Por: REDACCIÓN
JUSTICIA |
Una
férrea defensa hizo la Procuraduría de la actuación de un médico investigado
disciplinariamente por el Tribunal de Ética Médica del Meta por violar el
secreto profesional en un caso de aborto.
El
galeno -cuyo nombre es mantenido en reserva- es investigado, por solicitud del
alto tribunal, por filtrar a funcionarios del Ministerio Público información
reservada del historial de una paciente a la que le negaron un aborto, no
obstante invocar uno de los tres casos despenalizados por la Corte
Constitucional.
La
Corte, en un fallo de revisión de tutela, había protegido el derecho de la
mujer a interrumpir el embarazo. Sin embargo, los datos reservados del
historial médico de la paciente sirvieron de sustento al procurador Alejandro
Ordóñez para pedir la anulación de la sentencia.
El
caso ocurrió en el Hospital Universitario de Villavicencio el 9 de diciembre
del 2009. La mujer, de 24 años, pidió el aborto después de que por tercera vez
le diagnosticaron un embarazo de alto riesgo y su vida corría peligro.
Sin
embargo, los médicos -entre ellos el investigado- esgrimieron la objeción de
conciencia y se negaron a cumplir con el procedimiento.
La
paciente les confesó a los magistrados que terminó abortando en un sitio
clandestino.
La
defensa del médico estuvo a cargo de la procuradora delegada para los Derechos
de la Niñez y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, quien
afirmó que le están violando (al galeno) los derechos al debido proceso. Hoyos
dijo a los miembros del Tribunal de Ética que el Ministerio Público le solicitó
aclarar lo que había registrado en la historia clínica.
La
procuradora advirtió que puede requerir de autoridades, funcionarios y
particulares "información necesaria para el ejercicio de sus funciones sin
ninguna reserva".
Con
la información, agregó Hoyos, la Procuraduría presentó un recurso de anulación
de la tutela que fue fallada en contra por la Corte Constitucional.
REDACCIÓN JUSTICIA