Seis capitales y 29 municipios están 'encartados' con sus basuras

El plazo del Gobierno era el 2008, pero todavía hay ciudades que buscan sitio para un relleno.

Cuatro años después de que se venciera el plazo inicial pactado por el Gobierno para cerrar los botaderos a cielo abierto, aún hay seis capitales (Bucaramanga, Popayán, Riohacha, Leticia, Quibdó e Inírida) y 29 municipios que no cuentan con un lugar fijo para disponer de sus basuras.

Aunque el plazo era hasta el 2008 y se extendió tres años, por demoras en la consecución de terrenos y por trámite de licencias ambientales; líos por permisos con la Aeronáutica Civil y oposición de las comunidades, estas poblaciones siguen arrojando sus desechos en viejos botaderos y en celdas transitorias (espacios que funcionan como rellenos pero sin licencia de rellenos), gracias a permisos temporales otorgados por autoridades ambientales.

Incluso, algunos municipios tienen que enviar sus basuras a poblaciones vecinas, lo que genera sobrecostos para los usuarios y para la operación, y acaba antes de tiempo la vida útil de estos lugares de disposición.

Beatriz Uribe, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, destaca que la mayoría de los municipios cumplió, pero reconoce que estos no han acatado la medida y se les venció el plazo de las celdas transitorias "sin tener un nuevo lugar para la disposición".

Los nuevos alcaldes de estas ciudades aseguran que esto lo heredaron de las administraciones anteriores, pues el último plazo era el 31 de septiembre del año pasado.

Uno de los casos críticos que detectó el Ministerio de Vivienda es el de El Carrasco, que recibe los desechos de Bucaramanga y de 12 municipios vecinos, y donde todavía no han encontrado lugar para un nuevo relleno. A 43 días para que se cumpla el plazo de operación de una celda transitoria (31 de marzo), que se logró tras la declaratoria de emergencia sanitaria, la solución que se asoma es acudir de nuevo a esta figura.

Ante esto, la Ministra fue contundente en afirmar: "Deberíamos evitar dilaciones y montarnos en soluciones. Lo ideal es no darle términos adicionales a nadie y para nada".

Luis F. Bohórquez, alcalde de Bucaramanga, dijo que en su caso "es un tema heredado en el que hay responsabilidad política de hace muchos años". Agregó que la situación es compleja porque "nadie quiere recibir basuras", y afirmó que antes de que se cumpla el plazo de cierre "tengo que contar con un sitio".

Todavía hay basureros

Algo similar ocurre en Buenaventura, donde se cuenta con una celda transitoria, pero el relleno sanitario sigue en el limbo. "Es un tema que viene de administraciones anteriores. Ha faltado voluntad política, porque sitios para hacer el relleno sí hay", reconoce Herminia Narváez, directora Técnica Ambiental de Buenaventura.
Agrega que aunque la celda tiene plazo de operación de 15 meses, esperan tener el proyecto antes.

La Ministra enfatizó además en la necesidad de 'apretar' a las CAR, encargadas de otorgar las licencias, pues considera que "no han estado a la altura en esta materia", ya que los trámites son eternos y se pretende mayor celeridad.

Mientras tanto, otro problema que enfrenta el Gobierno en materia de basuras es que existen todavía 231 municipios (representan el 6 por ciento del volumen de basuras), que arrojan los desechos a botaderos y cuerpos de agua, los entierran o, en últimas, los queman. "Aunque esos municipios tienen un volumen bajo de producción de basuras, es un problema enorme ambiental, de salud pública", reconoció Uribe.

Entre este grupo figuran, entre otros, Maicao (La Guajira), Tierralta (Córdoba) y Tarazá (Antioquia), donde se arrojan 30 toneladas diarias de basura en un botadero a cielo abierto y se practica la quema.

En Tarazá, ya Corantioquia sancionó económicamente al municipio en noviembre y lo obligó a construir una celda transitoria, tema que no se ha hecho.

Mónica Gómez, directora de división de Corantioquia, señaló que evalúan cerrar el basurero definitivamente, imponer nuevas sanciones y obligar al municipio a botar sus basuras en un relleno sanitario cercano.

Apoyo a 9 proyectos

Minvivienda financiará iniciativas de rellenos

Pese a los municipios que no han cumplido la norma, la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, calificó como adecuada la operación de la disposición final de los desechos en el país y dijo que en Colombia hay 347 sitios de disposición, que reciben el 94 por ciento de los desechos que produce el país. Anunció, además, que su ministerio financiará este año nueve proyectos, que se añaden a los 19 rellenos sanitarios que entraron a operar en los últimos tres años. Se trata de proyectos regionales con los que busca la disposición adecuada de 300 toneladas de basura y que favorecerán a 49 municipios.

Los enredos

Sobrecostos

Magangué (Bolívar) no cuenta con un sitio para disponer sus basuras, lo que obliga a llevarlas hasta Sincelejo (Sucre). Los usuarios pagan un sobrecosto -estimado en 2.000 pesos- por lo que se conoce como tramo excedente. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, el proyecto de un nuevo relleno está en trámite.

Fin de su vida útil

Las celdas transitorias de Bosconia (Cesar) y Leticia (Amazonas) cumplieron su vida útil, al igual que el relleno de Ipiales (Nariño). En los tres casos se cuenta con licencia para la construcción de rellenos.

Plazos temporales

Tumaco (Nariño) ejecuta un plan de contingencia por tres meses, mientras se define el lugar para un relleno. Riohacha (La Guajira) tiene una celda transitoria con licencia para operar hasta el 31 de octubre.

Permiso de Aerocivil

Inírida (Guainía) enfrenta líos con un permiso de la Aeronáutica Civil, situación que tiene frenadas las obras del relleno.

En trámite

Popayán (Cauca), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle) tramitan proyectos para nuevos rellenos.

Quejas por traslados y saturación

Transporte hacia otros departamentos

Por el transporte de los residuos sólidos a los sitios de disposición hay quejas en departamentos como Antioquia y Tolima. Ello también afecta a municipios como Magangué (Bolívar), donde se imponen sobrecostos a los usuarios.

Sin embargo, la apuesta del Gobierno es hacer rellenos sanitarios regionales, pues "económicamente hablando, la operación para un municipio es desequilibrada, no es rentable", dijo la ministra Uribe.

En el Tolima, Alvarado, Carmen de Apicalá, Espinal, Líbano, Melgar y Lérida deben llevar sus desechos a municipios que pertenecen aun a departamentos vecinos, como Girardot (Cundinamarca), Calarcá (Quindío) y La Dorada (Caldas).

La situación genera costos adicionales a los de operación y tiene un efecto a largo plazo en los sitios a los que se llevan esas basuras, pues se agota su vida útil antes de tiempo. Es el caso de Antioquia, donde la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales denunció que llegan de Caldas y Córdoba.

A esto se suma el deterioro de las vías que conducen a los lugares de disposición, lo que frena nuevos proyectos.

Relleno rebosado tiene en jaque a 10 municipios

El relleno, que funciona en la planta de tratamiento de residuos sólidos de Garagoa (Boyacá), colmó su capacidad, problema que afecta a Somondoco, Macanal, Almeida, Guateque, Chivor, Pachavita, Chinavita, Tenza, La Capilla y Sutatenza, que depositaban allí sus basuras. Los desechos de estas poblaciones van ahora hasta Tunja e incluso hasta Villa Nueva (Casanare).

Según el alcalde de Garagoa, Reinaldo Vera, estaba proyectado que la planta tuviera una vida útil de 14 años, pero el tiempo se redujo a la mitad debido a que se duplicaron los municipios que habían pactado botar la basura allí. En un lote junto a la planta de tratamiento ya se adecua el terreno para hacer un nuevo relleno, que se espera esté listo antes de tres meses.

El Carrasco, en la mira

El botadero del Carrasco recibe 750 toneladas diarias del área metropolitana de Bucaramanga y de nueve municipios más, y es uno de los que identificó con fallas el Ministerio de Vivienda.

Aunque el 31 de marzo expira el último permiso para arrojar basuras allí, hoy, a 43 días de la fecha límite, no hay nada claro. EL TIEMPO conoció que se estudia la posibilidad, una vez se cumpla el plazo para el cierre, de declarar nuevamente una emergencia y modificar la celda transitoria, con lo que se le daría vida durante nueve meses. Pero, así se defina un sitio antes del 31 de marzo, los plazos para adecuar un relleno -de entre 2 y 3 años- no permitirían depositar allí basuras. La Procuraduría General se reunió la semana pasada con los alcaldes de Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Floridablanca para buscar una rápida solución.

REDACCIÓN NACIÓN