Procuraduría anuncia control a contratos de Minprotección

Las medidas del Gobierno para la reforma a la salud vienen generando varias críticas y protestas, como esta del pasado fin de semana.

La investigación fue motivada por denuncia sobre presuntas irregularidades en la selección de las empresas encargadas de desarrollar los decretos de emergencia social.

El Ministerio Público revisará los contratos "de consultores o firmas especializadas para el diseño y posterior desarrollo de las normas y demás actos administrativos que se expidieron bajo el amparo de la emergencia social".

Las aparentes irregularidades fueron advertidas por el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien aseguró que el Ministerio de la Protección pagó 700 millones de pesos en consultorías para la redacción de los decretos.

Esas denuncias generaron un contrapunteo entre Vargas y el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, que asegura que la asesoría está justificada y que los ajustes estaban bien enfocados.
La Procuraduría también investigará si hubo irregularidades en los contratos relacionados con el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, que al resolver una tutela declaró el estado de cosa inconstitucional en salud.

Anunció además que se realizarán conversatorios con actores del Sistema de Seguridad Social en Salud para evaluar y estudiar los decretos y "para definir una línea de acción ante las autoridades".

La investigación disciplinaria tomará muchos de los puntos señalados por José Félix Patiño, de la Academia de Medicina, durante un conversatorio sobre el contenido de los decretos excepcionales expedidos para enfrentar la emergencia, que se llevó a cabo el pasado 5 de febrero.

Investigan a 21 EPS

La Superintendencia de Salud anunció que, en virtud de las facultades que le dio uno de los decretos de emergencia, investigará a 21 EPS por reclamos de usuarios. Según la entidad, del 6 al 10 de febrero ha recibido unas 90 llamadas por "presunta negación en la prestación y atención". No reveló los nombres para no violar el debido proceso.