Propuesta para un nuevo sistema de salud

Sep. 08 de 2012

Por:Mario Hernández Álvarez, Médico y profesor del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Colombia

La solidaridad y una visión universalista de los derechos podrían ayudar a superar la crisis del sector. Los congresistas no tendrán otra opción que responder a estas exigencias, en medio de su cuestionada legitimidad.

¿Qué duda cabe sobre la profundidad de la crisis de la salud en Colombia? Los actores del sistema y los analistas coinciden sobre los problemas, pero no sobre las causas ni, por lo tanto, las soluciones. Se presentan tres opciones, reconocidas por el exdirector del Doctorado en Salud Pública Saúl Franco de la UN en un artículo publicado recientemente en la revista Razón Pública: continuar con ajustes puntuales, sin entrar en una nueva reforma; efectuar una, pero solo de manera superficial; o pasar a un nuevo sistema. La decisión no es solo técnica o financiera, dependerá también de la dinámica sociopolítica actual.

La primera opción consiste en unas “medidas de salvamento”, entre las cuales están: la oferta de “créditos” del Estado a las empresas promotoras de salud (EPS); la “nacionalización” transitoria, para recapitalizar a las que tengan problemas de liquidez y después devolverlas a sus dueños; la disminución del número de competidores; y la agilización del flujo de recursos.

Esta propuesta, inaceptable por la sociedad colombiana, fue planteada por la senadora Piedad Zuccardi y es avalada por el Gobierno nacional, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) –que agrupa a las EPS más grandes del régimen contributivo– y Fedesarrollo. Antes que nada, el Estado debería exigir a todas las EPS la devolución de los recursos públicos apropiados indebidamente, como en el caso de Saludcoop (demostrado por el Consejo de Estado con base en las investigaciones de la Contraloría).

La segunda opción propone otra reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud para ajustar algunos aspectos de su funcionamiento. Liderados por los senadores Jorge Eliécer Ballesteros y Roy Barreras, varios parlamentarios de la Unidad Nacional radicaron el proyecto de ley estatutaria n.º 48 de 2012 y el proyecto de ley ordinaria n.º 52 de 2012 que lo complementa.

La ley estatutaria pretende reglamentar el derecho a la salud, en el marco del actual esquema, como un “plan de beneficios”, en apariencia, muy amplio, pero con prestaciones “costo-efectivas de valor terapéutico demostrables y determinadas como estrictamente necesarias en el marco de guías y protocolos de atención”, aunque supuestamente respeta la autonomía médica (Proyecto de ley estatutaria n.º 48 de 2012, arts. 8.º y 9.º, parágrafo).

Como correlato, la iniciativa resalta la corresponsabilidad de las personas y las familias, tanto en el cuidado propio como en el de los miembros más vulnerables, niños y niñas, personas mayores y discapacitados (Proyecto de ley estatutaria n.º 48 de 2012: art. 6.º). Esto implica que quien haya fumado y requiera oxígeno permanente tendrá que pagar por él. La propuesta de la Unidad Nacional mantiene los dos regímenes, los trámites y los mecanismos de autorización de las EPS y pretende cambiar la acción de tutela por una “acción de protección de la salud”, con jueces especializados. Más de lo mismo y no la “gran reforma” que se anunció.

Finalmente, la alternativa de un nuevo sistema se ha venido construyendo desde finales de los años noventa, cuando se hizo evidente que el modelo de aseguramiento implantado por la Ley 100 de 1993 mostraba pésimos resultados e inequidades. El Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social (MNSSS), conformado desde 2001, y la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia han avanzado en una campaña de movilización social denominada “Octava papeleta: ¡voz y voto por tus derechos! Salud y seguridad social, derecho fundamental”, en la que 78.310 ciudadanos y ciudadanas han expresado su deseo de un nuevo esquema.

Derecho fundamental

Adicionalmente, la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR) (avalada por la Corte Constitucional y conformada por académicos, asociaciones profesionales, de pacientes, el MNSSS y varias ONG, como la Corporación Viva la Ciudadanía) elabora, junto con la recién conformada Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud, un proyecto de ley desde la sociedad civil que será radicado formalmente en la Comisión Primera del Senado por parlamentarios de diferentes partidos políticos.

La propuesta se basa en tres ejes fundamentales. 1) La declaración de la salud como un derecho fundamental, de carácter universal y no atado a la capacidad de pago de las personas, más allá de la atención de la enfermedad. 2) La organización del sistema a cargo del Estado en el recaudo y manejo de los recursos, sin intermediación financiera ni de EPS y con perspectiva poblacional y territorial. 3) El desarrollo de un nuevo modelo de atención que permita desarrollar una verdadera perspectiva preventiva, integral, intersectorial y universal.

Se organizaría a partir del financiamiento público, integrado por cotizaciones e impuestos; y su asignación equitativa a nivel territorial se haría mediante fondos territoriales administrados conforme a las necesidades de las personas.

En los departamentos se integrarían las redes de servicios y se desarrollaría la estrategia de atención primaria en salud (APS), que ha demostrado ser una gran herramienta para mejorar condiciones de vida y para prevenir y controlar a tiempo las enfermedades.

La cédula sería suficiente para ser atendido. No habría planes de beneficios, sino tres límites razonables del derecho a la atención: los servicios suntuarios o cosméticos, los bienes y servicios en experimentación y los que sean prestados en el exterior, pero se puedan prestar en el país.

Los hospitales públicos se fortalecerían con una planta de trabajadores y profesionales estable y de buena calidad, que serían el eje de la prestación de servicios. El sector privado se dedicaría a complementar los productos prestados por la red pública y habría políticas de control de precios de medicamentos y tecnologías, de formación de personal en todos sus niveles, así como de ciencia, tecnología en innovación, a través de redes universitarias de servicios de salud en los territorios.

Un nuevo sistema podría superar las verdaderas causas de la crisis actual. Los recursos disponibles pueden utilizarse  si se ponen al servicio de las necesidades de las personas y no del lucro de unos agentes dominantes protegidos por el Estado.

Pero la decisión depende de grandes pactos políticos promovidos por sectores organizados de la sociedad. Si esos sectores le apuntan a la solidaridad y a una visión universalista de los derechos, los congresistas no tendrán otra opción que responder a sus exigencias, en medio de la crisis de legitimidad que los agobia.