Seis capitales y 29 municipios
están 'encartados' con sus basuras
El
plazo del Gobierno era el 2008, pero todavía hay ciudades que buscan sitio para
un relleno.
Cuatro
años después de que se venciera el plazo inicial pactado por el Gobierno para
cerrar los botaderos a cielo abierto, aún hay seis capitales (Bucaramanga,
Popayán, Riohacha, Leticia, Quibdó e Inírida) y 29 municipios que no cuentan con un lugar fijo
para disponer de sus basuras.
Aunque el plazo era hasta el 2008 y se extendió tres años, por demoras en la
consecución de terrenos y por trámite de licencias ambientales; líos por
permisos con la Aeronáutica Civil y oposición de las comunidades, estas
poblaciones siguen arrojando sus desechos en viejos botaderos y en celdas
transitorias (espacios que funcionan como rellenos pero sin licencia de
rellenos), gracias a permisos temporales otorgados por autoridades ambientales.
Incluso, algunos municipios tienen que enviar sus basuras a poblaciones
vecinas, lo que genera sobrecostos para los usuarios
y para la operación, y acaba antes de tiempo la vida útil de estos lugares de
disposición.
Beatriz Uribe, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, destaca que la
mayoría de los municipios cumplió, pero reconoce que estos no han acatado la
medida y se les venció el plazo de las celdas transitorias "sin tener un
nuevo lugar para la disposición".
Los nuevos alcaldes de estas ciudades aseguran que esto lo heredaron de las
administraciones anteriores, pues el último plazo era el 31 de septiembre del
año pasado.
Uno de los casos críticos que detectó el Ministerio de Vivienda es el de El
Carrasco, que recibe los desechos de Bucaramanga y de 12 municipios vecinos, y
donde todavía no han encontrado lugar para un nuevo relleno. A 43 días para que
se cumpla el plazo de operación de una celda transitoria (31 de marzo), que se
logró tras la declaratoria de emergencia sanitaria, la solución que se asoma es
acudir de nuevo a esta figura.
Ante esto, la Ministra fue contundente en afirmar: "Deberíamos evitar
dilaciones y montarnos en soluciones. Lo ideal es no darle términos adicionales
a nadie y para nada".
Luis F. Bohórquez, alcalde de Bucaramanga, dijo que
en su caso "es un tema heredado en el que hay responsabilidad política de
hace muchos años". Agregó que la situación es compleja porque "nadie
quiere recibir basuras", y afirmó que antes de que se cumpla el plazo de
cierre "tengo que contar con un sitio".
Todavía hay basureros
Algo similar ocurre en Buenaventura, donde se cuenta con una celda transitoria,
pero el relleno sanitario sigue en el limbo. "Es un tema que viene de
administraciones anteriores. Ha faltado voluntad política, porque sitios para
hacer el relleno sí hay", reconoce Herminia Narváez, directora Técnica
Ambiental de Buenaventura.
Agrega que aunque la celda tiene plazo de operación de 15 meses, esperan tener
el proyecto antes.
La Ministra enfatizó además en la necesidad de 'apretar' a las CAR, encargadas
de otorgar las licencias, pues considera que "no han estado a la altura en
esta materia", ya que los trámites son eternos y se pretende mayor celeridad.
Mientras tanto, otro problema que enfrenta el Gobierno en materia de basuras es
que existen todavía 231 municipios (representan el 6 por ciento del volumen de
basuras), que arrojan los desechos a botaderos y cuerpos de agua, los entierran
o, en últimas, los queman. "Aunque esos municipios tienen un volumen bajo
de producción de basuras, es un problema enorme ambiental, de salud
pública", reconoció Uribe.
Entre este grupo figuran, entre otros, Maicao (La Guajira), Tierralta
(Córdoba) y Tarazá (Antioquia), donde se arrojan 30
toneladas diarias de basura en un botadero a cielo abierto y se practica la
quema.
En Tarazá, ya Corantioquia
sancionó económicamente al municipio en noviembre y lo obligó a construir una
celda transitoria, tema que no se ha hecho.
Mónica Gómez, directora de división de Corantioquia,
señaló que evalúan cerrar el basurero definitivamente, imponer nuevas sanciones
y obligar al municipio a botar sus basuras en un relleno sanitario cercano.
Apoyo a 9 proyectos
Minvivienda financiará
iniciativas de rellenos
Pese
a los municipios que no han cumplido la norma, la ministra de Vivienda, Beatriz
Uribe, calificó como adecuada la operación de la disposición final de los
desechos en el país y dijo que en Colombia hay 347 sitios de disposición, que
reciben el 94 por ciento de los desechos que produce el país. Anunció, además,
que su ministerio financiará este año nueve proyectos, que se añaden a los 19
rellenos sanitarios que entraron a operar en los últimos tres años. Se trata de
proyectos regionales con los que busca la disposición adecuada de 300 toneladas
de basura y que favorecerán a 49 municipios.
Los
enredos
Sobrecostos
Magangué (Bolívar) no cuenta con un
sitio para disponer sus basuras, lo que obliga a llevarlas hasta Sincelejo (Sucre).
Los usuarios pagan un sobrecosto -estimado en 2.000
pesos- por lo que se conoce como tramo excedente. De acuerdo con el Ministerio
de Vivienda, el proyecto de un nuevo relleno está en trámite.
Fin
de su vida útil
Las
celdas transitorias de Bosconia (Cesar) y Leticia
(Amazonas) cumplieron su vida útil, al igual que el relleno de Ipiales
(Nariño). En los tres casos se cuenta con licencia para la construcción de
rellenos.
Plazos
temporales
Tumaco
(Nariño) ejecuta un plan de contingencia por tres meses, mientras se define el
lugar para un relleno. Riohacha (La Guajira) tiene una celda transitoria con
licencia para operar hasta el 31 de octubre.
Permiso de Aerocivil
Inírida (Guainía)
enfrenta líos con un permiso de la Aeronáutica Civil, situación que tiene
frenadas las obras del relleno.
En
trámite
Popayán
(Cauca), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle)
tramitan proyectos para nuevos rellenos.
Quejas
por traslados y saturación
Transporte
hacia otros departamentos
Por
el transporte de los residuos sólidos a los sitios de disposición hay quejas en
departamentos como Antioquia y Tolima. Ello también
afecta a municipios como Magangué (Bolívar), donde se
imponen sobrecostos a los usuarios.
Sin embargo, la apuesta del Gobierno es hacer rellenos sanitarios regionales,
pues "económicamente hablando, la operación para un municipio es
desequilibrada, no es rentable", dijo la ministra Uribe.
En el Tolima, Alvarado, Carmen de Apicalá,
Espinal, Líbano, Melgar y Lérida deben llevar sus desechos a municipios que
pertenecen aun a departamentos vecinos, como Girardot (Cundinamarca),
Calarcá (Quindío) y La Dorada (Caldas).
La situación genera costos adicionales a los de operación y tiene un efecto a
largo plazo en los sitios a los que se llevan esas basuras, pues se agota su
vida útil antes de tiempo. Es el caso de Antioquia, donde la Asociación
Colombiana de Ingenieros Sanitarios y Ambientales denunció que llegan de Caldas
y Córdoba.
A esto se suma el deterioro de las vías que conducen a los lugares de
disposición, lo que frena nuevos proyectos.
Relleno
rebosado tiene en jaque a 10 municipios
El
relleno, que funciona en la planta de tratamiento de residuos sólidos de Garagoa (Boyacá), colmó su capacidad, problema que afecta a
Somondoco, Macanal,
Almeida, Guateque, Chivor, Pachavita,
Chinavita, Tenza, La
Capilla y Sutatenza, que depositaban allí sus
basuras. Los desechos de estas poblaciones van ahora hasta Tunja e incluso
hasta Villa Nueva (Casanare).
Según el alcalde de Garagoa, Reinaldo Vera, estaba
proyectado que la planta tuviera una vida útil de 14 años, pero el tiempo se
redujo a la mitad debido a que se duplicaron los municipios que habían pactado
botar la basura allí. En un lote junto a la planta de tratamiento ya se adecua
el terreno para hacer un nuevo relleno, que se espera esté listo antes de tres
meses.
El
Carrasco, en la mira
El
botadero del Carrasco recibe 750 toneladas diarias del área metropolitana de
Bucaramanga y de nueve municipios más, y es uno de los que identificó con
fallas el Ministerio de Vivienda.
Aunque el 31 de marzo expira el último permiso para arrojar basuras allí, hoy,
a 43 días de la fecha límite, no hay nada claro. EL TIEMPO conoció que se
estudia la posibilidad, una vez se cumpla el plazo para el cierre, de declarar
nuevamente una emergencia y modificar la celda transitoria, con lo que se le
daría vida durante nueve meses. Pero, así se defina un sitio antes del 31 de
marzo, los plazos para adecuar un relleno -de entre 2 y 3 años- no permitirían
depositar allí basuras. La Procuraduría General se reunió la semana pasada con
los alcaldes de Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Floridablanca para buscar una rápida solución.
REDACCIÓN
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