que les niegan los servicios".

"Es muy triste. Cuando se actualizó el POS se olvidaron que había programas de atención en salud mental funcionando y que las EPS desconocen. Ahora hay un decreto antitrámites, pero mis pacientes y sus familias tendrán que hacer una procesión ante las EPS para ser atendidos", explica el psiquiatra Paulo Camacho, a cargo del grupo de 57 pacientes que eran atendidos por Hospital Día en el Hospital de Usaquén, y que este viernes protestaron frente al Simón Bolívar.

Para Guillermo Jaramillo, secretario de Salud del Distrito, no es cierto que los hospitales de la red pública se estén negando a atender a estos pacientes. "Lo que pasa -dice- es que cuando las EPS, sobre todo las del subsidiado, asumieron la cobertura de las enfermedades mentales, quienes estaban siendo atendidos de manera continua con costo al Distrito empezaron a tener dificultades, porque ahora necesitan autorizaciones que las EPS no les dan". El secretario aseguró, no obstante, que los servicios no se cancelarán.

El funcionario también confirmó que el lunes sostendrá una reunión con todos los actores del sector, para fijar los términos en que esta población deberá seguir siendo atendida sin demoras.
A su vez, Mauricio Santa María, ministro de Salud, pidió a la Secretaría denunciar ante la Supersalud los casos específicos de EPS que les incumplan a los pacientes. Conrado Gómez, superintendente Nacional de Salud, le confirmó a EL TIEMPO que varias EPS están bajo investigación por este hecho y afirmó que sancionará a las que violen la ley, "incluso con la pérdida de la habilitación de funcionamiento".

Según Magdalena Flórez, representante legal de la EPS del subsidiado Ecoopsos, en la entidad "desconocían qué pacientes necesitaban atención por salud mental porque este no era un servicio cubierto por la EPS y la Secretaría de Salud, que atendía a la población por fuera del sistema, no envió la base de datos de los afiliados".

Agregó que se les garantizará continuidad en los tratamientos a todos los pacientes, pero "mientras ese problema no sea subsanado, tendremos que seguir el protocolo y remitirlos a un médico general que a su vez debe remitirlos a un especialista".

Rodrigo Córdoba, psiquiatra y presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, afirma que "esto no es más que otra expectativa fallida que se ha generado sobre los servicios de salud para la gente con menos recursos" y dice que "los pacientes siguen siendo las víctimas de un sistema que, a pesar de todos los anuncios, parece no encontrar el norte; esto mucho tilín y nada de paletas".

Se calcula que uno de cada cinco colombianos tienen un trastorno mental y antes de la actualización del POS, solo uno de cada diez pacientes de este tipo recibía un tratamiento adecuado. "Hoy -señala Córdoba-, parece que vamos a seguir por la misma senda".

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