Protestas por negación de
servicios de salud mental
Pacientes
dicen que EPS del subsidiado no les prestan servicios a los que accedían sin
problemas.
Decenas
de pacientes que reciben tratamientos por enfermedades mentales protestaron
este viernes en hospitales de Bogotá, porque las EPS a las que están afiliados
les están negando las autorizaciones de los servicios que necesitan.
Aunque
el problema no es nuevo, se agudizó desde el primero de enero, cuando entró en
vigencia la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS).
Hasta
octubre del 2009, cuando se unificaron los planes de beneficios de los
regímenes contributivo y subsidiado para los menores de 18 años, los costos de
la atención de los pacientes más pobres, que requerían estos servicios, eran
asumidos por un fondo especial del Distrito. A partir de esa fecha, cerca del
20 por ciento de esa población pasó a ser responsabilidad de las EPS del
subsidiado.
Desde
entonces, los pacientes y sus familias empezaron a vivir un auténtico vía
crucis, pues deben hacer varios trámites ante estas entidades para acceder a
los servicios. El problema, según varios psiquiatras consultados, es que muchas
veces estos servicios les son negados bajo el argumento de que no están
incluidos en el POS, lo cual obliga a los pacientes a solicitarlos vía tutela o
a través de los comités técnico-científicos de las EPS, que luego se los
recobran al sistema aunque deben pagar por ellos.
Con
la actualización del POS el problema se extendió a la población adulta, pues
muchos de los servicios de salud mental quedaron equiparados para ambos
regímenes.
Hospital
Día
Los
primeros en protestar fueron cerca de 500 pacientes cobijados por el régimen
subsidiado, agrupados en unos programas llamados Hospital Día que funcionan en
la red pública distrital, que cubrían terapias
integrales con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos.
Camilo,
de 11 años, era uno de los beneficiados de esos programas en el Hospital de
Kennedy. Diagnosticado con autismo infantil precoz a los 3 años, recibía
terapia ocupacional y del lenguaje y además asistía a continuas consultas con
psiquiatras infantiles. También le daban una ayuda pedagógica, para que fuera a
la escuela, y él su madre iban cuando quisieran a
charlas con un grupo de familias de niños también autistas.
En
enero del 2011, Camilo fue trasladado del Sisbén a
una EPS del subsidiado que empezó a negarle varias de las terapias que hacían
parte del plan integral y cada vez se hizo más difícil que le autorizaran las
consultas con un psiquiatra. María Idalia, su madre, comenzó a perder el tiempo
y el dinero que no tenía, "haciendo vueltas de un lugar para otro".
Como
el medicamento que necesita todos los días para mantenerse bajo control empezó
a faltar, una psiquiatra del Hospital de Kennedy le regala cada que vez que
puede las muestras médicas que le dan, pero el niño dejó de recibir el
tratamiento de manera adecuada, y un día ya no lo aceptaron en la escuela.
Hoy,
Camilo está siempre en su casa y María Idalia, empleada doméstica y cabeza de
familia, ya no puede trabajar todos los días. "Lo más triste es que mi
niño empezó a echar para atrás, ahora se porta muy mal y es muy difícil
controlarlo", dice.
¿Qué
dicen los encargados?
José
Rafael Domínguez, gerente del Hospital Santa Clara, donde también funcionaba
este programa, asegura que "esto ha ocasionado que los pacientes sean
devueltos sin ser atendidos con el argumento de que cambió la normatividad,
exponiéndose a hacer filas y a cumplir con trámites dispendiosos ante EPS del
subsidiado, lo cual no solo implica tiempo y costos, también maltrato por parte
de los empleados de estas entidades, que les niegan los servicios".
"Es
muy triste. Cuando se actualizó el POS se olvidaron que había programas de
atención en salud mental funcionando y que las EPS desconocen. Ahora hay un
decreto antitrámites, pero mis pacientes y sus
familias tendrán que hacer una procesión ante las EPS para ser atendidos",
explica el psiquiatra Paulo Camacho, a cargo del grupo de 57 pacientes que eran
atendidos por Hospital Día en el Hospital de Usaquén,
y que este viernes protestaron frente al Simón Bolívar.
Para
Guillermo Jaramillo, secretario de Salud del Distrito, no es cierto que los
hospitales de la red pública se estén negando a atender a estos pacientes.
"Lo que pasa -dice- es que cuando las EPS, sobre todo las del subsidiado,
asumieron la cobertura de las enfermedades mentales, quienes estaban siendo
atendidos de manera continua con costo al Distrito empezaron a tener
dificultades, porque ahora necesitan autorizaciones que las EPS no les
dan". El secretario aseguró, no obstante, que los servicios no se
cancelarán.
El
funcionario también confirmó que el lunes sostendrá una reunión con todos los
actores del sector, para fijar los términos en que esta población deberá seguir
siendo atendida sin demoras.
A su vez, Mauricio Santa María, ministro de Salud, pidió a la Secretaría
denunciar ante la Supersalud los casos específicos de
EPS que les incumplan a los pacientes. Conrado Gómez, superintendente Nacional
de Salud, le confirmó a EL TIEMPO que varias EPS están bajo investigación por
este hecho y afirmó que sancionará a las que violen la ley, "incluso con
la pérdida de la habilitación de funcionamiento".
Según
Magdalena Flórez, representante legal de la EPS del subsidiado
Ecoopsos, en la entidad "desconocían qué
pacientes necesitaban atención por salud mental porque este no era un servicio
cubierto por la EPS y la Secretaría de Salud, que atendía a la población por
fuera del sistema, no envió la base de datos de los afiliados".
Agregó
que se les garantizará continuidad en los tratamientos a todos los pacientes,
pero "mientras ese problema no sea subsanado, tendremos que seguir el
protocolo y remitirlos a un médico general que a su vez debe remitirlos a un
especialista".
Rodrigo
Córdoba, psiquiatra y presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades
Científicas, afirma que "esto no es más que otra expectativa fallida que
se ha generado sobre los servicios de salud para la gente con menos
recursos" y dice que "los pacientes siguen siendo las víctimas de un
sistema que, a pesar de todos los anuncios, parece no encontrar el norte; esto
mucho tilín y nada de paletas".
Se
calcula que uno de cada cinco colombianos tienen un
trastorno mental y antes de la actualización del POS, solo uno de cada diez
pacientes de este tipo recibía un tratamiento adecuado. "Hoy -señala
Córdoba-, parece que vamos a seguir por la misma senda".
Twitter: @SaludET